Montréal, 24 de junio 2015
Presentes,
El Comité por los derechos humanos en América Latina (CDHAL) es un organismo canadiense que desde 1976 se encarga de vigilar la situación de los Derechos Humanos a lo largo de Latinoamérica. Apoyamos los movimientos sociales y grupos de base, difundiendo información sobre la situación socio-política, económica y ambiental; y denunciando públicamente el No-respeto de los Derechos Humanos por parte de los Estados y/o empresas.
Ante los últimos sucesos de criminalización de la protesta social, la persecución y hostigamiento a las organizaciones sociales en el estado de Oaxaca en México, hacemos público este comunicado para denunciar las últimas agresiones de las que fueron objeto integrantes del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM),el pasado 22 de junio del 2015.
Desde el 2005, la organización ha venido padeciendo actos de hostigamiento, intimidación y amenazas, que han provocado el aprisionamiento arbitrario de algunos miembros, el exilio de algunos compañeros y el desplazamiento forzado de otras y otros. En 2013, se recrudecieron nuevamente el hostigamiento y las amenazas y en respuesta a estas agresiones la defensoría especializada de protección a periodistas y defensores de derechos humanos de la Defensoría de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca, México, dictó medidas cautelares, identificadas con el número DDHPO/1614/(01)/OAX2014. En estas medidas cautelares, se le solicita al gobierno de Gabino Cué Monteagudo proteger y garantizar la integridad física y el desarrollo del trabajo de las y los miembros del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, y en particular la de uno de los dirigentes de la organización, Miguel Cruz Moreno y de su familia.
A pesar del incremento de las amenazas y pese a que la defensoría ha emitido recomendaciones de medidas cautelares significativas, el gobierno del estado de Oaxaca, no ha mostrado sensibilidad y voluntad política ante los hechos. Recientemente, el 22 de junio pasado, se volvió a suscitar otro acto de amenazas e intimidaciones contra los miembros del CIPO-RFM.
Hechos
El día 22 de junio, integrantes del CIPO-RFM acudieron al llamado de manifestación de distintas organizaciones para exigir la libertad inmediata de los presos políticos del 7 de junio del 2015, día de la jornada electoral. Una vez terminada la agenda del día planeada por la organización, el acompañante de Miguel Cruz Moreno, el compañero Juan Carlos Leyva, se trasladó a su domicilio. Al llegar a éste, dos personas le agredieron a golpes y patadas, mientras le decían: «que se abriera del Cipo-RFM”, «que qué verga buscaba» y que si no lo hacía “le iba a cargar la chingada», y por último le amenazaron: «que se abriera y le bajara, que qué chingada anda[ba] protegiendo al pinche negro».
Ante estas advertencias, nos queda claro que la intención es acallar al compañero Miguel Cruz Moreno e intimidar a su familia y demás integrantes de la organización. Además, estos nuevos hechos demuestran que el gobierno del estado de Oaxaca no ha mostrado sensibilidad, ni la garantía de la protección en materia de derechos humanos. Incluso, en las mesas de diálogo sobre medidas cautelares frecuentemente se retracta de los acuerdos tomados y dilata la instauración de medidas cautelares significativas, lo que nos sugiere que el mismo gobierno del estado está protegiendo a los agresores.
Exigimos de manera urgente que el gobierno del estado que dirige Gabino Cué Monteagudo:
-Deje de simular y cumpla con las medidas cautelares que garanticen la vida y seguridad de las y los defensores de derechos humanos,
-haga una investigación pronta y exhaustiva para dar con los y las responsables materiales e intelectuales de las amenazas, el hostigamiento y la intimidación, y
-que el gobierno haga una declaración pública en donde reconozca los hechos antes mencionados e instaure una mesa de trabajo para dar atención pronta a esta situación de agresión.
A su vez, exigimos:
1. Alto a la criminalización de la protesta social.
2. Libertad a los presos políticos.
3. Acciones para facilitar el regreso de las y los exiliados.
4. La desmilitarización del estado de Oaxaca.
5. El retiro de fuerzas federales y de la gendarmería nacional de Oaxaca.
Imputamos al gobierno del estado de Oaxaca y al gobierno federal presidido por Enrique Peña Nieto por la agresión perpetrada a los compañeros de CIPO-RFM y los responsabilizamos de lo que pueda sucederle al compañero Miguel Cruz Moreno, a su familia y a las y los integrantes de la organización.
Atentamente,
Comité por los derechos humanos en América latina
