17 de Marzo de 2021 – Amazônia Real
El gobierno federal tendrá que pagar una multa diaria de 1 millón R$ si no cumple la decisión. El Supremo Tribunal Federal (STF) vetó una ley que facilitaba la minería en el Estado de Roraima.
El Gobierno Federal, la Fundación Nacional del Indio (Funai), el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) y el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) tendrán diez días, a partir del miércoles (17), para iniciar la retirada de todos los mineros de la Tierra Indígena Yanomami, bajo pena de una multa diaria de 1 millón de reales. Invadida por miles de mineros ilegales, la decisión, que respondió a una solicitud del Ministerio Público Federal, proviene del Tribunal Federal del 2º Distrito de Roraima, que determinó el martes (16) que el gobierno federal, en un período de diez días, debe presentar un calendario para la retirada de los invasores del territorio.
Según la decisión, pronunciada por el juez federal Felipe Bouzada Flores Viana, existe un riesgo de genocidio indígena si no se hace nada. «Ahora, la población de mineros no indígenas casi supera a la de autóctonas; si no se hace nada ahora, y ante las frecuentes noticias de la abundancia de oro en la región, no es poco el riesgo de que se cree otra ‘Serra Pelada’ en la zona, con características aún más nefastas.
La decisión a favor de los pueblos indígenas fue el resultado de una gran movilización del líder Davi Kopenawa Yanomami y la Asociación Hutukara Yanomami (HAY), así como de organizaciones de la sociedad civil, que desde 2019 denuncian la omisión del gobierno de Jair Bolsonaro en la retirada de los mineros ilegales en la región, especialmente en tiempos de transmisión del nuevo coronavirus.
La minería ilegal en el territorio, sin embargo, va más allá de este período. Ha existido desde los años 80 y 90 y ha empeorado desde la década de 2000, con picos de auge y se ha vuelto más intenso hace tres años.
El gobierno de Bolsonaro no se ha pronunciado sobre la decisión del Tribunal Federal, que está sujeto a apelación.
En julio de 2020, el Ministerio Público Federal obtuvo un mandato judicial que ordenaba al Gobierno Federal disponer la salida de prospectores de la región como una forma de combatir la pandemia del nuevo coronavirus entre los pueblos indígenas.
En la misma ocasión, el juez Jirair Aram Meguerian, del Tribunal Regional Federal de la 1a Región (TRF-1), dio un período de 15 días para que el gobierno federal hiciera un plan de emergencia que incluyera la retirada de prospectores.
También el año pasado, el vicepresidente Hamilton Mourão recibió al líder indígena Dário Yanomami, hijo de Davi Kopenawa, en Brasilia y prometió la expulsión de los 20.000 mineros que operan ilegalmente en la región, lo que tampoco ocurrió.
El Ejército brasileño ha llevado a cabo operaciones, pero las prospecciones todavía están en plena actividad. Con la llegada de la pandemia, la circulación de prospectores en el territorio amplió la contaminación del coronavirus. El primer indígena muerto por Covid-19 en Roraima fue un joven Yanomami en 2020.
Actualmente, la población Yanomami en Brasil se estima en más de 26.700 indígenas, según la Secretaría Especial para la Salud Indígena (SESAI). La población todavía se enfrenta a una alta transmisión de la malaria. La única forma de contener la pandemia es crear barreras sanitarias alrededor del territorio, que se encuentra en la frontera entre los estados de Roraima y Amazonas, y que también llega a la frontera con Venezuela.
En el nuevo juicio, el Tribunal Federal del 2º Distrito de Roraima dice que se deben tomar medidas para contener la «mortalidad» del pueblo Yanomami y clasificó la «situación de riesgo inexorable» con la debilidad en las acciones para combatir los delitos socio-ambientales por parte del Gobierno Federal y de los organismos federales.
«El funcionamiento de la base de protección etnoambiental prevista para ser reabierta en las adyacencias de su región ha sido consecuentemente retrasado«.
Según la nota emitida por el Ministerio Público Federal, la noticia de la muerte de niñxs Yanomami por Covid-19 y otras muertes de indígenas causadas por la minería ilegal también fueron recordadas por el juez, quien consideró que «si, desde el inicio de la demanda, las medidas determinadas por el TRF 1 no sólo hubieran sido bien preparadas, sino que se hubieran puesto en práctica, es posible que esxs diez niñxs y los demás indígenas que murieron, no hubieran perdido la vida de manera tan vil e innecesaria».
La decisión también afirma que, hasta la fecha, no ha habido medidas concretas para proteger a los pueblos indígenas de la creciente expansión de la minería. «No hay pruebas de actos concretos para la vigilancia territorial efectiva del Territorio Indígena Yanomami y el combate a los infractores ambientales ilegales, especialmente los mineros, en el contexto de la pandemia de Covid-19«, señala el dictamen del juez federal Felipe Bouzada Flores Viana.
El STF suspendió la decisión del gobernador
La disputa territorial de la expansión de la explotación minera en el Estado de Roraima es muy antigua.
Sólo este año, el Tribunal Federal ya ha tenido que detener un intento de actuación arbitraria del gobierno estatal para fomentar de forma oculta la minería en la región. Por un lado, la justicia decidió suspender la liberación de la minería con permisos «sin consulta previa», como defiende el gobierno de Roraima. Por otro lado, se sabe que el 95% de los sitios de explotación minera en el estado siguen ocurriendo ilegalmente en territorios indígenas, con poca o nula supervisión y bajo la presión de un gobernador que no oculta que quiere «legalizar» la actividad.
El 19 de febrero, el Supremo Tribunal Federal (STF), a través del juez Alexandre de Moraes, ordenó la suspensión de la Ley 1.453/2021 de Roraima que permitía la minería sin estudio previo en áreas de concentración de minerales, especialmente de oro. Propuesto por el gobernador Antonio Denarium, el proyecto fue aprobado a principios de enero de 2020. Entre los 20 legisladores del estado, sólo Evangelista Siqueira (PT) y Lenir Rodrigues (Ciudadanía) votaron en contra de la explotación minera.
El proyecto estatal no consideró la necesidad de evaluar los posibles impactos ambientales con el uso de mercurio y, tampoco, los impactos sociales y ambientales en las comunidades tradicionales. «Hoy todo el oro que se produce en el estado de Roraima sale de forma clandestina y con la minería regularizada la comercialización de este mineral podrá hacerse aquí con la emisión de facturas«, justificó Antonio Denarium, cuando se aprobó la ley, en texto publicado en la página web de la Asamblea Legislativa de Roraima.
No hay otra alternativa que presentar una Acción Directa de Inconstitucionalidad. Esta iniciativa fue liderada por la diputada indígena Joênia Wapichana (Rede Sustentabilidade) y contó con un gran apoyo de la sociedad civil organizada y del movimiento indígena por parte del Consejo Indígena de Roraima y de otras 39 instituciones.
El diputado federal afirmó a Amazônia Real que la suspensión de la ley representa la garantía de los derechos constitucionales, especialmente los relacionados con el derecho colectivo. «Sabemos que hay una fuerte presión para que el tema de la minería se haga de una manera que atropella todos los avances en las leyes ambientales. Estamos poniendo esta situación no sólo para los indígenas, sino para los no indígenas«, dijo Joênia Wapichana.
En una declaración, el gobierno de Roraima, a través del Procurador General del Estado, informó que no va a comentar sobre el veto, porque aún no ha sido «notificado oficialmente de la decisión judicial». Entre las próximas acciones, se espera que el STF cite al gobierno del estado para hacer su defensa.
Fuente artículo y foto: Amazônia Real
