El primer acuerdo ambiental a nivel regional tendrá el desafío de asegurar el acceso a la información, la participación ciudadana y la protección de los defensores ambientales en países atravesados por el modelo extractivista. La Argentina celebra el primer día de vigencia con doce detenidos en Andalgalá. Accedé al documento completo.
“Garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales”. Esos son los tres ejes centrales del Acuerdo Escazú que este 22 de abril, Día de la Tierra, entra en vigencia en la Argentina y otros 11 países de Latinoamérica y el Caribe. El acuerdo es el primero en materia ambiental a nivel regional y el primero a nivel mundial en tener disposiciones específicas para proteger a los defensores ambientales. La Argentina llega al día de su entrada en vigencia con 12 vecinas y vecinos de Andalgalá, Catamarca, detenidos por oponerse al proyecto minero Agua Rica.
El acuerdo negociado en el marco de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) fue el emergente de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) y fue firmado por 22de los 33 países de la región en marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica.
La firma del acuerdo abrió el proceso de aprobación, en la que el pacto debía ser aprobado por el Poder Legislativo de cada país y luego ratificado ante la ONU. La Cámara de Diputados aprobó el acuerdo con 240 votos a favor en septiembre pasado y en enero de este año se ratificó ante la ONU. Con las firmas de Argentina y México el acuerdo alcanzó el número necesario de países para entrar en vigencia. A partir de hoy, comenzará otro proceso central: la creación del Comité de Aplicación y Cumplimiento.
Entre los países de Sudamérica que ratificaron el acuerdo están Uruguay, Ecuador y Bolivia —estos dos últimos pioneros también en reconocer los derechos de la naturaleza en sus Constituciones— y existen grandes ausentescomo Perú y Chile, que encabezó las negociaciones, y Colombia, Brasil y Paraguay, donde se vive la situación más crítica de uno de los puntos centrales del acuerdo, la violencia contra los defensores del ambiente.
América Latina es la región más peligrosa para los defensores ambientales, según publicaron las especialistas Fernanda de Salles Cavedon Capdeville (Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil) y María Valeria Berros (Universidad Nacional del Litoral, Argentina) en la reciente publicación Acuerdo de Escazú hacia la democracia ambiental en América Latina y el Caribe, editada por la UNL y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
“En 2018, más de la mitad de los defensores asesinados procedía de América Latina (Global Witness, 2019). En 2018, 321 defensores de derechos humanos fueron asesinados en el mundo; el 70 % eran trabajadores rurales, indígenas y ambientalistas, y la mayoría de ellos eran latinoamericanos”, apuntan las investigadoras.
Capdeville y Berros marcan en la introducción de la publicación cómo el modelo de desarrollo extractivo de los países de la región entrará en conflicto para cumplir con los otros puntos centrales del acuerdo: acceso a la información y participación pública. “Se observan factores económicos y políticos que implican fuertes amenazas no solo a la riqueza sociocultural y natural existente, sino también a sus posibilidades de protección. En este sentido, por ejemplo, la economía fuertemente centrada en grandes proyectos de desarrollo basados en políticas extractivas, los trazos históricos del colonialismo económico y cultural, y la fragilidad de las democracias recientes dan como resultado que estas latitudes permanezcan como las más desiguales del mundo”, apuntan citando informes críticos de la propia Cepal.
En la misma publicación, la secretaria Ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcenas, alienta a los Estados de la región: “Los cambios requeridos para enfrentar la actual crisis climática y ambiental imponen mayores exigencias a la gestión pública y demandan una base de apoyo en la sociedad. Esto llama a cambiar el modo actual de toma de decisiones, abriendo más espacios de participación pública”.
Los organismos internacionales celebran la entrada en vigencia del acuerdo de Escazú
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ONU Derechos Humanos emitieron un comunicado conjunto en el que destacaron que la entrada en vigencia de Escazú es un «avance relevante considerando que América Latina es una de las regiones más peligrosas para las personas defensoras de la tierra y el ambiente«, convocaron a incorporarse al acuerdo a los países que no lo ratificaron e instaron a los Estados donde entra en vigencia a “desarrollar procesos participativos, mediante planes de acción nacionales, para su efectiva implementación”.
En el comunicado conjunto, la CIDH, y ONU Derechos Humanos subrayan “los riesgos y ataques que enfrentan continuamente las personas que defienden y promueven los derechos a la tierra, territorio y al medio ambiente en la región” como “actos de hostigamiento, amenazas, criminalización y estigmatización, ataques contra su vida e integridad personal y las de sus familias”.
En los últimos días, la Argentina no fue una excepción frente a estas persecuciones a defensores ambientales. En el Andalgalá continúan detenidos 12 vecinos y vecinas, que fueron detenidos en violentos allanamientos, ordenados de manera irregular y con argumentos forzados. “Nos sentimos totalmente desprotegidos, perseguidos ideológicamente y atemorizados ante un Estado que no respeta las garantías constitucionales”, relató la asambleísta Ana Chayle a esta agencia.
“Los riesgos que enfrentan tienen un efecto amedrentador que va más allá de las víctimas directas, pues amenaza con paralizar actividades de defensa cruciales para el futuro del planeta y la humanidad”, sostiene el comunicado de la CIDH y ONU Derechos Humanos y advierte la tensión con los proyectos extractivos: “En América Latina, un gran número de agresiones se producen en el contexto de proyectos mineros, turísticos, hidroeléctricos y agroindustriales”.
«Tales actividades son aprobadas e implementadas sin el debido respeto al derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y comunidades», sentencian los organismos internacionales frente al desafío que plantea el cumplimiento del Acuerdo de Escazú. Además, lamentan la “reducida capacidad y voluntad de los Estados para fiscalizar los delitos ambientales” y “la erosión de los mecanismos para garantizar que las personas y organizaciones de la sociedad civil participen plenamente en la toma de decisiones”.
Fuente : Agencia Tierra Viva
Fuente foto : Agencia Tierra Viva
