Una nueva denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos argumenta a favor de la responsabilidad jurídica de Canadá por las violaciones de derechos humanos vinculadas a sus empresas mineras en el extranjero.
OTTAWA, 5 de junio de 2023 – Al no haber encontrado forma de obtener justicia en Canadá, la familia del activista medioambiental mexicano asesinado Mariano Abarca ha presentado hoy una innovadora denuncia contra Canadá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la denuncia se alega que Canadá incumplió sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos al presionar a las autoridades mexicanas para que siguieran adelante con un proyecto minero canadiense mientras la embajada canadiense en México estaba al corriente de las amenazas contra la vida de Mariano. Desde entonces, Canadá no ha investigado las irregularidades cometidas por los funcionarios de la embajada canadiense que, con su apoyo inquebrantable y su persistente presión a favor de la empresa minera canadiense, pueden haber puesto en mayor peligro la vida de Mariano. Es la primera vez que una embajada canadiense es señalada por la CIDH por su actuación en otro país.
El líder comunitario Mariano Abarca participó activamente en el movimiento para proteger los derechos de la comunidad en relación con el proyecto minero «Payback», una mina de barita propiedad de Blackfire Exploration Ltd («Blackfire») que operó en su pueblo natal de Chicomuselo, Chiapas, entre 2007 y 2009. Tras recibir quejas de Blackfire sobre la oposición de la comunidad en torno a la mina, una delegación de alto nivel de la Embajada de Canadá visitó la oficina del gobernador de Chiapas para «defender» a Blackfire en octubre de 2009. Siete semanas después, el 27 de noviembre de 2009, Mariano fue asesinado a plena luz del día frente al restaurante familiar. Casi 14 años después, no ha habido ninguna investigación creíble sobre su asesinato.
La denuncia de la CIDH, presentada el pasado viernes por el Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP), se basa en más de 1.000 páginas de informes internos y correos electrónicos de la embajada de Canadá en México, que muestran que la embajada desempeñó un papel crucial en la puesta en marcha de la mina, pero no llevó a cabo la debida diligencia en materia de derechos humanos antes de involucrarse en el proyecto.
«El personal de la embajada trabajó entre bastidores para promover los intereses mineros de Blackfire, sabiendo que Mariano era un defensor de los derechos humanos amenazado y que sus acciones o su inacción podían aumentar el riesgo real para su vida», afirma Leah Gardner, abogada del Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP). «Esta combinación de influencia y previsibilidad de daños graves creó una obligación legal para Canadá de hacer lo que estuviera razonablemente a su alcance para evitar aumentar el riesgo para su vida y ayudar a protegerlo».
En 2018, la familia y los partidarios de Mariano Abarca presentaron una denuncia ante el Comisionado de Integridad del Sector Público (PSIC) solicitando una investigación sobre si las acciones y omisiones de la Embajada de Canadá expusieron a Mariano a un mayor riesgo. El Comisionado se negó a investigar la conducta de la Embajada en este asunto, y el Tribunal Federal de Apelación de Canadá confirmó esta decisión. En enero de 2023, el Tribunal Supremo de Canadá denegó la autorización para recurrir la decisión, cerrando así la puerta a cualquier investigación por parte de Canadá. La denuncia presentada hoy ante la CIDH pretende cambiar esta situación.
José Luis Abarca -hijo de Mariano- se une esta semana en Ottawa a Esperanza Salazar, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), para presentar la denuncia contra Canadá, en una visita apoyada por 15 organizaciones y coaliciones de la sociedad civil canadiense. «Canadá se ha negado a investigar si funcionarios canadienses tuvieron alguna responsabilidad en el asesinato de mi padre», dijo José Luis Abarca. «Este caso es importante, no sólo para mi familia, sino para todos los demás defensores de los derechos humanos y del medio ambiente de todo el mundo que tienen la desgracia de llamar la atención de los intereses mineros canadienses.
La inversión minera canadiense en México va en aumento. «A medida que el dinero de la minería canadiense fluye hacia México, aumenta drásticamente el riesgo de violencia contra los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente que se oponen a estos proyectos», afirma Esperanza Salazar. «Los funcionarios canadienses deben poner este asunto en primer plano».
Canadá anunció recientemente su candidatura al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el periodo 2028-2030, y en lo más alto de su lista de prioridades figura «la búsqueda de la justicia y la rendición de cuentas para quienes están en primera línea de los derechos humanos». Para Viviana Herrera, coordinadora del programa para América Latina de MiningWatch Canada, Canadá aún tiene un largo camino por recorrer antes de tomarse en serio la cuestión de la rendición de cuentas. «Las embajadas canadienses siguen desempeñando un papel fundamental en la promoción de las inversiones mineras canadienses en todo el mundo», afirma. «Sin embargo, renuncian a toda responsabilidad de proteger a las personas a las que estas inversiones canadienses ponen en peligro. Esperamos que la CIDH se tome por fin en serio este caso, porque Canadá no lo ha hecho».
Documentos :
– Resumen de la petición (disponible en inglés, francés y español)
– Petición completa (disponible en inglés)
– Para más información: Justice4Mariano.net
Contactos :
– Viviana Herrera, Coordinadora del Programa para América Latina, MiningWatch Canada, viviana@miningwatch.ca, tel. 438-993-1264
– Leah Gardner, abogada, Justice and Corporate Accountability Project (JCAP), lgardner@justice-project.org
Para concertar entrevistas con José Luis Abarca, Esperanza Salazar u otras organizaciones de la sociedad civil mexicana, póngase en contacto con Viviana Herrera (inglés, español o francés).
