Foto: El Puelche
El Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL), una organización canadiense de solidaridad que trabaja por la defensa y promoción de los derechos humanos en América Latina, le escribimos luego de recibir un llamado de parte de miembros de comunidades mapuche de la zona del río Tranguil, comuna de Panguipulli, región de Los Ríos en Chile, reunidos en la Coordinadora de Defensa Territorial de Tranguil para contestar la implantación de un proyecto de la empresa trasnacional austriaca RP Global y del Grupo Saesa. Estos pretenden construir la mini-central hidroeléctrica Tranguil en la comuna de Panguipulli, en Chile. Así mismo, denunciamos las violaciones a los derechos humanos de las comunidades mapuche, causadas por este proyecto energético.
La empresa austriaca RP Global pretende construir de manera ilegítima la mini-central hidroeléctrica Tranguil sobre un territorio mapuche, sin la consulta ni el consentimiento de las comunidades, en un clima de violencia y represión, sin tomar en cuenta la oposición al proyecto.
Pudimos constatar que la empresa chilena, Grupo Saesa, responsable de la distribución y del transporte de la electricidad, pertenece, entre otros, a capitales canadienses, a través del Régimen de pensión de las profesoras y profesores de Ontario (OTPP, Ontario Teachers’ Pension plan).
Antecedentes
En 2012, la trasnacional RP Global recibió la autorización de parte del Servicio de Evaluación Ambiental de Los Ríos (SEA) para construir la mini-central hidroeléctrica en el río Tranguil. Esto se hizo sin considerar el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) que recomendaba una evaluación de los impactos del proyecto sobre esta zona declarada como Zona de Interés Turístico. Tampoco se cumplió con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificada por Chile en 2008, que define el derecho de las comunidades indígenas a una consulta libre, previa e informada en cuanto a los proyectos de desarrollo sobre su territorio. Las comunidades mapuche de Tranguil se enteraron del proyecto hidroeléctrico cuando este estaba instalándose en la región. El proyecto está previsto en tierras donde se encuentran cementerios ancestrales y afectará el medio ambiente, particularmente los dos ríos que se verán afectados por la construcción de represas (Tranguil y Sin Nombre). Los cementerios ya fueron saqueados y árboles han sido cortados para permitir que pase la maquinaria y que se construyen las infraestructuras.
En el caso particular de la comuna administrativa de Panguipulli, las familias que viven en el territorio fueron víctimas de amenazas por causa del conflicto vinculado al proyecto hidroeléctrico e intervenciones de parte de la policía para apoyar las acciones de distintas empresas son frecuentes. Queremos destacar los graves impactos psicosociales del proyecto, incluyendo la muerte de la defensora Macarena Valdés, esposa del werken Ruben Collío, que ocurrió en el contexto del conflicto con la empresa Saesa, poco tiempo después que la familia haya recibido amenazas.
Nos indignan los recientes acontecimientos de los cuales fuimos informados. El 13 de octubre pasado, a las 7h30 de la mañana, la empresa Saesa invadió la comunidad de Tranguil por la fuerza para instalar el nuevo tendido eléctrico de mediana tensión para la empresa RP Global, con el apoyo de unos 100 efectivos de la policía nacional y fuerzas especiales. Las señales de celular dejaron de funcionar por completo a partir del momento en que las fuerzas policiales entraron a la comunidad. Al parecer, esta intervención violenta se hizo sin que el mismo gobierno local haya sido informado, a tal punto que éste pidió explicaciones sobre el tema a la empresa. Cabe recordar que la empresa Saesa fue adquirida en 2008 por el Régimen de Pensión de las Profesoras y los Profesores de Ontario, conjuntamente con la empresa de inversiones financieras trasnacionales Morgan Stanley Infrastructure.
Este proyecto viola los derechos humanos de las comunidades Mapuche sobre el territorio, así como los principios del Convenio 169 de la OIT en cuanto al derecho a la consulta libre, previa e informada. El 15 septiembre pasado, se realizó una denuncia ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas, en el marco de su 33° sesión regular. La denuncia fue realizada por Pedro Arenas, con el apoyo de la ONG Auspice Stella, organismo consultor del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, y apunta al Estado chileno por la ausencia de consulta a las comunidades indígenas y el no-cumplimiento del derecho de los pueblos indígenas a decidir de sus propias prioridades en cuanto al desarrollo en sus territorios.
Es importante mencionar que las comunidades mapuche están siendo asediadas por las empresas y están en lucha constante para proteger sus territorios, la tierra, el agua y la vida, planteándose contra los proyectos energéticos. Es el caso del mega proyecto hidroeléctrico Neltume, ubicado en la misma comuna de Panguipulli, que fue finalmente abandonado en 2016, después de seis años de procesos jurídicos y de intensa lucha. Los defensores del territorio, del agua y de la vida tuvieron que enfrentarse rápidamente a nuevos proyectos y amenazas en sus territorios dado que en paralelo, más de cien proyectos de mini-centrales hidroeléctricas (entre ellas la de Tranguil) fueron presentados o implementados últimamente en el centro-sur de Chile. Estamos particularmente preocupados de ver que la multiplicación de mini-centrales en territorios Mapuche parece ser parte de una estrategia de implantación de las empresas. Efectivamente, el reglamento chileno permite a las empresas chilenas construir estas mini-centrales sin consultación ni estudios de impactos ambientales. En virtud de la Ley Nº19.300 y del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), los proyectos hidroeléctricos apuntados por la obligación de hacer un estudio de impactos ambientales son los proyectos que sobrepasan una cierta capacidad de producción. De esta forma, varias mini-centrales no están sometidas a esta obligación de evaluación. Estos vacíos legales en la reglamentación anuncian nuevas infracciones a los derechos humanos de las comunidades Mapuche en los próximos años.
Considerando esta situación, exigimos:
-el respeto al Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, particularmente en sus disposiciones en cuanto al derecho de los pueblos indígenas a la consulta libre, previa e informada y a su derecho a decidir en sus propios territorios cuando se trata de procesos de desarrollos (artículos 6 y 7);
-la revocación del permiso otorgado a RP Global y a Saesa, considerando que la comuna administrativa de Panguipulli es una Zona de Interés Turístico y que al conceder un permiso sin evaluación de impactos, la SAE no tomó en consideración las recomendaciones de SERNATUR, que planteó la necesidad de un estudio de impacto ambiental;
-el fin a la persecución y amenazas contra dirigentes comunitarios y el respeto de las medidas cautelares de Rubén Collío, líder de la comunidad;
-un pronunciamiento oficial de parte del Régimen de Pensión de las Profesores y los Profesores de Ontario (OTPP) a favor del respeto de los derechos humanos de las comunidades mapuche y de la realización de un estudio de impactos ambientales antes de todo avance del proyecto, instando la empresa Saesa, financiada por la OTPP, a respetar los derechos humanos en todas sus actividades.
En dicho contexto de riesgo de violencia y de represión, queremos que tengan presente que ahora, más que nunca, estaremos atentos a la situación relacionada con la implantación de proyectos hidroeléctricos en territorios mapuche en Chile, particularmente los que involucran a la empresa Saesa.
El Comité por los derechos humanos en América Latina-CDHAL les agradece el interés que dará a nuestras demandas. Les pedimos que nos mantengan informados de las acciones que tomarán.
Reciba nuestras salutaciones cordiales,
Comité por los derechos humanos en América Latina (CDHAL)
Montreal-Quebec
cc.
EGON MONTECINOS MONTECINOS
Intendente Región de los Ríos, Gobierno Regional de los Ríos
Calle O’Higgins N°543 Piso 5, Valdivia, Chile
Fono: 632-283805. Fax: 632-284355
emontecinos@interior.gov.cl, emontecinos@goredelosrios.cl, jbarreram@interior.gov.cl
FRANCISCO ALLIENDE ARRIAGADA
Gerente General, Grupo SAESA
Bulnes 441, Osorno, Chile
Fono (56-64) 238-5000. Fax (56-02) 2414-7010
francisco.alliende@saesa.cl
RODRIGO MIRANDA D.
Operation Manager, Grupo SAESA
Bulnes 441, Osorno, Chile
Fono (56-64) 238-5000. Fax (56-02) 2414-7010
rodrigo.miranda@saesa.cl
JOSÉ DUHART
Chief Commercial Valdivia, Grupo SAESA
jose.duhart@saesa.cljose.duhart@saesa.cl
RON MOCK
President & CEO, Ontario Teachers’ Pension Plan
5650 Yonge Street, Toronto, Ontario M2M 4H5
Phone: (416) 228-5900. Fax: (416) 730-5349
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BJARNE GRAVEN LARSEN
Executive Vice-President and Chief Investment Officer
Ontario Teachers’ Pension Plan
5650 Yonge Street, Toronto, Ontario M2M 4H5
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MIKE FOULDS
President, Ontario Teachers’ Federation
Suite 200, 1300 Yonge Street, Toronto
Ontario, Canada M4T 1X3
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SCOTT PERKIN Director, Pension and Economic Affairs
Ontario Teachers’ Federation
Suite 200, 1300 Yonge Street, Toronto, Ontario, Canada M4T 1X3
Phone: 416.966.3424. Fax 416.966.5450 scott.perkin@otffeo.on.ca
