Por Juan Almendares
Fuente: Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero-M4
“No tenemos poder, no estamos en el gobierno, no tenemos multinacionales, no dominamos la financia especulativa mundial, no tenemos nada de eso. ¿Qué es lo que tenemos, entonces, para oponer? Nada más que la conciencia” José Saramago
Queridísima conciencia humana y planetaria: Compañera solidaria del amor, la realidad y la vida.
freireHan pasado quinientos años de sufrimiento y explotación colonial, neocolonial, patriarcal, estructural e histórica que preceden a nuestra existencia en el siglo XXI y explican la esencia de la realidad de los fenómenos de la violencia cuyas causas se ocultan, se enredan, se distorsionan mediante la separación de la existencia del ser social con las relaciones metabólicas y sociales de producción como realidad objetiva es decir independiente de nosotros (lo ontológico) y el conocimiento como construcción social crítica, científica y política de los sujetos (lo epistemológico).
En la dialéctica histórica el movimiento y las articulaciones de la estructura económica y política con los agentes activos o sujetos están mediadas por las relaciones de trabajo (sean de explotación, alienación, plusvalía); por las contradicciones de: clase, genero y racismo. De estas luchas surgen los acontecimientos que pueden ser o no de carácter funcional para el sistema o ser por el contrario impulsores de reformas o de transformaciones sociales.
El asesinato de Berta Cáceres, dirigente del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), premio internacional Goldman; defensora de los ríos, del bosque y los territorios indígenas es el acto criminal representativo de la violencia extrema del sistema capitalista; que ocurrió el tres de marzo del año 2016; estuvo precedido por el asesinato del líder lenca Tomás García en julio del 2013, por un militar hondureño en las puertas principales de la represa hidroeléctrica Aguas Zarca; el crimen hasta el presente continúa impune.
¿Cual es la historia estructural, económica y política de este mortal acontecimiento?
El 28 de junio 2009 fue el golpe militar de Honduras, patrocinado por empresas multinacionales mineras, hidroeléctricas, la oligarquía local y la geopolítica de la ocupación militar.
El 24 de agosto, 2009, el gobierno de facto aprueba la ley General de Aguas y deroga todos los decretos sobre las áreas protegidas. Entre el 2010-2013, se aprueba el proyecto Hidroeléctrico Aguas Zarca que pretende generar 21.3 MW mediante concesión del Río Gualcarque, río sagrado para la cultura lenca. Energía que no es para los pueblos lencas sino para el negocio de los opresores.
El proyecto en mención es manejado por la empresa hondureña: Desarrollos Energéticos S.A. De C.V. (DESA) con un capital de 24.4 millones de dólares prestado por el Banco Interamericano de Integración Económica (BCIE). “DESA” subcontrata dos empresas: SINOHYDRO de China y a la Voith Hydro Holding GmbH & Co. KG de capital alemán destinada a la construcción de las
turbinas (https://ejatlas.org/conflict/proyecto-hidroelectrico-agua-zarca-honduras)
La Oficina del Ombudsman para la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial (BM) comunica en el Informe de Evaluación de diciembre 2013 que la IFC/CAMIF han dejado de considerar activamente el financiamiento al proyecto.
No obstante las violaciones al Convenio 169 de la OIT, del cual Honduras es signataria y el retiro del BM y SINOHYDRO del proyecto Aguas Zarca por conflictos de intereses con la comunidad lenca; la empresa “DESA” continuó operando mediante el apoyo de los bancos: holandés y finlandés y la aquiescencia del Estado hondureño.
Ante la protesta mundial, doce días después del asesinato de Berta Cáceres, el 3 de marzo 2016 los bancos: FMO de Holanda con 15 millones de dólares y el FINNFUND (Banco Finlandés con cinco millones de dólares de inversión decidieron la suspensión temporal (no cancelación ) del proyecto hidroeléctrico Aguas Zarca.
¿Cuál es la realidad ontológica existente en Honduras?
Somos uno de los países más pobres y explotados de América Latina, con la tasa de homicidios/100 mil habitantes más alta en el mundo y la tasa de impunidad mayor del 90 por ciento. Mas del treinta por ciento del territorio esta concesionado a empresas mineras, hidroeléctricas y megaproyectos turísticos, agrocombustibles, transgénicos y explotación de la biodiversidad del bosque.
El capital multinacional articulado con la oligarquía local han puesto nuestro país en venta que se refleja en la autorización de las zonas especiales de “desarrollo” que corresponden a áreas autónomas de explotación por el capital multinacional.
La seguridad de los proyectos depredadores, está garantizada por la militarización de la sociedad, las bases militares estadounidenses y un sistema de seguridad e inteligencia que tiene la asesoría de policías latinoamericanas, europeas y estadounidenses. El sistema jurídico se caracteriza por ser punitivo, inquisitivo, persecutorio y falto de credibilidad.
El escenario de trauma, terror y tortura que vivimos en Honduras se hace más evidente cuando se produce una masacre de doce jóvenes tres días después del asesinato de Berta Cáceres y el crimen de Nelson García, miembro del COPINH el quince de marzo 2016 y la persecución de dirigentes campesinos, indígenas y garífunas.
En el escenario del crimen de Berta Cáceres, se produjo también un intento de asesinato en la persona de Gustavo Castro, defensor de las derechos humanos y del ambiente, sociólogo investigador y figura intelectual mexicana de talla mundial en los estudios mineros y de represas; quien inspirado en el principio “la educación es el camino de la libertad”; vino a Honduras a compartir voluntariamente sus experiencias e investigaciones en el centro pedagógico lenca “Utopía”.
El sistema jurídico hondureño cometió lo que se llama “la falacia epistemológica” al excluir del análisis del crimen la realidad objetiva ontológica de la violencia estructural e histórica causada por el modelo extractivo minero e hidroeléctrico del capital mundializado y centró la investigación en las víctimas y en Gustavo Castro y no en las empresas y en los cuerpos represivos.
El intelectual mexicano después de haber cumplido con todas las exigencias de las leyes nacionales e internacionales, le han impedido salir del país, permanece en la Embajada de México porque la jueza ordenó en forma ilegitima e ilegal la detención especial por treinta días, que le impide salir de Honduras. En consecuencia, Gustavo Castro es un privado de libertad de locomoción, de libertad personal lo cual afecta su integridad física, psíquica, y al no seguirse el debido proceso, se violaron las propias leyes hondureñas y las del derecho internacional.
Decía Paulo Freire: “Soñamos y trabajamos para recrear el mundo, porque nuestro sueño es un sueño con una realidad menos malvada, menos perversa, en que uno pueda ser más gente que cosa. Pero, al mismo tiempo trabajamos en una estructura de poder que explota y domina. Y esto nos plantea esta dualidad que nos hace mal”.
Ante la perversidad de la mundialización del capital, demandemos justicia para los pueblos indígenas, garífunas, familias campesinas y pobladoras; libertad para Gustavo Castro y respeto a la vida, soberanía y dignidad histórica de nuestros pueblos.
Tegucigalpa, 23 de marzo 2016
