El 5 de noviembre de 2020 se cumplirán cinco años desde que se derrumbó la presa de Fundão en Mariana, destruyendo toda la cuenca del Río Doce y la costa de Capixaba, uno de los mayores crímenes socioambientales de la historia del país. A pesar de que han pasado tantos años, las empresas Samarco, una empresa conjunta entre Vale y BHP Billiton, no han sido consideradas responsables por el Estado brasileño. De hecho, los gobiernos estatal y federal, así como el poder judicial, han sido cómplices de todas las violaciones de los derechos humanos que tuvieron lugar ese triste 5 de noviembre, que han empeorado y se han vuelto más complejas con el tiempo.
Hemos llegado a 5 años sin ningún tipo de reasentamiento de las cuatro comunidades que fueron completamente destruidas. Las empresas han sido relevadas de la responsabilidad penal por las 19 muertes, dejando los delitos leves que tienden a prescribir. Hasta la fecha, no sabemos el número exacto de personas afectadas o el alcance de los daños sociales y ambientales causados. Ninguno de los estudios de contaminación ha llevado a ninguna conclusión. Las personas siguen bebiendo agua contaminada, tienen enfermedades físicas y mentales y están ansiosas por ser o ser reconocidas como afectadas.
En medio de la pandemia, con el daño a la seguridad alimentaria causado por la delincuencia, muchas familias pasan hambre y confían en la solidaridad y el apoyo del MAB para la entrega de cestas de alimentos básicos. Mientras tanto, las empresas han aprovechado la crisis sanitaria, en la que no es posible la movilización física, y han puesto en marcha un plan para revertir sus intereses creados en el caso. En marzo anunciaron que no pagarían los servicios de asesoramiento técnico ya aprobados por el tribunal, que prestó apoyo a la movilización e información para garantizar una participación cualificada. Presionaron a las comunidades para que exigieran el cierre del registro, es decir, para delimitar el universo de los afectados, incluso sin disponer de estudios sobre la magnitud de los daños. Anunciaron la reducción de la ayuda financiera de emergencia, que afortunadamente fue cancelada gracias a la lucha popular. Intentaron levantar la prohibición de pesca, alegando que no había problemas de lodo en la costa, y más recientemente presentaron estudios para el no reconocimiento de las zonas costeras.
Fuente y foto : Movimento dos atingidos por barragens – MAB
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