Mientras que un juicio en contra del “narcotráfico respaldado por el estado” continua en la ciudad de Nueva York en contra de Tony Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández, el cual es respaldado por Estados Unidos y Canadá (estando el mismo implicado en el narcotráfico). El COPINH, miembros familiares de Berta Cáceres y sus abogados continúan con un juicio que marca un precedente en Honduras. El juicio es en contra de uno los “autores intelectuales” del asesinato de Berta que tuvo lugar el 2 de Marzo de 2016, este mismo está vinculado con las mas altas esferas del régimen corrupto, opresivo y narcotraficante de Honduras.
SOA Watch (School of the Americas Watch)
10 de octubre de 2019
Hoy 10 de octubre de 2019, habrá una audiencia en contra del anterior agente de inteligencia militar hondureño Roberto David Castillo Mejía por el asesinato de la líder del movimiento social e indígena, Berta Cáceres. El resultado de esta audiencia decidirá si Castillo, el único autor intelectual acusado hasta ahora por el asesino de Berta, deberá ser enjuiciado o no. Castillo es el presidente de la junta y el director ejecutivo de la empresa hondureña DESA que trataba de construir el proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca, en el río Gualcarque al cual se oponía Cáceres.
Informe importante: “Violencia, Corrupción e Impunidad en el Sector Energético de Honduras”
El mes pasado, la School of Americas Watch (SOAW), la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala, la Plataforma Internacional contra la Impunidad, la Fundación para el Debido Proceso y la organización de Derechos Humanos de Robert F. Kennedy publicaron un extenso reporte trazando el perfilo de Castillo, el reporte intitulado, “Violencia, Corrupción e Impunidad en la Industria Energética Hondureña»:
El reporte describe evidencia admitida en el juicio de 2018 en contra de las primeras siete personas enjuiciadas por el asesinato de Berta Cáceres. El reporte provee información de peso en cuanto a la planeación y la ejecución del asesinato de Cáceres. Datos telefónicos y otro tipo de evidencia muestran claramente que Douglas Bustillo, graduado de la escuela de entrenamiento militar de las Américas en EE. UU., y que trabajaba para Castillo como agente de seguridad de la empresa DESA, coordinó con el exsoldado Henry Hernández el asesinato. Demostrando también que el motivo de este fue financiero; habría retribución monetaria.
Hernández fue condenado por su papel como cabecilla del grupo de sicarios que ejecutaron el asesinato de Cáceres (2 de marzo de 2016) y Bustillo también fue enjuiciado por haber servido como intermediario. El comandante Mariano Díaz, graduado de la Escuela de las Américas (SOA), también participó en la coordinación y por lo tanto fue enjuiciado. Una de sus líneas telefónicas había sido escuchada por las autoridades durante la planeación del asesinato, mientras estaba siendo investigado por narcotráfico y por secuestro.
La evidencia indica que, durante la planeación del asesinato, Bustillo fue un intermediario que se comunicaba con su antiguo jefe, Roberto David Castillo, con Díaz y con Hernández. Por lo tanto, el 5 de febrero de 2016, tuvo lugar el primer atentado en contra de la vida de Cáceres. Ese día, Castillo envió un mensaje por Whatsapp a Bustillo recordándole que se “acordara de los accidentes y de la escena” (La traducción en Inglés del mensaje en Español; citas y pies de paginas se encuentras en el reporte).
Bustillo se encontró con Hernández en la ciudad hondureña de Siguatepeque para preparar el intento de asesinato. Le proveyó un arma y fotos de Cáceres en su teléfono celular. Hernández viajo a la ciudad de La Esperanza, aparentemente acompañado de una persona no identificada. Sin embargo, más tarde esa noche, le avisó a Díaz que no pudieron llevar a cabo el asesinato, indicando que había mucha gente en casa de Cáceres.
A la mañana siguiente Hernández le confirmó a Díaz que habían estado en el lugar y que necesitarían un auto y un plan diferente para el siguiente intento para llevar acabo el asesinato. Después, Hernández habló cuatro veces con Bustillo, después de lo cual le envió un mensaje Whatsapp a Castillo informándole que la misión había sido abortada y que esperaría por lo que Castillo le había dicho, ya que no tenía más dinero para logística. Bustillo repitió que necesitaría lo que Castillo iba a presupuestar para la logística. Castillo respondió, “Copiado, misión abortada”. (La traducción en Inglés del mensaje en Español; citas y pies de paginas se encuentras en el reporte).
Los mensajes entre Castillo y Bustillo indican que el 29 de febrero de 2016, ambos coordinaron una reunión para la mañana siguiente el primero de marzo de 2016. De esta manera, Castillo podría darle dinero a Bustillo. El 2 de marzo de 2016, unos hombres irrumpieron en la casa de Berta Cáceres le dispararon mortalmente, y dispararon hiriendo a Gustavo Castro, entre las 11:30 pm y las 11:40 pm. Poco después de haber ejecutado el acto, Hernández le envió un mensaje de texto a Bustillo.
Horas mas tarde, según los reportes de las compañías telefónicas, Bustillo se fue de Tegucigalpa y viajo hacia el norte al departamento de Cortes, comunicándose con Hernández durante el camino, supuestamente para entregarle el dinero a los sicarios. Mientras estaba en Cortes, Bustillo se comunicó con Castillo por vía telefónica y mensajes de texto.
El reporte, “Violencia, Corrupción e Impunidad en el Sector Energético de Honduras” detalla también llamadas telefónicas y otra evidencia admitida en el juicio del año 2018 que indican un patrón de abusos hacia los derechos humanos y de corrupción de parte de Castillo y otras personas de la empresa DESA. Especialmente la manera en la cual trataron de neutralizar a Berta Cáceres y la oposición del COPINH hacia el proyecto de Agua Zarca.
La información extraída de los teléfonos de Bustillo y Sergio Rodríguez, director de comunicaciones social y medio ambiental de DESA, así como conversaciones telefónicas interceptadas, indican que los ejecutivos de DESA y los empleados procuraron vigilar y neutralizar a Berta Cáceres y al COPINH usando informantes contratados. Estos informantes se identificaron como miembros de la COPINH, pero secretamente proveían a DESA con información acerca de los planes y las actividades de Berta Cáceres y del COPINH.
La evidencia admitida en el juicio indica también que los ejecutivos de DESA, directores y empleados, incluyendo a Castillo y a aquellos bajo su supervisión, consiguieron el apoyo de las fuerzas del orden y funcionarios judiciales. La evidencia indica que ellos usaron sus contactos con oficiales del gobierno para asegurarse que elementos policiales y militares fueran despachados al área del proyecto de Agua Zarca. A su vez, fuerzas de seguridad estaban a la disposición de DESA para poder neutralizar la oposición al proyecto. Esto incluye la unidad de fuerzas especiales de los Estados Unidos conocida como TIGRES.
Castillo tiene cargos en su contra por el asesinato de Berta Caceres, se le han imputado cargos de fraude y de uso de documentos falsos en relación con permisos para el proyecto de Agua Zarca. Castillo trabajaba para la empresa federal ENEE al momento de firmar el contrato con DESA para venderle la energía a la ENEE proveniente del proyecto de Agua Zarca. Además, el Tribunal Superior de Cuentas de Honduras halló que Castillo había recibido ilegalmente un salario doble de parte de las Fuerzas Armadas y de la ENEE, y que otra empresa suya vendió equipo a las Fuerzas Armadas a un alto precio. Para más detalles, lea el reporte completo aquí.
Foto : Amnesty
