Publicado el 25 de mayo de 2023 por Amnistía Internacional
El Ministerio Público de Perú debe investigar a todas las personas, hasta el más alto nivel, que ordenaron o toleraron el uso ilegítimo de fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad que dejó 49 muertos durante las protestas de diciembre a febrero, ha afirmado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado el jueves.
«El uso de armas de fuego letales contra manifestantes muestra un flagrante desprecio por la vida humana. A pesar de los esfuerzos del gobierno por presentarlos como terroristas o delincuentes, las personas muertas eran manifestantes, observadores y transeúntes. Casi todos ellos procedían de entornos pobres, indígenas y campesinos, lo que sugiere un sesgo racial y socioeconómico en el uso de la fuerza letal», ha declarado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
«Lejos de tratarse de incidentes aislados que puedan atribuirse a funcionarios deshonestos que actúan por su cuenta, el número de muertes ocurridas en distintos momentos y lugares sugiere una respuesta deliberada y coordinada por parte del Estado. Las autoridades peruanas deben investigar la posibilidad de que funcionarios públicos ordenaran o al menos toleraran estos homicidios, independientemente de su posición en la jerarquía».
El informe, titulado Racismo letal: ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad peruanas, analiza 52 casos en los que murieron o resultaron heridas personas durante manifestaciones en Andahuaylas, Chincheros, Ayacucho y Juliaca. Estos casos incluyen 25 homicidios, 20 de los cuales pueden constituir ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas del Estado. En estos 20 casos, las fuerzas del orden dispararon munición real contra partes del cuerpo muy vulnerables (la cabeza, el cuello, el torso y el abdomen), y otras pruebas, como vídeos, fotografías, antecedentes penales y declaraciones de testigos, parecen respaldar la teoría de un uso injustificado de la fuerza. Amnistía Internacional tiene indicios de que en los otros cinco homicidios puede haberse hecho un uso excesivo de la fuerza.
Las manifestaciones que estallaron en amplias zonas de Perú el pasado diciembre, en un contexto de crisis política, adoptaron la forma de bloqueos de autopistas, aeropuertos y otras infraestructuras. Las similitudes en el uso de la fuerza contra los manifestantes en distintas partes del país apuntan a una posible estrategia ordenada o tolerada por altos funcionarios del gobierno. Además, en lugar de condenar este uso excesivo de la fuerza, los más altos representantes del Estado peruano lo alentaron alabando públicamente la actuación de las fuerzas de seguridad, mientras señalaban con el dedo a los manifestantes, calificándolos de «terroristas» y difundiendo deliberadamente información falsa.
Aunque las primeras matanzas se produjeron el 11 de diciembre en Andahuaylas, la policía y el ejército siguieron utilizando las mismas tácticas en diversas ciudades días e incluso semanas después. Armados con fusiles de asalto, dispararon munición real indiscriminadamente contra civiles, causando importantes pérdidas de vidas. A pesar de las peticiones de las oficinas de la Defensora del Pueblo en Andahuaylas, Ayacucho y Juliaca para que las autoridades se abstuvieran de hacer un uso excesivo de la fuerza, incluida una petición directa de la Defensora del Pueblo al ministro de Defensa, las fuerzas de seguridad siguieron disparando durante horas y horas en muchos casos. El 16 de diciembre en Ayacucho, por ejemplo, los mismos soldados fueron desplegados en las calles donde varias personas habían muerto y decenas habían resultado heridas el día anterior.
No sólo las fuerzas de seguridad hicieron un uso excesivo de la fuerza, sino que también hay indicios de que altos mandos pueden haber sido cómplices criminales en la ocultación de armas que causaron muertes. Los registros de armas utilizadas por la policía y el ejército a los que Amnistía Internacional tuvo acceso no proporcionaban detalles de toda la munición utilizada ni de quién abrió fuego con armas concretas. En el caso de Juliaca, sólo dos miembros de la Dirección de Operaciones Especiales declararon haber disparado cuatro balas de calibre 7,62 con sus fusiles de asalto AKM el 9 de enero. Sin embargo, ese día, al menos 15 personas murieron por disparos de munición letal y decenas más resultaron heridas por armas de fuego. La policía también ocultó el uso de perdigones (munición prohibida para los miembros de las fuerzas del orden a escala nacional e internacional), a pesar de que causaron numerosas muertes y lesiones.
Amnistía Internacional habló con un agente de policía de Apurímac, que deseaba permanecer en el anonimato. Dijo: «Lo que hablamos a menudo entre policías es que si el grupo es violento, disparamos a alguien. Porque mientras no haya muertos, la gente está llena de entusiasmo, pero cuando ven a alguien herido, se calman».
De las 25 víctimas de homicidio documentadas por Amnistía Internacional, 15 eran jóvenes menores de 21 años, muchos de ellos procedentes de familias indígenas pobres. La madre de Christopher Michael Ramos Aime, un muchacho de 15 años asesinado por el ejército en Ayacucho mientras cruzaba la calle, dijo: «Si no fuéramos pobres, Christopher no habría muerto. Porque no habríamos tenido que ir a trabajar ese día.
Amnistía Internacional ha llevado a cabo un análisis estadístico de las muertes ocurridas durante las protestas, cuyos resultados sugieren que las autoridades peruanas han mostrado un marcado sesgo racial. La organización encontró un número desproporcionado de muertes en regiones donde viven poblaciones históricamente marginadas, a pesar de que las manifestaciones no fueron más frecuentes ni violentas allí que en otras zonas.
Por ejemplo, en Lima se registraron 104 manifestaciones y cinco actos de violencia cometidos por civiles, frente a 37 manifestaciones y cinco actos de violencia cometidos por civiles en Ayacucho. Sin embargo, sólo una persona fue asesinada en Lima, donde sólo el 20% de la población se identifica como indígena o afrodescendiente, frente a 10 en Ayacucho, donde el 82% de la población es indígena o afrodescendiente.
También cabe destacar que la policía y el ejército sólo utilizaron munición letal fuera de la capital, a pesar de que el nivel de protestas y violencia en Lima era similar al de otras regiones.
A pesar de las graves violaciones de derechos humanos, la Fiscalía General de Perú no llevó a cabo investigaciones rápidas y exhaustivas. Según la información de que dispone Amnistía Internacional, la fiscalía aún no ha incautado las armas utilizadas por las fuerzas de seguridad durante estas operaciones, ni ha entrevistado a ninguno de los agentes implicados, aunque se conocen sus nombres. La falta de recursos, peritos y fiscales asignados a estos casos, así como una serie de medidas institucionales adoptadas por el Fiscal General, entre ellas varios cambios de personal, han comprometido la investigación y la recopilación de pruebas esenciales.
Ante el riesgo de impunidad por graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, Amnistía Internacional pide a la Fiscalía General de la Nación que garantice investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales, que solicite asistencia técnica a los mecanismos regionales o internacionales de derechos humanos en las investigaciones penales y que garantice el acceso de las víctimas a la justicia.
La organización también pide a la presidenta, Dina Boluarte, que condene y prohíba el uso por parte de las fuerzas de seguridad de fuerza letal y munición prohibida, como los perdigones, en respuesta a las manifestaciones. El gobierno peruano también debe llevar a cabo una evaluación urgente del racismo estructural que impregna la actuación de las instituciones del Estado.
