Septiembre, 2022
El 11 de diciembre 2020, muchas organizaciones y redes que luchamos por el respeto de los
derechos humanos, de la naturaleza y el acceso a la justicia, hemos solicitado al gobierno del
Ecuador, que realice la defensa tecnica adecuada ante el sistema judicial neerlandés, para que logre
la nulidad del laudo arbitral que amenaza los derechos humanos de más de 30.000 personas,
campesinos e indígenas de seis pueblos amazónicos. Más de 260 organizaciones y colectivos, que
representan a más de 280 millones de personas que firmaron este pedido. Sabemos que el 28 de
junio de 2022, la corte de apelación de los Países Bajos rechazó en segunda instancia la reclamación
de Ecuador para anular el laudo arbitral en favor de Chevron. Este laudo demanda en particular que
el Estado pague una indemnización multimillonaria a Chevron y que el Estado ecuatoriano impida
la ejecución de la sentencia de Lago Agrio, en el cual se condena a la petrolera a pagar más de 9.5
mil millones de dólares, para reparar el daño ambiental social y cultural que causó con sus
operaciones petroleras en la Amazonia de Ecuador. Esta sentencia ha sido ratificada por todas las
instancias judiciales de Ecuador.
Hasta ahora la UDAPT, Unión de los Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de
Texaco (hoy Chevron) no ha recibido ninguna información indicando que el gobierno tiene la
intención de apelar la decisión neerlandesa en la Corte Suprema de los Países Bajos. A nuestro
entender, el 28 de septiembre de 2022 vence el plazo para introducir una apelación ante la Corte
Suprema de los Países Bajos. Organizaciones y redes sociales ecuatorianas (CONAIE,
CONFENAIE, COICA, CDES, INREDH, FIAN- Ecuador, Amazon Watch, UDAPT) han escrito
esta semana al Procurador a Ecuador para exhortarle este recurso, ver carta aqui.
Este caso, preocupa enormemente a los colectivos sociales, de mujeres, pueblos indígenas, jóvenes,
defensores de la naturaleza, campesinos, defensores de los derechos humanos, entre otros de todo el
planeta. Nuestra preocupación radica en el grave precedente que se estaría generando, al permitir,
que un laudo arbitral basado en un Tratado Bilateral de Protección de Inversiones (BIT), tenga
supremacía ante una sentencia constitucional de un Estado, y que cuya sentencia tutela y protege los
derechos elementales de más de 30.000 personas. Adicionalmente, vemos con mucha preocupación
las acciones del Gobierno de Ecuador. Ecuador, que preside el grupo de trabajo, proceso para la
construcción y aprobación del Tratado Vinculante, en cumplimiento de la resolución 26/9, del
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre las empresas transnacionales y
derechos humanos, con el objetivo de poner fin a la impunidad corporativa de las transnacionales
como Chevron, que cometen graves vulneraciones a los derechos humanos en el mundo.
Recordemos que el Estado ecuatoriano tiene la obligación de proteger sus ciudadanos y a la
naturaleza; y, de garantizar el acceso efectivo a la justicia; debe comprenderse con la ejecución de
una sentencia como parte del acceso a la justicia. Impedir que se ejecute una sentencia es vulnerar
ese derecho. El laudo arbitral es contrario a la Constitución ecuatoriana y viola la separación de los
poderes. La sentencia del caso Lago Agrio encuentra a Chevron culpable y la condena a pagar la
reparación del daño causado. Además, Ecuador ha suscrito varios instrumentos internacionales de
DD.HH., como por ejemplo la Convención Americana sobre Derechos Humanos que estipula en el
Capítulo I, en su artículo 25 sobre la Protección Judicial que «Toda persona tiene derecho a un
recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la
Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas
que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales…» y la Declaración Universal de Derechos
Humanos, que estipula en su artículo 8 «Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los
tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos.»
En esta perspectiva, le instamos a no interferir en el juicio privado entre los afectados por las
operaciones petroleras y Chevron y a cumplir con su deber de garantizar el acceso a la justicia a sus
ciudadanos y la seguridad jurídica, especialmente de:
– introducir el recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia de los Países Bajos antes del
28 de septiembre, fundamentada en una defensa adecuada, conforme al derecho constitucional
ecuatoriano, a los tratados y otros instrumentos jurídicos internacionales de DD.HH., ambientales y
de los derechos de los pueblos indígenas.
– respetar la sentencia de Lago Agrio para reparar los daños causados por las operaciones petroleras
de Chevron y no intervenir en las cortes extranjeras, para impedir las acciones de ejecución
(exequátur) de los demandantes del caso Lago Agrio.
– informar de forma oportuna, adecuada, suficiente y transparente a los firmantes de ésta carta, y en
particular a los afectados y afectadas organizados en la UDAPT, a fin de que puedan defenderse de
cualquier amenaza sobre sus derechos.
Le instamos a apelar la sentencia neerlandesa para no sentar un precedente en favor de la impunidad
corporativa en el mundo y de garantizar el acceso efectivo de las comunidades ecuatorianas en su
larga batalla por la justicia y la reparación.
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL LLAMAN A ECUADOR A APELAR ANTE LA CORTE SUPREMA DE LOS PAÍSES BAJOS.
* La Campaña Global es una coalición mundial de más de 250 movimientos sociales,
organisaciones de la sociedad civil, sindicatos y comunidades
Contacto: facilitation@stopcorporateimpunity.org.
