Publicado por Agustín Brun, Tierra Viva, 15 de noviembre de 2024
El gobierno bonaerense impulsó el Primer Congreso Provincial de Agroecología. Con amplia participación de organizaciones campesinas, cooperativas, académicos y activistas, el autor remarca las políticas extractivas del gobernador Axel Kicillof, señala las contradicciones políticas y propone no eludir el debate, aún ante un contexto de gobierno nacional de ultraderecha.
«Primer Congreso Provincial de Agroecología», fue el nombre del encuentro organizado por el gobierno de bonaerense, la Universidad Nacional de Luján y el Municipio de Luján. Aviso necesario: estas líneas no harán un recorrido de las jornadas ni de los valiosos trabajos presentados (tanto por productores como por académicos). Se focalizará en las contradicciones del discurso a favor de la agroecología por parte de un gobierno abiertamente extractivista, representado por el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez.
¿Es real la intención de fomentar la agroecología por parte del gobierno de Buenos Aires o es puro «greenwashing» (lavado verde)? ¿Es mejor hacer la vista gorda y quedarse con lo positivo del Congreso o vale la pena señalar las contradicciones?
La agroecología avanza, pero el extractivismo también
La realización, por primera vez, de un congreso de estas características es un indicador de los años de lucha y empuje de quienes fomentamos la agroecología, pero hay que, necesariamente, hacer un ejercicio de memoria y atender a algunas cuestiones relacionadas al extractivismo en el mandato de Kicillof, para tratar de entender las motivaciones políticas de su participación.
La principal deuda respecto a los pueblos fumigados de la gestión de Kicillof ha sido la negativa de derogar la Resolución 246 del gobierno de María Eugenia Vidal y su ministro de Agroindustria Leonardo Sarquís (ex gerente de Monsanto), que busca reglamentar el uso de agrotóxicos en favor de su uso indiscriminado. El gobierno de Kicillof, que ya lleva cinco años de gestión, solamente ha prorrogado una y otra vez su suspensión, pero no ha avanzado hacia la derogación de ella, como reclaman los pueblos fumigados. Y mucho menos ha avanzado con una legislación que realmente ponga un freno o al menos restricciones al uso nocivo de agrotóxicos.
Por otro lado, hace tan solo unos días, y a través del visto bueno del Ministerio de Ambiente comandado por Daniela Vilar, se habilitó a la empresa Atanor a seguir funcionando en la localidad bonaerense de San Nicolás. Atanor produce agrotóxicos y fue clausurada este año por una explosión en su planta de atrazina, agroquímico prohibido en más de 40 países. Clausura que se suma a una larga lista de daños ambientales y de salud que la comunidad de San Nicolás denuncia hace años, exigiendo su relocalización o clausura permanente.
A pesar de su discurso verde y de sustentabilidad que busca polarizar con el negacionismo de Javier Milei (aunque paradójicamente al mismo tiempo fomentan las petroleras en la costa bonaerense), el Ministerio de Ambiente del gobierno de Kicillof decidió posicionarse a favor de la multinacional Atanor y no de la comunidad.
Es necesario entender que la línea extractivista de Kicillof y su gestión no se encuentra aislada, sino que forma parte de un sistema productivo fuertemente consolidado por un entramado estatal que excede lo provincial, y a ese Poder Ejecutivo. Pero es en ese marco que las políticas del gobierno bonaerense actual justamente se desarrollan. Un ejemplo interesante es el del trigo transgénico HB4, resistente al potente agrotóxico glufosinato de amonio, y aprobado en el gobierno de Alberto Fernández. Primer trigo transgénico del mundo, una cautelar promovida por pueblos fumigados y otros colectivos socioambientales logró frenarlo en la provincia. Sin embargo, el fallo fue apelado por la Fiscalía del Estado bonaerense. Estado presente para asegurar los intereses del agronegocio por sobre los de la salud pública y la preservación ambiental.
Incluso se puede mencionar el rol del Municipio de Luján en el Congreso, a tan solo semanas de fumigaciones ilegales a establecimientos educativos de la localidad de Carlos Keen. El hecho, ocurrido el pasado 27 de septiembre, fue denunciado por delegados y docentes que señalaron que violó la normativa local vigente y atentó contra la salud de estudiantes, docentes y personal no-docente. Pulverizaciones criminales que no son un caso aislado, sino moneda corriente en los pueblos fumigados de la provincia de Buenos Aires, como lamentablemente atestiguamos también en Exaltación de la Cruz.
El agronegocio se disfraza de verde
En el Congreso de Agroecología estuvo la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (Aapresid), uno de los principales actores del agronegocio local. Su participación se circunscribe en algo que mencionara el ministro Rodríguez en la apertura de las jornadas: “Este Congreso sirve para promocionar la agroecología, pero también para mostrar los resultados de una política pública que busca articular con el sector privado y aunar esfuerzos para generar desarrollo”.
Es decir, que, si bien el Congreso no ha tenido una línea claramente corporativa, se ha dado lugar a la participación, por parte de los organizadores, de actores que promueven el agronegocio en Argentina a través del lobby político. Sin ir más lejos, hace tan solo una semana, Aapresid —junto a otras organizaciones del agro— firmaron una carta en repudio a la reglamentación de una ley de restricción a los agrotóxicos en La Pampa.
Al leer entre líneas queda claro que la línea oficialista promueve un discurso falaz de convivencia de los dos modelos, el tóxico y la agroecología, afín a ciertos sectores agroindustriales. Se fomenta la agroecología siempre y cuando no se cuestione profundamente el uso de agrotóxicos. Esto termina siendo contradictorio, ya que las fumigaciones no solo enferman a las comunidades cercanas, contaminan los cursos de agua y destruyen a la biodiversidad, sino que también afectan y dañan la producción de quienes le escapan a los agrotóxicos.
El mito de la convivencia no puede sostenerse en la práctica, pero fue promovido indirectamente en este Congreso mediante la incorporación de Aapresid y, además, directamente en diversas notas por el mismo ministro Rodríguez, siempre en favor de las falsas “Buenas Prácticas Agrícolas”.
Moverse con cuidado
Fomentar la agroecología en un contexto de desarrollismo y capitalismo tardío es difícil, sobre todo transitando un gobierno de ultraderecha abiertamente promotor de la concentración de capitales, y que todo avance merece ser bien recibido. Pero, aun así, cabe igualmente cuestionar el discurso ambivalente presente en el Congreso de Luján.
¿Se puede hablar de agroecología si no se busca limitar el uso de agrotóxicos (sobre todo teniendo en cuenta el enorme impacto sanitario que tienen)? ¿Se puede promover la agroecología si no hay ningún plan solvente de transición en el horizonte? ¿Se puede fomentar la agroecología si no se abre un debate profundo y democrático sobre el sistema que queremos la comunidad toda (no solo los productores, sino también quienes vivimos cerca de ellos)?
Hay que moverse con cuidado. Aceptar estas instancias, pero sin caer en las posibles trampas que gobiernos extractivistas puedan llegar a tender. El “greenwashing” siempre está a la orden del día.
