Los casos de violencia contra los pueblos indígenas se duplicaron con creces en 2019, según un informe de Cimi
Confirmando todas las expectativas, el primer año de gobierno del presidente brasileño Jair Bolsonaro se caracterizó por un aumento significativo de los más diversos tipos de violencia contra los pueblos indígenas en todo el país, dice un informe elaborado por el Consejo Misionero Indígena (Cimi).
El informe anual titulado «Violencia contra los Pueblos Indígenas en Brasil», sistematizó informaciones recolectadas en 2019 y describe en tres capítulos, un retrato bastante significativo de la violencia y la situación de las comunidades indígenas. El informe fue presentado por el Consejo el miércoles (30) en un evento realizado vía online debido a la pandemia, con transmisión en directo a través de las redes de Brasil de Fato.
En total, 113 indígenas fueron asesinados el año pasado, según datos oficiales de la Secretaría Especial de Salud Indígena (Sesai), obtenidos por Cimi. Aunque es ligeramente inferior a los homicidios de indígenas del año anterior (135), el registro de otros tipos de violencia ascendió a 276 casos en 2019, en relación con los 110 del año anterior. Se registraron 33 amenazas de muerte, 34 amenazas de carácter diverso, además de 20 homicidios culposos (cuando no se tiene la intención de matar), 24 intentos de asesinato, 10 casos de violencia sexual, 13 casos de lesiones corporales dolosas y 16 situaciones de racismo y discriminación étnico cultural.
Uno de los casos de mayor repercusión internacional, por ejemplo, fue el asesinato a finales del año pasado de Paulo Paulino Guajajara, un líder y defensor indígena, asesinado en la región de Bom Jesus das Selvas, en el estado de Maranhão, noreste de Brasil.
Paulino, que también era conocido como «Lobo Malo», formaba parte de un grupo de agentes forestales autóctonos conocidos como «Guardianes del bosque». Él y otros indígenas fueron emboscados por los madereros dentro de su propio territorio, entre las aldeas Lagoa Comprida y Jenipapo, en la Tierra Indígena Araribóia. Su caso simbolizó la grave situación y el exterminio que enfrentan las comunidades indígenas en Brasil.
Muertes por omisión
La omisión de las autoridades públicas de garantizar los derechos de los pueblos indígenas ha dado lugar a un aumento considerable de los casos de suicidio y de mortalidad infantil en las aldeas. Basándose en la Ley de acceso a la información, Cimi obtuvo del gobierno federal la información de que en 2019 se produjeron 133 suicidios en todo el país, o sea, 32 más que los casos registrados en 2018. Los estados del Amazonas (59) y Mato Grosso do Sul (34) registraron el mayor número de casos.
También se observó un aumento en los registros de mortalidad infantil (niños de 0 a 5 años), que pasaron de 591 en 2018 a 825 en 2019. Hubo 248 casos en el estado del Amazonas, 133 en el estado de Roraima y 100 en el estado de Mato Grosso.
Sin demarcación, más conflictos
Además de cumplir la promesa de campaña de que no firmaría la demarcación de ninguna nueva tierra indígena, el gobierno de Bolsonaro congeló 27 procedimientos para regularizar nuevas zonas, los cuales fueron devueltos por el Ministerio de Justicia a la Fundación Nacional del Indio (FUNAI). Según Cimi, de las 1.298 tierras indígenas del Brasil, 829 (63%) están pendientes de la finalización de su proceso de demarcación y de la inscripción de las tierras en las oficinas de registro. De estas 829, un total de 536 áreas no han tenido aún ninguna resolución adoptada por el gobierno.
Como resultado de la decisión política de congelar los procesos de demarcación de las tierras indígenas, los conflictos por derechos territoriales se triplicaron con creces en 2019, con el registro de 35 casos, frente a los 11 del año anterior (2018). En uno de ellos, en Mato Grosso do Sul, el estado con el mayor número de conflictos de tierras registrados, un tractor adaptado fue utilizado por los terratenientes en graves ataques contra las comunidades indígenas. Según los habitantes de la tierra indígena de Dourados, el tractor tenía una perforación en el costado, a través de la cual se disparaban tiros en todas las direcciones. En la denuncia hecha por los pobladores indígenas, los ataques contra los Guaraníes-Kaiowá siempre tuvieron lugar entre las 11pm y las 4 am.
En el estado del Amazonas, los indios de los pueblos Apurinã e Jamamadi están constantemente amenazados por los terratenientes que quieren expulsarlos del territorio reclamado. Actualmente se encuentran confinados en un pequeño espacio de tierra. La FUNAI realizó un estudio preliminar para la demarcación en 2003, pero no dio continuidad a la misma.
Invasiones y explotación
Las invasiones de tierras indígenas, asociadas a la explotación ilegal de sus recursos naturales, han crecido de forma alarmante en el país, advirtió Cimi. La entidad atribuye el aumento a la postura anti-indígena del Presidente de la República.
«En 2019, Cimi registró 256 casos de invasiones de propiedad, explotación ilegal de recursos naturales y diversos daños al patrimonio, en al menos 151 tierras indígenas, de 143 pueblos diferentes. Este total es más del doble del número registrado en 2018, cuando tuvimos un total de 111 casos», dice el informe.
En el estado de Rondonia, por ejemplo, una ola de invasiones ha intensificado la amenaza para los pueblos que viven en la tierra indígena Uru-Eu-Wau-Wau. Según Cimi, sólo en abril de 2019 se estima que más de 180 invasores entraron ilegalmente en el territorio. En la tierra indígena de los Karipuna se constató la deforestación de unas 11.000 hectáreas de territorio tradicional, que eran revendidas por los invasores, que engañaban a los compradores sobre la legalidad de la propiedad. En una operación de la Policía Federal en el área se incautaron incluso máquinas, tractores, documentos y aparatos electrónicos.
Fuente : Pedro Rafael Vilela, Resumen Latinoamericano.
Foto : Resumen Latinoamericano.
