Hoy venimos a denunciar que el asesinato de Mariano Abarca Roblero, crimen perpetrado el 27 de noviembre 2009 en el cual todos los sospechosos son personas vinculadas a la empresa minera canadiense Blackfire Exploration Ltd., sigue impune. Pero a 9 años de los hechos, sus familiares y las organizaciones que acompañamos su caso no dejamos de exigir justicia por este acto cometido en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, México, donde él representaba a la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). Lo seguiremos haciendo ante las autoridades de Chiapas, México y Canadá, hasta llegar a los autores intelectuales.
Hoy presentamos un Amparo para exigir la investigación exhaustiva en torno a los hechos del 27 de noviembre de 2009, ya que no hemos visto voluntad por parte de la Fiscalía de Chiapas de realizar las acciones necesarias con el fin de llevar a cabo una investigación adecuada. Esperamos que este juicio de amparo obligue al Ministerio Público a investigar exhaustivamente los hechos y determinen las responsabilidades penales que correspondan.
Por otro lado, el 12 de Octubre de 2018 entregamos a la Corte Federal de Canadá un Informebdonde exponemos nuestros argumentos por los cuales le solicitamos que exija al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá (CIAPC) realizar una adecuada investigación sobre las acciones y omisiones realizadas por el cuerpo diplomático canadiense en México durante todo el proceso de hostigamiento y criminalización que sufrió Mariano Abarca.
Entregamos este informe en el marco de un proceso que estamos llevando ante la Corte Federal de Canadá, a la cual acudimos el 16 de mayo 2018 para que revise la decisión del CIAPC de no realizar dicha investigación sobre el cuerpo diplomático canadiense en México. El CIAPC se negó a investigar, considerando que la estrategia canadiense en torno a sus industrias extractivas en el extranjero no representa “políticas oficiales” y que por lo tanto sus funcionarios públicos no son obligados a respetarlas.
En nuestro informe, manifestamos que el rechazo del CIAPC no es válido ya que este Comisionado no estudió todos los documentos, interpretó erróneamente algunos hechos; descartó evidencias y otras las tergiversó; aplicó un estándar demasiado restrictivo; no aseguró el debido proceso en torno a los documentos ni solicitó más evidencias ni entrevistas; y no realizó un análisis razonable en torno al peligro que generó para la vida de Mariano la incidencia a favor de Blackfire por parte de la embajada. Denunciamos que el CIAPC realizó un análisis no razonable por considerar que las políticas aplicables a las acciones y omisiones de la embajada no son vinculantes, ni siquiera las políticas. No tomó en consideración el interés público en realizar una investigación sobre este caso, considerando los temas muy serios que están en el fondo de la denuncia y que socava la confianza pública en la integridad del servicio público de Canadá al no estar dispuesta a investigarlos.
Nosotros sabemos que la misión diplomática estaba al tanto de la detención de Abarca, que la misma empresa había interpuesto acusaciones falsas en su contra, y había recibido su testimonio semanas antes sobre los trabajadores de la Blackfire que estuvieron armados, amenazando a Mariano y otras personas. Pero en vez de actuar en correspondencia con la política del gobierno canadiense, reuniéndose con la familia del activista medioambiental y con la comunidad, y dando pasos para garantizar su seguridad, la Embajada de Canadá en México defendió activamente los intereses de la Blackfire y, después del asesinato de Mariano, procuró públicamente minimizar la importancia del grado de conocimiento que tenía sobre el caso. Por ello planteamos que la embajada estaba obligada a seguir el código de ética del gobierno canadiense, evitando adoptar una posición parcializada en favor de la compañía en las reuniones sostenidas con funcionarios públicos mexicanos, reuniones en las que abogó en favor de la empresa Blackfire y en contra de las protestas contra la mina. La conducta de los funcionarios de la embajada incrementó el peligro en que se encontraba Mariano Abarca y reveló un patente menosprecio por los valores éticos en el servicio público.
Estamos a la espera de una fecha para el primer semestre de 2019 cuando participaremos en una audiencia oral frente la Corte Federal de Canadá junto con nuestra representación legal canadiense. No dejaremos de denunciar y exigir que se reconozca el papel de la Embajada de Canadá en México en el asesinato de Mariano Abarca. Lo haremos con la esperanza de que este reconocimiento constituya un precedente que permita a las demás víctimas de los crímenes perpetrados por el extractivismo minero canadiense en México y América latina, buscar justicia.
José Luis Abarca Montejo
Familia Abarca
Gustavo Castro Soto
Otros Mundos, A.C.
Miguel Angel Mijangos
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
Miguel Angel de los Santos
Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas
Kirsten Francescone
Mining Watch Canada
