Autores : Philip M. Fearnside, Lucas Ferrante, Aurora M. Yanai et Marcos Isaac Júnior
Se está construyendo una ruta clandestina para conectar la ciudad de Tapauá, en el río Purús, Estado de Amazonas, con la autopista BR-319. Esto amenaza a los territorios de los pueblos indígenas Apurina de Igarapé São João y Apurina de Igarapé Tauá Mirim, así como el parque nacional Nascentes do Lago Jari. Cuando termine de ser construida, la ruta, ya visible en las imágenes satelitales en 2007, dará acceso al bosque intacto de la región de Trans-Purús y la mayoría de los eventos que sucederán escaparán al control del gobierno. Según el cacique (jefe de la tribu) Waldemiro Farias da Silva Apurina, son los terratenientes quienes están construyendo la ruta clandestina, utilizando máquinas que pertenecen a la alcaldía de Tapauá. El cacique Waldemiro Apurina confirmó el 20 de agosto 2020 que la ruta avanza rápidamente y que los invasores deforestan al interior del territorio de lxs indígenas Apurina d’Igarapé São João. Indicó también que los invasores no son indígenas y que lxs indígenas tienen mucho miedo de ir en esas zonas, porque la explotación forestal es masiva en el interior de sus territorios, poniendo a todo el pueblo en peligro. Según el cacique, lxs indígenas se encuentran amenazados.
Carta de denuncia al Ministerio Público Federal
Yo, Waldomiro Farias da Silva Apurina, jefe del pueblo Apurina de la municipalidad de Tapauá, ubicada en la confluencia de los ríos Purus y Madeira, denuncio el genocidio anunciado del pueblo Apurina debido a los trabajos de restauración de la ruta BR-139 realizados por el gobierno federal. Nosotros del pueblo Apurina no fuimos consultadxs como lo prevé el Convenio 169 de la OIT y el decreto 5.051/2004, los cuales establecen que los pueblos indígenas afectados por las empresas o por proyectos deben ser consultados previamente, de manera libre e informada, y pueden oponer su veto o participar en la preparación del proyecto. El Departamento nacional de la infraestructura del transporte (DNIT) no respetó la Convención 169 de la OIT, que Brasil firmó, y el decreto presidencial 5.051/2004 porque no consultó a los pueblos indígenas para ese nuevo proyecto.
Solo el mantenimiento de la autopista provocó una gran deforestación, el acaparamiento de las tierras y los ramales que invadieron los territorios indígenas de Tapauá y de otros pueblos de la BR-139. El DNIT borro los factores que pudieran proteger el bosque, tal como los portales de inspección, cuales eran una condición obligatoria y a los que perdieron su obligación. La jueza federal Jaiza Maria Pinto Fraxe autorizó la pavimentación del tramo del medio, lote “C”, diciendo que el DNIT cumplia sus obligaciones, lo cual es falso, porque el DNIT no quiso realizar una consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, mismo que el lote “C” no presente los estudios ambientales necesarios. La falta de estudios ambientales para ese tramo es una preocupación enorme, porque el impacto de trabajos sin estudios ambientales puede afectar el abastecimiento en agua y la caza de las comunidades indígenas cercanas y puede resultar en la extinción de esos pueblos. La consulta a los pueblos indígenas tanto como la necesidad de estudios ambientales ya habían sido señalados por expertos y expuestas durante el Forum sobre la durabilidad de la autopista BR-139 organizado por el Ministerio Público Federal. Esa necesidad también fue señalada en el tema técnico por los científicos en un estudio publicado recientemente en la famosa revista Science.
La autopista BR-319 da acceso a las tierras de Apurinas a los invasores, quienes amenazaron e intimidaron a lxs indígenas y propagaron el coronavirus en las comunidades. De esa forma, el pueblo Apurina entiende que la tentativa para acelerar los trabajos de la ruta BR-139 durante la pandemia por el DNIT y la Casa Civil sin consultar el pueblo y los otros pueblos afectados es una violación mayor de los derechos humanos y un genocidio de los pueblos indígenas ubicados en la confluencia de los rios Purus y Madeira por falta de respecto al Convenio 169 de la OIT y del decreto 5.051/2004, exponiendo varios territorios indígenas a los invadores, a los lenadores y a los grileiros (acaparadores de las tierras) y accelerando la contaminacion de los pueblos autoctonos por el coronavirus.
Nosotros, el pueblo de Apurina, pedimos con urgencia la atención del Ministerio Público Federal, particularmente los fiscales Rafael Rocha y Fernando Merloto Soave, así que los jueces federales quienes tienen la obligación de aplicar la legislación brasileña en virtud del decreto 5.051/2004. De esa forma, no solo pedimos que cualquier licitación de la autopista sea cancelada, sino también que la manipulación de la ruta sea suspendida, hasta que todos los pueblos indígenas susceptibles de ser afectados sean consultados, como lo prevé el Convenio 169 de la OIT y el decreto 5.051/2004. Los pueblos indígenas están siendo atacados, nuestros territorios están siendo invadidos y el gobierno federal prevé trabajos que amenazan nuestras tierras y nuestro pueblo. Ese genocidio y a esta en proceso y la existencia de los pueblos indígenas de la Amazonía depende del respecto de la ley.
Tapauá, 25 de agosto 2020
Waldomiro Farias da Silva Apurinã
Cacique Apurinã
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