Francisco Ramírez Cuellar, abogado responsable de acciones legales internacionales del Movimiento Nacional de Víctimas de Corporaciones Multinacionales y Transnacionales, estuvo en Canadá para denunciar la responsabilidad de empresas canadienses en las víctimas que ha dejado el conflicto social y armado en Colombia.
Denunció igualmente la complicidad del gobierno canadiense, que a través de su injerencia en la legislación de minas, de petróleo y de medioambiente, ha facilitado la entrada de estas empresas en Colombia.
En su paso por la ciudad de Montreal, el abogado se reunió con representantes de la institución de inversión pública canadiense, la Caja de fondos públicos de Québec, la cual anunció una inversión de más de 500 millones de dólares en proyectos de infraestructura en Colombia, además de los 300 millones de dólares prestados a Empresas Públicas de Medellín, responsable del proyecto Hidroituango.
La vocera del Movimiento Ríos Vivos Isabel Zuleta, vía llamada telefónica, también participó a la reunión y destacó que el proyecto hidroeléctrico de Hidroituango, uno de los más grandes en el país, ha traído consigo desde su implantación en 2010 desplazamiento forzado, persecución, desapariciones y asesinatos de líderes sociales.
En entrevista con el CDHAL, Ramírez Cuellar ha señalado lo siguiente sobre este caso:
“Las acciones mercenarias, militares y paramilitares del gobierno y las multinacionales del área de Ituango (…) esas masacres dieron como resultado la muerte de más de 1000 personas, la existencia de muchas fosas comunes y ahora con la construcción de la represa esas fosas comunes fueron tapadas por el agua para que nunca los familiares puedan los restos de sus víctimas”
Isabel Zuleta destacó igualmente que desde abril 2018, hay una alerta de inminente ruptura que podría convertirse en una catástrofe social y medioambiental de gran envergadura. Esta ruptura provocaría el desplazamiento y pondría en riesgo la vida de alrededor de 300 mil personas.
Este encuentro buscó así exigir el retiro de estas inversiones de la Caja de fondos públicos de Québec que contribuyen directamente a agravar los impactos sociales, medioambientales y la violación de derechos humanos. Actualmente, diversas empresas extractivas se han visto involucradas en acusaciones por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.
