Montreal, 20 de enero del 2015
Señores,
El Comité por los derechos humanos en América latina (CDHAL), organismo canadiense que desde 1976 observa la situación de los derechos humanos en Latinoamérica, expresa su gran preocupación por la integridad física de Lolita Chávez, quien ha sido objeto de amenazas, intimidaciones, ataques e intentos de secuestro de parte de funcionarios gubernamentales, autoridades policíacas y personas desconocidas con el intento de disuadirla a no continuar con su trabajo de activista por la defensa del territorio y sus recursos.
Por los hechos nombrados anteriormente, el 7 de Noviembre del 2005 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgo medidas cautelares a Lolita Chávez con el fin de salvaguardar su integridad física. Luego de haber intentado retirarle las medidas cautelares a Lolita el 7 de junio de 2013, las autoridades guatemaltecas finalmente tomaron la decisión arbitraria de quitarle la escolta policiaca a Aura Lolita Chávez Ixcaqui el 7 de enero del presente año.
Esta decisión arbitraria pone en peligro directo a esta dirigente y a los miembros del Consejo de Pueblos K´iche´s (CPK), y supone un motivo inminente de las autoridades gubernamentales de obstaculizar el libre ejercicio de la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión, y el movimiento social de las comunidades Mayas en Guatemala.
Antecedentes
- El 4 de julio del 2014, alrededor de las 16:00 horas, Lolita Chávez fue atacada por hombres armados mientras retornaban a la cabecera departamental del Quiché, tras una manifestación pacífica. El ataque se produjo en los alrededores de la comunidad Xetinap Quinto, La Laguna, donde integrantes del CPK fueron emboscadas por hombres armados, que arremetieron contra las comunitarias con palos, machetes y navajas, dejando heridas a cuatro mujeres. Las agredidas narraron que los atacantes exigían a gritos se les señalara quién era Lolita Chávez. La dirigente comunitaria se encuentra a salvo.
- Al llegar al lugar del hecho, los policías continuaron con la intimidación contra la población, quienes huyeron a las montañas por temor a ser objeto de cualquier otra agresión. Previamente recibieron amenazas del Alcalde de la población, quien acompañado de miembros del ejército, llegó a comunidades como Xetinap para amenazar a miembros de CPK que se oponen a varios proyectos extractivos eléctricos.
- Ésta no es la primera vez que el CPK sufre persecución. Anteriormente han sido acosados por medio de órdenes de captura contra sus dirigentes, y el pasado 12 de junio dos hombres asesinaron a José Tavico Tzunun, en la comunidad Sibacá III del municipio de Santa Cruz del Quiché.
Ante estos hechos alarmantes e indignados por las agresiones perpetradas por el gobierno en contra del CPK, el CDHAL (Comité por los derechos humanos en América latina) exige a las autoridades del gobierno de Guatemala:
- Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de Lolita Chávez y de los demás miembros del CPK, en el cumplimiento del artículo 5 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos que establece que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral” y de la obligación del estado de proteger a los derechos y libertades de sus ciudadanos.
- El respeto al derecho a la libertad de expresión y movilización de los y las dirigentes de las comunidades Mayas, que solamente están ejerciendo su derecho democrático a disentir con las políticas que funcionarios del gobierno local y nacional aplican en detrimento del bienestar de las comunidades Mayas.
- Realizar una investigación independiente, inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a la persecución y acoso a los miembros del CPK, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;
- Velar por que se ponga fin a todo tipo de agresión, hostigamiento y violencia contra Lolita Chávez y los demás miembros del CPK; en respecto a la libertad de opinión y de expresión, los miembros del Consejo no pueden ser molestados por sus actividades y el Estado tiene que garantizar y proteger esta libertad. De hecho, esta libertad es ratificada en el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión” y también en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
- Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona “individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”(Art.1) así como en lo relativo al deber del Estado de garantizar “la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (Art.12.2);
Responsabilizamos al Estado de Guatemala y a los funcionarios del mismo a su más alto nivel, comenzando con el Presidente Otto Pérez y usted, como Ministro de Gobernación, de cualquier agresión, atentado, persecución, secuestro, tortura o asesinato de cualquiera de los miembros y dirigentes del Consejo de los Pueblos K’iche’s (CPK).
El Comité por los derechos humanos en América latina – CDHAL les agradece que nos mantengan informados de las acciones que llevaran a cabo para resolver la situación y asegurar la integridad de los miembros de esta organización.
Atentamente,
Comité por los derechos humanos en América latina (CDHAL)
Montréal – Québec
