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4 avr. 2016 — BCIE suspende desembolso al Proyecto Agua Zarca
Hidroeléctrica señalada por asesinato de Berta Cáceres y de otros miembros de COPINH
Después de una campaña de presión de organizaciones y ciudadanos el directorio del Banco centroamericano de Integración Económica (BCIE) suspendió los desembolsos al proyecto, colegiar su decisión al conjunto de los bancos socios y definió participar en una visita de alto nivel con el Banco Finlandés (Finnfund) y el Banco de Desarrollo Holandés (FMO).
El FMO ha invertido 15 millones de dólares en Agua Zarca, mientras Finnfund, el segundo prestamista, tiene un compromiso de 5 millones de dólares en el proyecto. Mientras el BCIE había desembolsado 9 millones de dólares y Banco Finlandés (Finnfund) 5 millones de dólares. El Banco Finlandés (Finnfund), como el Banco de Desarrollo Holandés (FMO), decidieron congelar con efecto inmediato su financiamiento de todas sus actividades en Honduras hasta cerciorarse de que sus estándares sociales y ambientales se estén cumpliendo.
En su comunicado el 16 marzo pasado el Banco de Desarrollo Holandés (FMO) informo: “dada la situación actual, con la violencia en curso, FMO decidió suspender todas las actividades en Honduras, con efecto inmediato. Esto significa que no vamos a participar en nuevos proyectos o compromisos y que no se harán desembolsos, incluyendo el proyecto de Agua Zarca. Como ya se anunció, una delegación que incluye al director general y director de FMO para el sector de la energía, viajará a Honduras y visitar las comunidades de todo el proyecto Agua Zarca para obtener una comprensión completa de la situación actual. FMO invita a las ONG en su apoyo en esos esfuerzos. Esta misión se llevará a cabo tan pronto como la situación de seguridad lo permita. También vamos a hacer una investigación exhaustiva sobre todos los otros proyectos en Honduras las que forme parte. Sobre la base de cada investigación, se harán nuevas decisiones sobre la participación constante de FMO”.
El proyecto hidroeléctrico se vincula no sólo con la muerte de Cáceres, sino también con los asesinatos de Tomás García en 2013 e Irene Meza Williams, Jacobo Rodríguez Maycol y Ariel Rodríguez García en 2014. Además otro muerte con el PH Babilonia en Olancho Honduras y tres más en Panamá, el en el PH Barro Blanco, hoy detenido por todo tipo de cuestionamientos y nivel de conflictividad.
Para los ecologistas de FECON esta decisión evidencia que el BCIE como entidad financiera internacional carece tanto de una política ambiental en sus operaciones y la normativa internacional pregonada por los organismos multilaterales. De hecho, el BCIE no es firmante de los Principios de Ecuador, conjunto de directrices voluntarias para evaluar la condición social y ambiental de los empréstitos y a los cuales se han sumado más de 70 instituciones financieras globales desde 2003.
La petición de los ecologistas exigía una visita de evaluación de alto nivel del BCIE al Proyecto Agua Zarca, a las comunidades y organizaciones afectadas por el proyecto. Además de “establecer dentro del BCIE las responsabilidades individualizadas del personal directivo, administrativo y técnico, relacionado con un manejo ambiental ilegal de los recursos financieros provenientes de las operaciones de crédito, y una vez identificadas las responsabilidades que se actúe conforme a la legislación hondureña”.
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En su próxima sesión, el BCIE discutirá su participación en el Proyecto Hidroeléctrico (PH) Agua Zarca, al que se le vincula con el asesinato de la lideresa ecologista Berta Cáceres. Es imperativo que el BCIE desista de financiar o apoyar de cualquier manera este proyecto, y se sume a la exigencia de una investigación exhaustiva e inmediata tanto del asesinato de Berta Cáceres como de los que se incluyen en esta solicitud.
El BCIE ha desembolsado 5 de los 24.4 millones de dólares que tiene previsto invertir en el PH Agua Zarca. Luego del asesinato de Berta Cáceres quien lideraba la oposición a dicho proyecto, tanto el Banco Finlandés (Finnfund), principal financista, como el Banco de Desarrollo Holandés (FMO), decidieron, con efecto inmediato, congelar temporalmente su financiamiento de todas sus actividades en Honduras hasta cerciorarse de que sus estándares sociales y ambientales se estén cumpliendo. También es posible que una delegación integrada por funcionarios del FMO y Finnfund llegue a Honduras con el objetivo de sostener un diálogo serio con integrantes del COPINH. Una acción parecida tomó Costa Rica, donde el Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, anunció que no participará en el PH Agua Zarca, según lo solicitado por la Federación Ecologista, FECON, diputadas y diputados y organizaciones sociales.
¿Por qué la oposición de Berta Cáceres? COPHIN, la organización que representó Cáceres, y otras organizaciones ambientalistas de Honduras y Mesoamérica desde hace años pidieron retirar el financiamiento internacional para el PH Agua Zarca, por violar el Convenio 169 de la OIT que estable la consulta previa, libre e informada de pueblos indígenas. También por el irrespecto de los derechos históricos y colectivos del pueblo indígena lenca, y por la violación al hábitat funcional y patrimonio natural, cultural y económico que representa el Río Gualcarque para dicha comunidad.
El PH Agua Zarca requiere de una ardua revisión de los estándares y requisitos que establecen los bancos internacionales para financiamientos de esta envergadura. Se requiere revisar cada uno de los contratos y acuerdos con cualquier empresa hondureña o internacional que intervenga en la ejecución de este proyecto. Continuar financiando el PH Agua Zarca contraviene cualquier estándar social mínimo que un banco como el BCIE debería tener. Esto se confirma con la ausencia de una aprobación formal del PH por parte de las comunidades de la zona.
Seguir con el proyecto sería una violación de las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) para Empresas Multinacionales que contienen pautas de comportamiento sobre asuntos como derechos humanos, empleo y relaciones laborales, ambiente, lucha contra la corrupción, intereses de los consumidores e impuestos, entre otros aspectos.
Si no se retira del PH Agua Zarca, el BCIE quedaría como único ente financiador de esta obra que se vincula no sólo con la muerte de Cáceres, si no también con los asesinatos de Tomás García en 2013 e Irene Meza Williams, Jacobo Rodríguez Maycol y Ariel Rodríguez García en 2014. Además, el BCIE también aparece como financiador del PH Babilonia asociado con el asesinato de Carlos Arturo Reyes en 2003. Honduras suma otras muertes relacionadas con PHs, como los 5 asesinatos de defensores del Río Chinacla. Estos no son casos aislados, pues también hay que sumar las muertes relacionadas con los proyectos Las Minitas, Aurora y Agua Blanca.
También el BCIE financió el Proyecto Patuca III que se benefició del apoyo y las leyes aprobadas tras el golpe de Estado del 2009 en Honduras, para no consultar a los pueblos indígenas Tawahka y Miskito, Pech y Garífuna. Un estudio independiente financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, sobre la construcción de la hidroeléctrica, concluye que «con relación al proceso de consulta realizado para el Proyecto III por la ENEE, podemos resumir que durante la realización de las mismas con el pueblo Tawahka y Miskito, ambos se manifestaron en contra del proyecto, debido a que consideran que uno de los impactos es el descenso del caudal del río afectándose la navegación por el mismo río, única forma de comunicación relativamente rápida a sus territorios[1]»
Pero la lista de muertes relacionadas con proyectos financiados por el BCIE, no solo es grande en Honduras. En Panamá, el PH Barro Blanco, con financiado BCIE, carga en su historial las muertres de Onésimo Rodríguez (2013), Gerónimo Rodríguez Tugri (2012) y Mauricio Méndez (2012). Ese financiamiento se ha dado aún sabiendo que no se realizó la consulta indígena de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT para esa hidroeléctrica, y también la invasión y afectación del Parque Internacional la Amistad, con el Proyecto “Changuinola 1” (Chan 75).
Estos son solo algunos de los casos de asesinatos más emblemáticos pero no son los únicos El BCIE es uno de los principales socios y financiador de proyectos hidroeléctricos en la región que suman al menos 50 activistas asesinados[2].
Los Estados miembros del BCIE deben hacer un serio análisis ético de cuanta sangre, costos sociales y ambientales han impuesto los proyectos que han financiado en la población centroamericana. El BCIE debe ir más allá del simple análisis de riesgo financiero. Ya no puede obviar las torturas cometidas, la criminalización de la protesta y los desplazamientos de poblaciones enteras, que contribuyen a la terrible situación migratoria en Honduras y en la región. También urge revisar cualquier impacto directo o indirecto, derivado de la contrucción proyectos que de acuerdo con estándares financiero y empresariales, pueden ser de “bajo riesgo”, pero que desde el punto de vista ecológico y social, resultan verdaderas catástrofes para la naturaleza y las comunidades. Evidentemente, las muertes suman una responsabilidad que ya nadie puede evadir, y mucho menos cualquier entidad que apoye esos proyectos.
Queda en total evidencia que el BCIE como entidad financiera internacional carece tanto de una política ambiental en sus operaciones, como de una ética mínima para garantizar el respeto a los derechos humanos, los derechos las comunidades indígenas y la normativa internacional pregonada por los organismos multilaterales, tales como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Convenciones Ambientales Globales. De hecho, el BCIE no es firmante de los Principios de Ecuador, conjunto de directrices voluntarias para evaluar la condición social y ambiental de los empréstitos y a los cuales se han sumado más de 70 instituciones financieras globales desde 2003.
Es indispensable que el BCIE desista de financiar proyectos que además de provocar daños irreparables en los ecosistemas y las comunidades, cargan con asesinatos selectivos que buscan eliminar la oposición de los pueblos. Estamos ante una ola o dinámica de terror aplicada en las comunidades en las que se ejecutan los proyectos financiados, entre otros bancos, por el BCIE. Esa es una deuda ética y moral que el BCIE debe asumir de inmediato, iniciando con la decisión de NO FINANCIAR el PH Agua Zarca.
Por lo tanto exigimos:
1.La cancelación inmediata del préstamo para el PH Agua Zarca.
2.Una visita de evaluación de alto nivel del BCIE al Proyecto Agua Zarca, a las comunidades y organizaciones afectadas por el proyecto. Esta visita deberá realizarse con acompañamiento de organizaciones ambientales y de Derechos Humanos de la región quienes rendirán un Informe paralelo al del Banco.
3.Establecer dentro del BCIE las responsabilidades individualizadas del personal directivo, administrativo y técnico, relacionado con un manejo ambiental ilegal de los recursos financieros provenientes de las operaciones de crédito, y una vez identificadas las responsabilidades que se actúe conforme a la legislación hondureña.
4.Que de inmediato el BCIE haga de conocimiento público y masivo en la región las herramientas de administración del riesgo ambiental de las operaciones crediticias que realiza, incluyendo al menos:
a.Protocolo para Estudios de Impacto Ambiental, Social y Cultural Transfronterizo para proyectos financiados por el BCIE, y además, específicamente, la EVALUACIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL EN EL ANÁLISIS DEL CRÉDITO CONCEDIDO PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO AGUAS ZARCAS.
b.Sistema de CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR DESARROLLADORES EN ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, SOCIAL Y CULTURAL TRANSFRONTERIZO.
c.Instrumentos que permitan materializar el COMPROMISO DEL BCIE DE GESTIÓN DE RIESGO AMBIENTAL, SOCIAL Y CULTURAL EN OPERACIONES FINANCIERAS para proyectos en Centro América.
5.Que el BCIE establezca un SISTEMA PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 169 SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES Y LOS INSTRUMENTOS DE CONSULTA VINCULANTE A LAS COMUNIDADES, ANTES DE CUALQUIER DESEMBOLSO.
6.Que el BCIE establezca un SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL BASADO EN ESTÁNDARES AMBIENTALES SISTEMÁTICOS, RIGUROSOS Y VERIFICABLES” y que garantice operaciones que respeten la legislación ambiental y la protección de los derechos humanos, de acuerdo con normas nacionales y convenios internacionales.
7.Que acorde a los tiempos, el FMO, Finn fund y el BCIE asuman, dentro del “sistema de garantía hipotecaria”, la responsabilidad social y ambiental de “heredar el impacto ambiental en la cuenca”, así como la corresponsabilidad por los delitos cometidos contra la naturaleza, los ecosistemas, las poblaciones indígenas y también contra otros habitantes de la cuenca.
Dirigida a:
Nick, Rischbieth: Presidente BCIE, nrischbi@bcie.org
Alejandro Rodríguez: Vicepresidente BCIE, jrodrigu@bcie.org
Jorge Muñoz, Contralor BCIE: jmunoz@bcie.org
José Deras, Jefe de Oficina de Evaluación: Derasj@bcie.org
Omar Martínez, Director México: Omartinez@bcie.org
Enmanuel Seidner, Director Guatemala: Eseidner@bcie.org
Guillermo Funes, Director El Salvador: Gfunes@bcie.org
Tania Lobo, Directora Honduras: Tlobo@bcie.org
Silvio Conrado, Director Nicaragua: Sconrado@bcie.org
Alberto Cortés, Director Costa Rica: Acortes@bcie.org
Alonso García, Director Colombia: agarcia@bcie.org
Víctor Fabiano, Director Argentina: vfabiano@bcie.org
M. Chen, Directora Taiwan: mchen@bcie.org
Fernando Cardesa, Director España: fcardesa@bcie.org
[1]http://cendoc.docip.org/collect/cendocdo/index/assoc/HASH1f63/c86e2018.dir/ODHPINH_UPR22_HND.pdf
[2] http://www.feconcr.org/doc/riosPHmuertesdefensoresriosregional.pdf
