Por Mauricio Angelo
Observatório da Mineração — 18 de enero de 2021
Una nota técnica del Ministerio de Minas y Energía de Brasil que defiende la revisión de las normas vigentes para autorizar la minería en los bosques nacionales cita los intereses económicos de la empresa minera canadiense Eldorado Gold en la Amazonía y considera ejemplar la exploración de mineral de hierro realizada por la empresa minera Vale en Carajás en el Estado de Pará.
La nota publicada en noviembre de 2019 recomienda que se revise y modifique el acuerdo expresado por la Fiscalía General de la Nación (AGU) en un dictamen de 2014, que podría afectar a 17 millones de hectáreas. Indica que miles de solicitudes mineras han sido impactadas y hace recomendaciones a favor de grandes empresas mineras y de mineros privados en áreas críticas de la Amazonía.
El dictamen de la AGU no permite la minería en los bosques nacionales (Flonas), que son unidades de conservación de “uso sostenible” (UC) de acuerdo con la ley de 2000 del Sistema Nacional de Unidades de Conservación de la Naturaleza (SNUC).
Abogando abiertamente a favor del sector minero, la nota técnica indica que “es posible conciliar la conservación de la naturaleza y la actividad minera en los bosques nacionales” y considera “relevante la solicitud de revisión del convenio” presentada por el Abogado General de la Unión representante de los intereses del Estado brasileño.
El Ministerio de Minas y Energía está claramente descontento con estas restricciones y recomienda una revisión que podría poner en peligro 17 millones de hectáreas, un área equivalente a la de países como Inglaterra y Suiza juntos.
Una de las operaciones afectadas, dicen los autores de la nota, es «el área que demanda la minera de Brazauro Recursos Minerais, una subsidiaria de Eldorado Gold, una empresa minera de oro con sede en Canadá. La empresa, según sus propios comunicados, ha invertido R $ 244 millones en investigación minera y prevé invertir alrededor de $ 1,7 mil millones para los próximos años».
Siempre invocando el argumento económico, como es habitual en el sector minero, desconociendo las ventajas fiscales, la explotación de la riqueza que no se traduce en una mejora en la calidad de vida para las comunidades, los numerosos impactos sociales y ambientales y los graves riesgos que conlleva la actividad minera.
Es sin duda una manifestación explícita de la defensa de los intereses privados por parte de un organismo público que debe actuar por el bien común de la población brasileña, y no en nombre de las empresas.
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Fuente y foto: Observatório da Mineração
