Publicado por Fernando Molina, Nueva Sociedad, octubre de 2024
Tras las marchas organizadas por Evo Morales contra la administración de Luis Arce, que terminaron con varios heridos, el gobierno ha lanzado una ofensiva judicial contra el ex-presidente, incluida una denuncia, ahora reflotada, de abuso a una menor. Morales la rechaza como un caso de lawfare.
Tras ir escalando desde el regreso del Movimiento al Socialismo (MAS) al poder a fines de 2020, la guerra interna entre evistas y arcistas ha llegado a la colisión y ninguna de las facciones en pugna escatima medios contra la otra: los contendores se han lanzado uno contra el otro. Primero, el ala dirigida por el ex-presidente Evo Morales organizó a fines de septiembre una marcha de siete días hasta La Paz con el deseo apenas disimulado de crear las condiciones para que su ahora enemigo, el presidente Luis Arce Catacora, deba renunciar a su cargo. Acto seguido, el gobierno de Arce ha disparado una ráfaga de juicios contra Morales e incluso existe la posibilidad de que lo haga detener.
De estos procesos, el más importante en contra del líder indígena no es una sorpresa; es más bien lo que los bolivianos llaman un «plato recalentado». La fiscal del departamento de Tarija (sur de Bolivia), Sandra Gutiérrez, reactivó el 26 de septiembre de 2024 una investigación contra Morales que el gobierno de Jeanine Áñez había planteado a fines de 2019. Según la denuncia en la que se basa, el entonces presidente habría tenido un hijo en 2016 con una adolescente que entonces tenía 15 años y lo inscribió en el Registro Civil un año después.
Una copia del supuesto certificado de nacimiento ha circulado varias veces en las redes sociales. Esta investigación no avanzó durante la gestión de Áñez porque no hubo una denuncia directa de la presunta víctima y un fiscal de Yacuiba, la ciudad tarijeña de donde esta proviene, rechazó la acusación.
La denuncia se reactivó ahora en medio del conflicto entre Morales y Arce por la candidatura en 2025 y el control del MAS. De una manera que los allegados al ex-presidente consideran «clandestina», la fiscal Gutiérrez elaboró una orden de aprehensión contra Morales. Este relataría posteriormente que en ese momento comenzó un operativo policial para detenerlo. «Una fuente anónima me pidió que no salga de mi casa», reveló en la radio cocalera Kawsachun Coca.
Al mismo tiempo, los abogados de Morales, que también se enteraron de la existencia de la orden por filtraciones del Estado, plantearon un recurso ante una jueza de garantías, Lilian Moreno, la cual suspendió la detención. Además, intervino el jefe de Gutiérrez, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, quien la destituyó en tiempo exprés por supuesta «negligencia». Muy criticado por esta decisión, Lanchipa explicó, en un comunicado, que la investigación como tal seguía su curso.
Según Lilian Moreno, la jueza que detuvo el procedimiento de captura de Morales, la fiscal Gutiérrez pretendió presentar el caso como flagrante cuando tenía cinco años de antigüedad, un tiempo obviamente suficiente para que se notificara al acusado, que además vive en el departamento de Cochabamba y no en Tarija, donde se lo intentaba imputar.
El gobierno de Arce ha amenazado con procesos contra Lanchipa y Moreno. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ha declarado que, como padre de familia, siente «repudio y asco» hacia estas autoridades judiciales. El presidente Arce también se ha pronunciado directamente sobre el caso, lo que muestra la importancia que tiene para el oficialismo. Pidió que no se politice y que se guarde reserva sobre los detalles para proteger a la menor involucrada (que ya no lo es en este momento), pero eso no puede ocultar la propia división política de la justicia, atravesada también por la guerra intestina del MAS.
Los miembros del oficialismo, algunos de los cuales tuvieron que defender a Morales en el pasado, son conscientes de que los ataques más dañinos contra el fundador del MAS son los que aluden a sus relaciones sentimentales. En 2016, la primera denuncia de este tipo, que reveló la existencia de Gabriela Zapata –una ex-novia que trabajaba como gerente de una contratista del Estado sin credenciales para ello- y la historia de un supuesto hijo con ella que derivó en un culebrón contribuyeron a que Morales perdiera el referéndum constitucional de entonces, en el que se consultaba una cuestión fundamental para él: si podría reelegirse en 2019.
La derrota lo llevó a habilitarse mediante un recurso del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), lo que, a su vez, creó las condiciones para su derrocamiento ese año. Tras la salida de Evo Morales al exilio, la nueva mandataria, Jeanine Áñez, lo denunció dos veces por supuestos vínculos amorosos con menores de edad. Uno de estos casos es el que ahora ha vuelto a reflotar. El otro fue sustentado por el ministro Arturo Murillo, el «halcón» del gobierno interino, más tarde detenido por corrupción en Estados Unidos. Murillo hizo publicar de manera ilegal, en medios «amigos», mensajes telefónicos de una joven que entonces tenía 19 años, pero que, alegaba el entonces ministro, había comenzado una relación con el ex-presidente cuando aún era menor de edad. Además, denuncias extraoficiales sobre vínculos entre Morales y muchachas muy jóvenes han aparecido varias veces en las redes sociales.
«No me extraña ni me preocupa!», escribió Morales en la red X. «Todos los gobiernos neoliberales, incluido el actual, me amenazaron, me persiguieron, me encarcelaron, intentaron matarme. No tengo miedo! No me callarán!», subrayó.
Posteriormente convocó a una conferencia de prensa en su baluarte, el Chapare, donde vive rodeado de sus leales cocaleros. «Me acuerdo perfectamente que [la entonces presidenta Jeanine] Áñez me procesó e investigó. Y se demostró que era falso. El 10 de diciembre, en Yacuiba, hubo una resolución [del] fiscal de rechazo» de la acusación de estupro, aseguró. «No hay nada y no va a haber nada. Lucho [Arce] igualito que la Áñez. Lucho es Áñez», afirmó el ex-mandatario rodeado de más de una decena de dirigentes del ala evista del MAS.
Morales recordó que, según la legislación boliviana, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo cargo. «¿No sabe el ministro de Justicia [César Siles] el código de procedimiento penal?», se preguntó.
Morales mostró varias encuestas que lo ubican primero en la intención de voto, en tanto que los cifras de Arce están en el piso. Según su visión, expresada en tercera persona, la arremetida judicial obedece a la necesidad de «desgastar la imagen de Evo». «Esta campaña sucia y mentirosa tiene el objetivo de anular políticamente cualquier opción electoral que represente una alternativa para salir de la crisis económica. Y la desesperación los arrastra a buscar conseguir con el abuso de poder lo que ya no pueden conseguir con la legitimidad que otorga la democracia», insistió en otro posteo en X, donde suele ser muy activo.
Morales no habla de la crisis económica por casualidad. Uno de los datos de los sondeos que mencionó en su conferencia de prensa es que 80% de los bolivianos desaprueban el manejo económico del gobierno. La crisis es la principal debilidad de Arce, que el presidente no puede resolver con el programa estatista, sustentado en la explotación de recursos naturales, sobre todo gas, que comparte con su gran rival; un programa que durante una década y media resultó bastante exitoso pero se ha venido agotando. Además, el gobierno se caracteriza por su débil gestión política.
La principal causa de las dificultades económicas del país es que tiene que importar combustibles por alrededor de 3.000 millones de dólares cada año y por eso sufre un déficit comercial que, sumado a la fuga de capitales, ha acabado con las divisas extranjeras. Sin dólares, la economía de Bolivia está muy apretada. Hay un semicorralito a los depósitos bancarios nominados en dólares y una incipiente pero inequívoca alza de precios. Hasta hora el país se ha salvado de entrar en default de su deuda externa, pero el riesgo país es muy elevado y eso le impide colocar bonos en el mercado internacional. Arce ha asegurado que no recurrirá al Fondo Monetario Internacional (FMI) porque este condicionaría su ayuda a la adopción de medidas como la suspensión de la subvención de los combustibles, que el presidente ha descartado.
Morales, más pragmático, en parte porque no le toca gobernar, sí ha hablado de revisar las subvenciones a los combustibles, que aumentan la demanda y promueven el contrabando a los países vecinos, donde su precio es tres veces mayor. También Morales mantiene mejores relaciones con los empresarios, a los que les fue muy bien durante sus 14 años de gestión. Pero la sombra del FMI traza una línea que ni él ni Arce desean cruzar.
El recuerdo del tiempo de bonanza contribuye a mantener a Morales fuerte en las encuestas, aunque encerrado en los sectores de menores ingresos. Sin embargo, todavía falta ver cuál será el efecto de la nueva acusación de estupro en su tendencia electoral.
Con la economía boliviana haciendo aguas, los dos jefes del MAS se culpan mutuamente: «Cuando era ministro de Economía [Luis Arce] valoraba y reconocía los éxitos del modelo económico implementado por nuestro gobierno… y ahora, los desconoce para justificar los pésimos resultados económicos de su gestión», posteó Morales el 11 de septiembre. Por su parte, Arce atribuye los actuales descalabros económicos del país a que Morales «no cuidó la nacionalización» de los hidrocarburos y permitió que las reservas petroleras estatales se secaran.
Las diferencias económicas no son el más importantes motivo de disputa. Ambos quieren el liderazgo único de la izquierda boliviana. Arce asegura que Evo Morales está constitucionalmente impedido de postular en nuevas elecciones. Defiende la tesis, que aparece tangencialmente en una sentencia de 2023 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), de que la reelección discontinua está prohibida por la Constitución. Esto lo habilita a él, que no ha descartado presentarse pese a su actual debilidad en los sondeos.
Morales considera la sentencia del TCP inconcluyente y recuerda que en Bolivia siempre estuvo permitida la reelección discontinua antes de la aprobación de la Constitución de 2009 y sigue siendo posible con la nueva Carta Magna. Al mismo tiempo, ha señalado que los «arcistas» quieren «matar al MAS» en el que militan el presidente y él.
Ambas alas buscan que las instituciones electorales y judiciales las reconozcan como las únicas con derecho a usar el acrónimo, que sigue siendo muy importante en una elección. Como Morales cuenta con la directiva del partido, sus rivales no han logrado su propósito hasta ahora. Pero el ex-presidente no puede convocar a congresos porque necesita el acuerdo de organizaciones sociales que están en manos del «arcismo». El resultado es que es podría llegarse al extremo de que el MAS sea excluido de la competencia electoral del próximo año.
Varios líderes de la región, como los presidentes de Venezuela, Nicolas Maduro, de Cuba, Miguel Díaz Cancel y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva -así como el Grupo de Puebla- han tratado varias veces de reconciliar a los rivales, sin ningún éxito.
La escisión boliviana es un rompecabezas que la izquierda internacional o no entiende o se siente impotente para contribuir a resolver. Con el tiempo, se han comenzado a producir alineamientos. En este último asunto, el Grupo de Puebla se decantó por Morales. Expresó en un comunicado «su profunda preocupación por la campaña de lawfare que se está empezando a desarrollar contra el compañero Evo Morales en Bolivia», un gesto que el boliviano agradeció.
También se cree que Venezuela se ha puesto del lado de Morales. Así lo permite suponer el que uno de los procesos que inició el arcismo en contra del ex-presidente sea por una camioneta Toyota 4Runner (2024) que este suele usar, que fue adquirida por la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en 90.000 dólares y revendida enseguida a una joven de 21 años por 100.000 bolivianos (14.000 dólares). El autor de esta denuncia, el ex-ministro de Justicia Iván Lima, a quien hasta ahora se ha considerado un influyente colaborador de Arce, dijo que esta camioneta implica una «intervención extranjera en la política boliviana». Morales respondió que no tiene vehículos propios y que Arce sabe quiénes lo apoyan: «Sabe el gobierno, el presidente especialmente, que diga la verdad… que diga quiénes me apoyan», declaró. Posteriormente, insistió en los mismo: «Que el presidente Lucho informe de donde viene el carro. [Que informe] de dónde recibo apoyo». Un mensaje encriptado para su ex-colaborador.
Lima también sugirió que Morales consiguió una cadena de televisión, un periódico y una empresa agroindustrial con dinero de Caracas. Esta denuncia también se hizo en tiempos de Áñez, pero las autoridades de entonces no tuvieron tiempo para encauzarla judicialmente. La prensa boliviana ha mostrado que Morales hizo varios vuelos internacionales en aviones del Estado venezolano. Al respecto, el ex-presidente señaló que no solo Venezuela, sino también otros Estados lo invitan y le mandan aviones para que «viaje a todas partes».
Con elecciones previstas para agosto de 2025 -en coincidencia con el Bicentenario de Bolivia- pocos imaginan que esta guerra interna interrumpa su escalada. Y la oposición al MAS, que hasta hace poco carecía de posibilidades, se entusiasma con aprovechar esta canibalización interna para mejorar sus posibilidades de dejar atrás la larga hegemonía de la izquierda.
Fuente : https://nuso.org/articulo/la-guerra-evo-arce-llega-a-la-fase-de-colision/
