Mas de diez años de conflicto armado en Colombia han causado más de 80,000 víctimas de desplazamiento forzado, de los cuales no siempre sabemos donde están. El Acuerdo de Paz de 2016 estableció un mecanismo para identificar e encontrar a esas victimas. La investigación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JSP) revela que entre 500 y 600 personas están enterradas en la zona de construcción de la presa Hidroituango.
Durante más de una década, las comunidades han estado luchando contra la represa Hidroituango, que amenaza sus hogares y sus vidas, que destruye ecosistemas frágiles y que ha exacerbado la violencia en una zona de conflicto. En mayo de 2018, las inundaciones causadas por defectos de construcción obligaron a mas de 25,000 personas a evacuar sus hogares y hoy la situación empeora. Las personas han perdido sus hogares, su acceso a la comida e incluso sus vidas debido a esta represa.
Además de las constantes violaciones de los derechos humanos, los miembrxs del movimiento que representa a las personas afectadas por la represa, Ríos Vivos, han sido de amenazas, hostigamiento y de violencia.
El mes pasado, la Junta Directiva del BID se liberó de toda responsabilidad por los daños causado por la represa rechazando a investigar la función del BID en el financiamiento de esta construcción. Pero tenemos una segunda oportunidad. En las próximas semanas, la Junta Directiva decidirá si investigara la función de su inversor privado, BID Invest.
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