Al Presidente de la República de México Enrique Peña Nieto
Al Secretario de Gobernación de México Miguel Ángel Osorio Chong
A la Secretaria de Relaciones exteriores de México
A la Embajadora de México en Honduras Dolores Jiménez
A la Comisión Nacional de DDHH de México
En el transcurso de la tarde de ayer 9 de Marzo de 2016, la jueza Victorina Flores del Juzgado Primero de Letras de La esperanza Intibuca resolvió no revocar la Alerta Migratoria que obliga a Gustavo Castro a permanecer en Honduras 30 días más. También suspendió en sus funciones a la abogada de Gustavo Castro por 15 días.
Exigimos al Gobierno mexicano que el defensor permanezca en la Embajada de México en Honduras bajo protección todo el tiempo que sea obligado a permanecer en el país. Al mismo tiempo exigimos que el Gobierno mexicano eleve su nivel de acciones necesarias para que Gustavo Castro salga lo antes posible del país.
Con su decisión la jueza obliga innecesariamente a Gustavo Castro a permanecer en el país, pese al peligro que esto representa para su vida. A la fecha Gustavo Castro no cuenta con el acta de decisión judicial que le especifique esta decisión.
La medida es innecesaria, porque Gustavo Castro ha hecho todo el proceso judicial solicitado y porque aún en caso de requerir más declaraciones es completamente legal y viable que lo realice desde suelo mexicano.
Además suspendió a la abogada de Gustavo Castro del ejercicio de su defensa por 15 días, agravando la dificultad para Gustavo Castro de atender el proceso legal e incluso de poder defenderse ante estas irregularidades. Hasta el día de hoy la jueza Victorina Flores se ha negado a entregar las declaratorias y diligencias donde Gustavo Castro ha participado, así como las solicitudes por escrito de sus requerimientos y tampoco el documento de suspensión de la abogada.
A pesar de que múltiples instancias Internacionales como la CIDH y la OEA se han pronunciado del riesgo que corre la vida de Gustavo Castro mientras permanezca en Honduras y han señalado y exigido su inmediata salida a México, la Justicia de Honduras ha decidido no atender el llamada de los Organismos Internacionales con los que Honduras tiene Convenios y es parte.
Frente a esta respuesta del Estado hondureño y de Justicia hondureña el Gobierno de México debe elevar su nivel de acciones para garantizar la seguridad de Gustavo Castro y su regreso inmediato del país.
El Gobierno de México debe atender el estado de vulnerabilidad e indefensión en el que Gustavo se encuentra frente al actuar de la Justicia hondureña, garantizando sus derechos como víctima.
Por ello exigimos:
Que el Gobierno de México garantice la permanencia de Gustavo Castro dentro de la Embajada mientras esté en Honduras.
Que el Gobierno mexicano garantice la seguridad de Gustavo Castro y de las personas que lo están ayudando en el país.
Que establezca los acuerdos bilaterales necesarios para Gustavo Castro pueda responder cualquier otra solicitud judicial desde territorio mexicano.
Que las autoridades mexicanas garanticen la salida inmediata de Gustavo Castro del país.
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