En enero de este año, tras liderar una acción con la comunidad para retirar las dragas del río, Mayán se volvió en blanco de amenazas de muerte. Estas la obligaron a viajar a Lima para pedirle ayuda a las autoridades peruanas.
Los mecanismos de protección para los defensores ambientales, como Augostina Mayán, necesitan mejorar, señalan especialistas.
A los 13 años, Augostina Mayán Apikai escapó de su comunidad en el Cenepa, una zona de la Amazonía peruana en la frontera con Ecuador. Lo hizo para huir de una costumbre awajún y de la voluntad de su padre, que quería que contraiga matrimonio, deje de estudiar, tenga hijos y obedezca a su marido. “Los tiempos han cambiado. Y yo quería seguir aprendiendo, ya sabía leer”, dice. Nunca imaginó que se graduaría de contadora, que regresaría para convertirse en una de las lideresas más importantes del Cenepa y que se tendría que enfrentar a mineros ilegales y mafias.
Tantos retos y problemas ha superado Augostina Mayán durante su vida como lideresa indígena awajún, que a veces le parece que no hay obstáculo que no pueda sortear. Estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, hizo una maestría y viajó a España, Italia y Francia. Perteneció a la dirigencia de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), donde fue amenazada en el 2009 tras participar en el Baguazo, levantamiento de comunidades indígenas para reclamar por el respeto a la consulta previa frente a la propuesta de parte del Gobierno de promover concesiones en la Amazonía. Recuerda también que aunque organizaciones de derechos humanos le ofrecieron en un momento apoyarla con los trámites para que se quede a vivir en Europa, decidió volver a su comunidad en Amazonas para retomar su lucha ambiental. Este regreso de la lideresa awajún vino acompañado de nuevos peligros.
En febrero de este año, recibió amenazas de muerte. Los que buscan amedrentarla, narra Augostina Mayán, la han acusado de brujería y quieren que deje su trabajo, su casa, que deje a sus padres. Desde que los mineros ilegales se instalaron en la Cordillera del Cóndor en el 2009 y en las riberas del río Cenepa en el 2016, han ofrecido dinero a algunos de los habitantes de la zona y hasta familiares de Mayán a cambio del alquiler de sus chacras para ampliar su área de explotación, precisa la dirigente. Les ofrecen hasta 3 mil soles y a los que están en contra, asegura, los quieren desaparecer.
“Estábamos tranquilos, ahora tenemos conflictos entre nosotros, como no hay con qué comprar medicamento, en esta situación, los mineros se presentan como la solución a los problemas”, dice Mayán Apikai, quien lamenta que detrás de las amenazas no solo estén los mineros ilegales, sino comuneros awajún que se encuentran desesperados ante las complicaciones económicas y las deudas que la pandemia está generando.
La justicia awajún contra la invasión minera
Los mineros y sus negocios han prosperado en la zona fronteriza de la región Amazonas en Perú. En los territorios donde la Minera Afrodita quería explotar metales preciosos, ahora proliferan agujeros; han llegado inmigrantes de Ecuador a excavar en la zona, abriendo tajos en la Cordillera del Cóndor. En la parte baja, donde se ubica el río Cenepa, la minería ilegal la realizan colonos llegados de otras regiones del Perú y comuneros que no encuentran muchas formas de afrontar la falta de recursos, y la extracción del mineral se presenta como una forma de adquirir dinero rápido, indica Rocío Meza, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL) que brinda asistencia a las comunidades. Meza añade que se han colocado dragas en la ribera del río Cenepa para extraer oro.
Según el informe de la Organización Mundial de la Salud “La minería aurífera artesanal o de pequeña escala y la salud, en las formas de extracción artesanal se usa mercurio, metal altamente contaminante. En el documento se sostiene que entre las consecuencias medioambientales del dragado aluvial se encuentran la degradación de tierra, la pérdida de tierra fértil, la escasez de agua limpia y el aumento de enfermedades.»
Durante la pandemia se ha incrementado la actividad minera aluvial en las comunidades de Mamayaque, Kayamás, Nueva Vida, Mamayaque, Tutino, Omar Siete, San antonio, Aintam, Huampami, Canga y Kusu Pagata, todas ubicadas en la región Amazonas. Así lo han advertido organizaciones de derechos humanos, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y CooperAcción. En la comunidad a la que pertenece Augostina Mayán, Nuevo Kanam, han llegado mineros colonos que se han instalado en la zona en alianza con algunos comuneros.
Mineros ilegales operan constantemente en en la zona baja del Cenepa. Desde que empezó la pandemia, no se han realizado operativos en esta zona.
La Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), donde Augostina Mayán fue presidenta hasta el 2019, ha impulsado la defensa del territorio awajún. Además ha liderado proyectos de desarrollo social ligados a la reforestación y el uso sostenible de los recursos. Para Rocío Meza, abogada de IDL, es el último bastión de resistencia ante la destrucción que puede traer la minería ilegal.
El problema es que esta defensa ha empezado a traer violencia a las comunidades. Las amenazas no solo han alcanzado a Augostina Mayán, sino también a Hortez Baitug, actual presidente de ODECOFROC, y Zebelio Kayap, otro dirigente awajún. Sus casos ya son de conocimiento de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS).
“Pero en el Cenepa no hay policías, ni puestos de seguridad. Si algo sucede, la Fiscalía de Bagua se entera al día siguiente. Simplemente no hay Estado”, dice Mayán.
Durante la pandemia, señala Siu Lang Castillo de CooperAcción, no se han realizado operativos en la zona baja del Cenepa. Estas acciones las coordina el Ministerio del interior para desalojar mineros ilegales. Los policías entran a dinamitar o decomisar maquinaria que se usa en la extracción de mineral. Si la presencia del Estado era poca en la zona, en medio de la emergencia sanitaria esta situación se agravó, explica Rocío Meza de IDL.
Mongabay Latam se comunicó con el director de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía, el General PNP José Ludeña Condori, quien afirmó que no han realizado interdicciones en la parte baja del Cenepa, por lo menos desde el año pasado. Confirmó que “existe actividad ilegal en la zona, hace unos días ha llegado un documento informando sobre la presencia los colonos de la tala y actividad minera ilegal, lo hemos derivado al departamento de la policía en Amazonas. Estamos esperando que nos informe el jefe de la zona, para que haga un reporte y nos informe sobre lo que está ocurriendo”.
El General señaló que la pandemia representa un obstáculo para la realización de operativos y que se requiere presupuesto y movilizar tropas, ello con un presupuesto limitado.
La arremetida de los mineros ilegales
El punto de quiebre en las tensiones que existían entre ODECOFROC y los mineros ilegales ocurrió el 14 de enero de este año. Ese día Augostina Mayán lideró el desalojo de mineros de su comunidad Nuevo Kanam. Cuenta que aprovechándose de la situación económica y las muertes por la pandemia, presionaron a algunos habitantes de Nuevo Kanam para que les permitieran ingresar.
Cuando Augostina Mayán llegó a ver a sus padres ancianos, que viven en la zona, se encontró con las dragas y otros instrumentos que se usan para extraer el metal precioso a orillas del río, muy cerca de la propiedad de su familia. La lideresa indígena no pudo contener su indignación. Ella, que ha asistido a tantos congresos ambientales, conocía perfectamente lo que la extracción del oro le hacía a los ríos, sabía del mercurio y la contaminación que trae.
Recordó de inmediato el caso de Madre de Dios, donde la minería ilegal ha traído otros problemas como la trata de personas y el aumento del narcotráfico. Decidió intervenir y llamar a una asamblea general. Logró convencer a los comuneros que lo mejor era retirar las dragas y les dijo que el progreso prometido solo les traería pobreza y enfermedades.
A los pocos días, realizaron una “interdicción” al estilo awajún. Cortaron las sogas que mantienen fijas las dragas y las echaron río abajo, “porque nadie le puede reclamar al río que devuelva”, dice Mayán. Esa acción desató la ira de los mineros.
Ese hecho dividió en dos a la comunidad, incluso un grupo de comuneros exigió a Mayán el pago de 15 mil soles por el material perdido. “Cuando ocurre un desalojo o interdicción comunitaria, ocurre un enfrentamiento y se genera violencia, agresiones, insultos”, comenta la abogada, Siu Lang Carrillo.
Desde enero, las amenazas han empezado a llegar a través de terceros, de vecinos o amigos que han escuchado sobre planes para atacar a la lideresa awajún. Uno de los mineros incluso fue a la casa de los padres de Augostina Mayán para amenazarla. “Le dijeron a mi padre que ellos viven de la minería, que no tengo derecho a desalojarlos y que me cuide. Lo insultaron y mi padre que sufre de presión alta tuvo un desmayo”, cuenta exaltada.
Unos meses después, en marzo, la radio comunitaria de la organización ODECOFROC sufrió un ataque. “Los candados estaban malgastados, la puerta estaba semiabierta, la mesa donde está la transmisora estaba inclinada y los cables mezclados. Han querido cruzar con energía eléctrica y como no sabían, lo dejaron así. Los pedestales y micrófonos estaban caídos, y el cable que más se ha dañado es el que se utiliza para transmitir música”, denunció Zebelio Kayap .
A pesar de las amenazas y problemas de seguridad en la zona, Augostina Mayán no quiere dejar el Cenepa ni abandonar la lucha ambiental en su comunidad.
La lucha por conseguir protección
América Latina es una de las regiones más peligrosas para los defensores ambientales. En Perú, entre el 2020 y 2021, la Defensoría del Pueblo ha reportado la muerte de ocho líderes indígenas. A Nelly Aedo Rueda, jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, le preocupa la situación, señala que las actividades ilegales han aumentado con la pandemia y con eso se está poniendo en riesgo la vida de muchos defensores ambientales.
El caso de Augostina Mayán y de sus compañeros Hortez Baitug y Zebelio Kayap ha llamado la atención. “Conocemos lo sucedido y hemos empezado a alertar del problema”, señala Aedo. Agrega, además, que “ninguna autoridad que tenga competencia en el tema puede decir que desconoce el riesgo que viven los defensores en el Cenepa, sería inaceptable que no actuaran frente a esta situación”.
Entre febrero y marzo, la Defensoría del Pueblo emitió por lo menos unos seis oficios dirigidos al Ministerio Público, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Ministerio de Relaciones Exteriores para informar el peligro de la minería ilegal y las amenazas a líderes indígenas en el Cenepa.
Jorge Abregó Espinoza, coordinador del equipo de implementación del Protocolo de Defensores del Ministerio de Justicia, respondió que se activó el Protocolo de Defensores ambientales y que han iniciado las gestiones correspondientes. ¿Cuánto tardarán? El tiempo es clave para los defensores en el Cenepa.
Siu Lang Carrillo de CooperAcción asegura que dicho protocolo no es aplicable a las condiciones en las que viven los defensores. En principio, contempla resguardo policial en una zona donde no hay puestos de seguridad, por lo que la interdicción es el camino que consideran más apropiado.
“Si ellos quisieran desaparecerme lo harían en el monte, allá donde no hay nadie”, dice Augostina Mayán. La lideresa indígena considera que la única manera de estar segura es con el desalojo de los mineros de la zona.
Había antecedentes. En el 2019, el presidente ODECOFROC, Hortez Baitug, denunció la existencia de minería ilegal ante la Fiscalía Provincial Especializada de Bagua. Aunque no se tuvo ninguna respuesta y el proceso quedó estancado, ya se advertían los peligros para los líderes en la zona.
Las abogadas que siguen el caso, Rocío Meza y Siu Lang Carrillo, apoyaron en la solicitud de garantías para los dirigentes amenazados del Cenepa. El proceso sin embargo avanzó lento. En un punto, explica Meza, el subprefecto provincial de Condorcanqui pidió una reunión presencial con los líderes indígenas en plena segunda ola de pandemia. La abogada solicitó que este encuentro se cancelara, pues ponía en riesgo la vida de Augostina Mayán y de los otros líderes. El 12 de febrero, finalmente, la autoridad otorgó las garantías a los tres dirigentes amenazados.
La lideresa awajún no se cansa de denunciar la poca presencia de autoridades estatales en la zona. Para ella, su mejor protección es su familia, su comunidad y los que creen en ella.
Lo que más le apena es que otra parte de su propia familia ha decidido que la minería ilegal es el camino al “desarrollo”. “La minería está destruyendo los lazos comunitarios, no hay tranquilidad”, dice Mayán.
Siu Lang Carrillo afirma que “han apelado a los procedimientos legales y están agotando todos los esfuerzos para que el Estado actúe”. Considera que la única forma de parar la situación de riesgo es que se realice otra interdicción y que el Ministerio del Interior junto a la policía realicen acciones contundentes. “Porque se trata de criminales”, opina.
“Es una situación difícil y que tengan que dejar sus actividades, su vida por culpa de los mineros ilegales es como un castigo y ellos solo están protegiendo sus territorios, y la Amazonía”, afirma Carrillo.
Las mujeres se organizan
Es difícil en el Cenepa afrontar las necesidades económicas que se han incrementado con la pandemia. Augostina Mayán recuerda que, hace unos meses, le tocó la puerta una de las madres con las que trabaja en el proyecto de Maestras ceramistas del Cenepa, vino a contarle que ante la desesperación y la posible enfermedad por COVID-19 de uno de sus hijos le alquiló la chacra a uno de los mineros ilegales por 3 mil soles.
“Se aprovechan de las carencias de mi pueblo, les ofrecen dinero, cosas y ellos que están buscando formas de salir adelante, empiezan a aceptar a los mineros (colonos)”, dice Mayán.
La lideresa indígena del Cenepa está convencida de que las mujeres awajún son verdaderas defensoras del territorio, pero necesitan dejar de depender económicamente de sus esposos para lograr tener una voz propia. Por eso apoya activamente e impulsa el grupo de Maestras ceramistas del Cenepa, un espacio que Mayán aprovecha para reflexionar con sus compañeras sobre los problemas que tienen que afrontar. Ellas son parte de ese soporte comunitario que ha construido frente a las actividades ilegales.
El actual presidente de ODECOFROC, Ortez Baitug Wajai, reconoce el papel de Augostina Mayán como lideresa y resalta el trabajo de las madres awajún. “En la cultura awajún a la mujer no se le puede hacer daño, se le considera una guerrera, una guardiana de conocimiento. Ahora tenemos 7 u 8 escuelas de cerámica, allí se desenvuelven y son sus esposos quienes le dan soporte”, afirma el dirigente.
A pesar del acoso de los mineros ilegales, Augostina Mayán no está dispuesta a dejar de trabajar con las maestras ceramistas. Ha logrado importantes avances con ellas, como el reconocimiento de estos saberes por parte del Ministerio de Cultura, la participación de mujeres awajún en ferias organizadas en Lima y un circuito de venta de cerámica. “¿Cómo las voy a dejar ahora? No podría”, dice.
Su mayor preocupación son sus dos padres ancianos. “Mi padre me ha pedido perdón, ha reconocido mis logros, me ha dicho: estoy orgulloso”. Cuando fue presidenta de ODECOFROC y los problemas con los mineros comenzaron a aparecer, su padre decidió encargarse de cuidar la puerta de su oficina y no dejar pasar a nadie.
Ese gesto, lo guarda con cariño.
La defensora awajún está lista para seguir luchando a pesar de los peligros y las amenazas. Los pequeños gestos de las comuneras le dan la fuerza que necesita.
“La sonrisa de las niñas, que dicen que quieren ser como yo —dice Augostina Mayán— es la mayor recompensa a pesar de lo que me pueda estar pasando”.
Fuente: Mongabay Latam
