(Montreal, Ottawa, Toronto)
Desde Canadá, 20 organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sin fines lucrativos y sindicatos firmaron una declaración abierta para expresar su solidaridad y apoyo a las organizaciones indígenas, laborales, campesinas y de la sociedad civil que actualmente participan en protestas nacionales contra el paquete de austeridad económica impuesto por el FMI.
La carta pedía al gobierno canadiense que pusiera fin a su silencio con respecto a la represión ordenada por el Estado ecuatoriano, y cuestionaba la falta de cobertura mediática canadiense de las protestas masivas en ese país, comparando el vigor con el que los medios cubren las protestas en países como Hong Kong o Venezuela.
La carta denunció cualquier intento de las compañías mineras canadienses de utilizar la crisis económica y política para promover sus inversiones, señalando que la minería canadiense no resolverá la crisis de la deuda externa.
“Canadá es el país de origen de la mayoría de las compañías mineras que actualmente trabajan en Ecuador. Sus proyectos, que suman más de 40, enfrentan activa y amplia oposición. Estamos viendo evidencias de que las empresas están utilizando la crisis de la deuda para promover sus proyectos y nos preocupa que esto solo acentúe la represión ordenada por el estado contra los pueblos indígenas, campesinos y rurales que protestan legítimamente contra la expansión de la frontera extractiva.», dijo Kirsten Francescone, Coordinadora para América Latina de MiningWatch Canada.» Los pueblos ecuatorianos deberían poder decidir cómo quieren vivir, especialmente si eligen medios de vida alternativos a la minería. No necesitamos más desastres mineros en el mundo.”
El 14 de octubre, como resultado de más de 10 días de protestas implacables en la capital del país, Quito, y el aumento del apoyo internacional a lxs manifestantes, el gobierno de Moreno derogó el Decreto 883.
“El pueblo ecuatoriano, especialmente los pueblos indígenas, envió un mensaje claro al mundo: que el gran capital y los gobiernos antisoberanos tienen que parar con su ofensiva extractiva en cuerpos y territorios. Aunque el Decreto 883 ha sido derogado, la comunidad internacional debe continuar condenando la represión perpetrada por el gobierno de Lenín Moreno y exigir justicia para aquellxs que han sido criminalizadxs, heridxs o muertxs durante el levantamiento popular legítimo», dijo Rosa Peralta del Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL).
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Desde el 2 de octubre, organizaciones indígenas, junto con sindicatos, movimientos sociales y organizaciones campesinas se manifiestan en todo el Ecuador contra un conjunto de medidas de austeridad económica impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras instituciones internacionales de préstamos que han resultado en aumentos de hasta al 120% en los precios del combustible; reformas laborales que socavan gravemente la protección de lxs trabajadorxs en Ecuador, como la precarización laboral de trabajadorxs del sector privado, una «armonización» salarial a la baja que resulta en un recorte del 20% para nuevos contratos en empleos del sector público; e imposición de proyectos extractivos (minería, petróleo y gas) en un esfuerzo mal dirigido para resolver la crisis de la deuda.
El gobierno de Ecuador ha respondido con violencia extraordinariamente represiva, incluyendo el uso de gases lacrimógenos, balas de goma e incluso balas verdaderas contra lxs manifestantes. Las organizaciones informaron que más de 700 personas fueron detenidas, al menos 3 manifestantes fueron asesinadxs y más de 100 resultaron gravemente heridxs.
Condenamos el «Estado de excepción» declarado por el Presidente ecuatoriano el 3 de octubre, otorgando a la policía y al ejército poderes excepcionales para «mantener el orden y la paz». En la práctica, esto ha significado imponer un estado de terror sobre los indígenas, campesinos, trabajadores, y organizaciones de la sociedad civil que ejercen su derecho a protestar.
Rechazamos el llamado «Paquetazo» impuesto por el FMI, un paquete de medidas de austeridad económica grotesca, y los reconocemos por lo que son: políticas de ajuste estructural neoliberales que buscan privilegiar la inversión privada y extranjera sobre el bien público a costo del bienestar de los pueblos trabajadores y la autodeterminación de los pueblos indígenas y las comunidades rurales. Existe una amplia experiencia del impacto catastrófico que este tipo de reformas han tenido en América Latina, y una fuerte evidencia que demuestra que recompensan a los bancos, inversionistas y élites mientras exacerban la pobreza y la desigualdad y dejan impactos irreparables en el tejido socioecológico de las comunidades.
Hacemos un llamado al gobierno ecuatoriano para que revoque las medidas de austeridad anunciadas recientemente, cancele el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y respete la decisión de los pueblos indígenas para mantener sus territorios libres de industrias extractivas.
Denunciamos el uso exorbitante de la fuerza ordenada por el estado para sofocar las protestas. La oficina de la Defensoría del Pueblo ecuatoriano informó el 7 de octubre que la represión y criminalización de lxs manifestantes, especialmente los pueblos indígenas y lxs jóvenes, no tiene precedentes en comparación con otras protestas en los últimos años. Informan que entre el 3 y el 7 de octubre, 485 manifestantes fueron detenidxs, muchxs de lxs cuales sufrieron heridas graves y abusos.
Denunciamos a las empresas mineras que, al intentar convencer a sus accionistas de los beneficios de invertir en un país donde la minería se opone abrumadoramente, están utilizando la crisis de deuda externa de Ecuador para demostrar que sus proyectos tendrán un fuerte apoyo del gobierno. Del mismo modo, condenamos cualquier acción de las compañías mineras canadienses para utilizar el Estado de Excepción para avanzar sus actividades de exploración en áreas donde de otra manera no podrían trabajar debido a la resistencia organizada. La minería canadiense no resolverá la crisis de la deuda externa.
Hacemos un llamado al gobierno canadiense para que rompa su silencio con respecto a las protestas masivas que afectan al país y el uso desproporcionado de la fuerza por parte del gobierno de Ecuador. También observamos su complicidad como miembro de la Organización de Estados Americanos, que emitió una declaración el 8 de octubre condenando la violencia de lxs manifestantes sin condenar la fuerza excesiva y bien documentada ordenada por el estado contra ellxs.
Hacemos un llamado a la prensa canadiense para que informe sobre los abusos y la represión ordenados por el estado en Ecuador con el mismo rigor y atención que sus informes sobre las protestas en Hong Kong o Venezuela.
Nos solidarizamos con nuestras hermanas y hermanos en Ecuador que actualmente se oponen a este modelo económico depredador. Lxs escuchamos y estamos con ustedes en espíritu.
Organizaciones Firmantes:
Signataires
Association Québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)
British Columbia Government and Service Employees Union
British Columbia Teachers’ Federation
Carleton University Political Economy
Common Frontiers
Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL)
Convergencia Social Toronto
Groupe de solidarité avec le peuple shuar
International Civil Liberties Monitoring Group (ICLMG)
Inter Pares
Kitchen Table Collective
Latin American & Caribbean Solidarity Network
Mining Injustice Solidarity Network (MISN)
Mining Justice Action Committee (MJAC)
MiningWatch Canada
Ontario Secondary School Teachers’ Federation (OSSTF)
The United Church of Canada / L’Église Unie du Canada
Unifor
Union of British Columbia Indian Chiefs
United Steelworkers
Cronología de eventos recientes
Mar 2019 – La junta ejecutiva del FMI aprueba un préstamo de 4.200 millones de dólares a Ecuador, además de los miles de millones ya prestados por el BID, el Banco Mundial y el FMI.
24 de marzo – Un voto abrumador del “NO” resuena en Girón contra minería metálica en la zona afectando a un proyecto minero canadiense.
20 de septiembre- Intag declara territorio libre de minería, exige la salida de las compañías mineras
23 de septiembre- PSHA Declara el territorio Shuar Arutam libre de minería, exige la salida de las compañías mineras.
23 de septiembre- FMI llega a un acuerdo en la segunda revisión del programa; señala que la legislación de ajuste estructural debería aplicarse en un futuro próximo.
1 de octubre- Lenin Moreno informa al público que el gobierno implementará una serie de medidas de austeridad económica (Decreto Presidencial 833).
2 de octubre – FMI aplaude al gobierno por las medidas para mejorar la economía ecuatoriana
2 de octubre: el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), el Frente Popular, CONAIE y otras organizaciones convocan protestas a nivel nacional contra las medidas de austeridad económica, exigiendo la revocación del Decreto Presidencial.
3 de octubre: Moreno declara que el «Estado de excepción» (Estado de emergencia) otorga poderes militares y policiales excepcionales para «mantener el orden y la paz». Se produce la represión de los manifestantes. Los actos de represión violenta se registran en todo el país y continúan durante el fin de semana.
5 de octubre – La organización indígena CONAIE anuncia su propio «estado de excepción», exigiendo la retirada inmediata de militares y policías de las comunidades o enfrentarán la «justicia indígena».
6 de octubre – la represión continúa. En algunas regiones donde las organizaciones indígenas toman la delantera, como Morona Santiago e Imbabura, se intensifica.
7 de octubre – los medios de comunicación informan que 20,000 miembros indígenas de CONAIE llegan a Quito para continuar las protestas; son recibidos por la ciudad, pero atacados por la policía.
7 de octubre – la oficina del Defensor del Pueblo ecuatoriano publica un informe sobre «El estado de excepción 2019», señalando que los eventos de esta semana fueron los más intensos de los últimos años. Señalan el uso excesivo de la fuerza militar y policial, especialmente contra los pueblos indígenas; el uso de violencia física contra manifestantes; evidencia de tortura de detenidos; y un total de 485 detenciones reportadas entre el 3 y el 6 de octubre.
8 de octubre – Lenin Moreno impone un toque de queda en todo el país, el Decreto 888
8 de octubre – La declaración de la Organización de Estados Americanos condenó los actos de «violencia» de los manifestantes. No dice nada sobre la represión, las detenciones y los asesinatos ordenados por el Estado.
10 de octubre- la oficina del Defensor del Pueblo ecuatoriano lamenta al menos 5 muertes relacionadas con la protesta, una de las cuales fue líder de CONAIE Cotapaxi. Insta al gobierno a garantizar el derecho a la protesta.
10 de octubre – CONAIE ratifica la posición contra el extractivismo y las medidas de austeridad económica, exige la liberación de los presos políticos; cancelación de D883 y despido inmediato de Ministros de Defensa e Interior como condiciones básicas para el diálogo.
Resumen de las condiciones del FMI para reducir el gasto fiscal para pagar la deuda externa de manera más efectiva incluye (no exclusivo):
Reducir los subsidios de combustible del gobierno (la chispa que encendió las huelgas la semana pasada)
Reforma tributaria para hacer más favorable la inversión extranjera directa (IED), reduciendo los impuestos pagados por empresas extranjeras
Aumentar la «competitividad» del mercado laboral para favorecer la IED
Racionalizar los salarios para favorecer la IED (recortes salariales de alrededor del 20%)
Reducir sustancialmente el tiempo de vacaciones para los empleados del sector público.
Reestructurar la gestión fiscal
Priorizar el pago de la deuda externa
Promover la minería y la extracción de petróleo por parte de empresas extranjeras (incluidas en el presupuesto nacional previsto)
