Por este medio manifestamos nuestra solidaridad con las diferentes comunidades de Santa Rosa y Jalapa que desde el 2012, se han organizado para detener de forma pacífica la instalación ilegal e inconsulta del proyecto minero El Escobal, propiedad de Minera San Rafael, subsidiaria de la transnacional canadiense Tahoe Resources.
Desde el momento en que estas comunidades decidieron ejercer su derecho constitucional a la resistencia, el Estado y la empresa minera con el propósito de contrarrestar esta resistencia, recurrieron a la represión y la criminalización, la cual adquirió su mayor connotación con la implementación del estado de sitio el 02 de mayo de 2013 en los municipios de Casillas y San Rafael las Flores del departamento de Santa Rosa; y, los municipios de Mataquescuintla y Jalapa, departamento de Jalapa.
A partir del 7 de junio del 2017, se instala en la entrada del Municipio de Casillas un Plantón Pacífico con participación de los municipios de Santa Rosa de Lima, Nueva Santa Rosa, Casillas y San Rafael Las Flores todos del departamento de Santa Rosa; así como los municipios de Mataquescuintla, Jalapa-Santa María Xalapán y San Carlos Alzatate del departamento de Jalapa, haciendo uso del derecho constitucional de
resistencia pacífica, establecido en el Artículo 45 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
Entre junio y octubre de 2017, en el marco de la resolución judicial que suspendió de forma temporal las operaciones de la Mina El Escobal, esta represión y criminalización se ha incrementado, y principalmente, ha adquirido connotaciones orientadas a generar escenarios marcados de hechos violentos, los cuales sin prueba alguna, se atribuyen a estas comunidades. Tal es el caso, entre otros, de los supuestos ataques en contra de camiones propiedad de los proveedores de la mina San Rafael, ocurrido el pasado 26 de septiembre y, el ataque ocurrido el 09 de octubre de 2017 contra un helicóptero que trasladaba combustible hacia las instalaciones de este proyecto.
La ocurrencia de estos hechos, pero principalmente el relacionado con el helicóptero, están orientados a generar las condiciones que permitan, al igual que en mayo de 2013, crear un clima en el que se justifique una mayor represión y criminalización en contra de las comunidades de Santa Rosa y Jalapa así como en contra de las organizaciones que les acompañan. Ante ello,
Denunciamos:
Que el Estado a través del Ministerio de Energía y Minas, no realizó las consultas comunitarias previo a proceder a autorizar las licencias mineras a la transnacional Tahoe Resources Inc,
Que la Minera San Rafael, Tahoe Resources Inc., y sus proveedores en el marco de reiniciar las actividades extractivas, pretenden crear un escenario mediático de violencia en la región a manera de justificar cualquier acción represiva de parte del Estado orientada a desorganizar y desmovilizar la resistencia pacífica de las comunidades de Santa Rosa y Jalapa.
La campaña mediática de mentiras y terror que tanto el Estado de Guatemala como el capital nacional y transnacional, han planificado para desprestigiar y criminalizar a las comunidades que en Santa Rosa y Jalapa se oponen legal y pacíficamente.
Solicitamos:
A los organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos, fortalecer las medidas de acompañamiento con las comunidades de Jalapa y Santa Rosa con el propósito de evitar cualquier acción represiva en contra de estas.
A las organizaciones y movimientos sociales y populares del país denunciar esta ola de represión y criminalización en contra de las comunidades de Jalapa y Santa Rosa.
Guatemala de las Resistencias,
17 de octubre de 2017
Organizaciones firmantes
ASOCIACIÓN SERVICIOS JURÍDICOS Y SOCIALES –SERJUS–
ASOCIACIÓN MAYA UK’ UX B’E
COMITÉ CAMPESINO DEL ALTIPLANO (CCDA)
COORDINACIÓN Y CONVERGENCIA NACIONAL MAYA WAQIB KEJ
ASOCIACION CIVL EL OBSERVADOR
FUNDACION TIERRA NUESTRA
RESISTENCIA PACÍFICA LA PUYA
UNIDAD DE PROTECCIÓN A DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS, GUATEMALA
-UDEFEGUA-
