Brasil atraviesa hoy una crisis sanitaria y económica sin precedentes. Somos uno de los
epicentros del Covid-19 del mundo, y el número de muertos supera los 83 mil casos. Miles están
de luto y otros tantos aún luchan por sobrevivir en estas condiciones. En medio de esto, empresas
de diferentes sectores aprovechan el momento para promocionar una falsa solidaridad con
donaciones que aparentan ser un reintegro a la sociedad, pero son en realidad una forma de
fortalecer sus propias marcas con publicidad positiva, mientras reciben beneficios del Estado.
La crisis sanitaria mundial evidenció una crisis social, económica, ambiental y
espiritual. El modelo hegemónico de sociedad capitalista revela que no es capaz de asegurar el
sustento de todos los seres del planeta, y mucho menos de preservar la especie humana y sus
culturas. Este proceso ha exacerbado las desigualdades de género, raza y clase, pilares
fundamentales para la creciente concentración de la riqueza mediante la explotación de la
naturaleza y de las personas.
La pandemia del nuevo coronavirus (Covid-19) revela la actitud genocida y cruel del
presidente de Brasil, con su “¿y qué?” frente a las muertes por esta enfermedad, seguido por sus
secuaces en la banalización del sufrimiento de miles de personas, sobre todo de las que necesitan
el Sistema Único de Salud (SUS). La falta de inversión en este sistema se profundizó con el
desmantelamiento promovido a partir del cambio en la legislación nacional (PEC por su sigla en
portugués) que pone un tope a los gastos públicos, y hoy, con el brote de la enfermedad, se
verifica que los recortes fueron mayores de lo que se pensaba. Muchas familias están perdiendo a
sus seres queridos sin siquiera contar con acceso a la asistencia médica. El propio sector de la
salud está sufriendo el contagio por la falta de equipos de protección individual (EPI) y de una
estructura adecuada para el tratamiento de los pacientes. A esta realidad se suma el hecho de que
muchas personas perdieron su fuente de ingresos y necesitan alimentos y productos básicos de
supervivencia. Una situación deplorable en un país que ya tenía muchos problemas sociales.
El debilitamiento del sistema público de salud y seguridad social, la pérdida de derechos
laborales y la precariedad del empleo son algunos de los “progresos” anunciados por el gobierno
federal. En el contexto de la crisis sanitaria, la defensa por el mantenimiento de los servicios
públicos esenciales para la vida se tornó una tarea aún más difícil en una coyuntura de ataques a
la democracia, con el avance del fascismo, el racismo institucional y estructural cada vez más
evidentes, y el fortalecimiento del poder de las grandes empresas sobre los territorios.
En este contexto se constata que la lista de crueldades no deja de aumentar. Los medios
hegemónicos y los portales de noticias publicitan donaciones de materiales y estructuras
realizadas por empresas para enfrentar al Covid-19. Destacamos aquí a las empresas productoras
de papel y celulosa como Suzano, CMPC y Veracel (Stora Enso). Durante el horario central, la Red Globo (gran red de medios de comunicación brasilera) transmite la campaña “Solidaridad
S.A.” que destaca las acciones realizadas por diferentes empresas transnacionales. El término
hace referencia a empresas que poseen su casa matriz en su país de origen (mayoritariamente del
norte global) que buscan obtener beneficios en otros países, utilizando mano de obra barata,
mediante la instalación de filiales. Uno de los casos es la CMPC, que obtuvo una utilidad neta de
R$ 962,5 millones en 2019, en el municipio de Guaíba (RS). La plantación dedicada a la
producción de celulosa de la empresa registró el primer caso de la enfermedad en esta ciudad.
Este año, el grupo donó R$ 70 millones a través de la empresa Softys para acciones de combate
contra el Covid-19, lo cual representa apenas un 7% de las ganancias líquidas de la corporación
respecto a 2019.
No obstante, los artículos no cuentan que a esas mismas empresas les fue concedido el
derecho de renegociar sus deudas con el Estado brasilero ya desde el inicio de la pandemia en
Brasil. El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) otorgó préstamos
generosos a empresas como Suzano, que ya recibió más de R$ 6 mil millones en dinero público.
Esto demuestra cómo las empresas utilizan momentos de crisis no solo para amplificar pequeñas
acciones de responsabilidad social, sino para fortalecer sus marcas mediante publicidad positiva,
y para recibir también más beneficios del Estado.
Es importante expresar una indignación semejante con el gobierno de Bolsonaro, que en
un contexto sin precedentes no hace ningún movimiento en el sentido de utilizar recursos del
BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social) para beneficio de la sociedad. Las
poblaciones quedan libradas a su suerte, mientras que los recursos podrían utilizarse para darles
acceso a alimentos esenciales y para realizar acciones que generen condiciones adecuadas para
sortear este momento, evitando los riesgos de exposición al virus para los trabajadores y las
trabajadoras, y para sus familias. En este escenario, las familias reciben la ayuda Bolsa Familia,
y desempleados y autónomos reciben el Auxilio de Emergencia de R$ 600 (alrededor de US$
115), con la posibilidad de que el beneficio se convierta en R$ 300 hasta el mes de agosto. Este
beneficio fue otorgado de forma desordenada y acarreó problemas para 620 mil personas
con rentas por encima del límite (renta individual de hasta medio salario mínimo, R$ 522,50, o renta
familiar mensual total de hasta tres salarios mínimos, R$ 3.153). Este fraude podría generar hasta
una pérdida de R$ 1000 millones, en perjuicio de las arcas del Estado.
Además de provocar conflictos entre los municipios, los estados y el gobierno nacional,
la exención de impuestos sobre las exportaciones de las grandes empresas productoras de
celulosa, de los sectores del agronegocio, de la minería y de otras áreas de la economía a través de la Ley Kandir, generó una precarización aún mayor para el pueblo y su territorio. En la
práctica, esto llevó a una situación en la que los gobiernos estatales quedaron rehenes de las
compañías mientras sus propietarios siguen enriqueciéndose. Hoy en día, los estados deben
muchos millones a los empresarios, pero no consiguen garantizar los servicios públicos, como el
derecho a la asistencia sanitaria.
Como si esto fuera poco, estas empresas violan diariamente los derechos de las
comunidades, e ignoran las legislaciones y la vigilancia ambiental y laboral de las fábricas y
plantaciones. Privatizan y comercializan la naturaleza dejando todos los daños ambientales a
cargo del Estado. Además, en muchos casos las plantas industriales se encuentran en medio de
las ciudades, lo cual deja a las poblaciones expuestas a la contaminación atmosférica. De esta
forma contribuyen al debilitamiento del sistema respiratorio de las personas y colocan a estas
poblaciones en situación de vulnerabilidad en este momento de enfrentamiento a la pandemia,
sobrecargando aún más al SUS. La acción criminal de las empresas que violan derechos se da
con el aval del actual gobierno, cuyo Ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, favorece la
modificación de las reglas ambientales mientras el foco de atención está en la pandemia. Según
sus propias palabras, es momento de aprovechar la crisis para cambiar toda la reglamentación y
simplificar las normas.
Las transnacionales reciben poderes y privilegios excepcionales para mantener sus
cuantiosas ganancias en toda la cadena de producción. Los sectores del agronegocio y la minería
fueron considerados esenciales durante la cuarentena en Brasil, impidiendo que los trabajadores
y trabajadoras de estos segmentos pudieran parar y poner en práctica el distanciamiento social
(medida esencial para minimizar la propagación del virus). Esto contribuyó al alto índice de
mortalidad en las comunidades indígenas y quilombolas. Es en este contexto que las fábricas de
papel y celulosa, así como las plantaciones industriales de árboles (que causan innumerables
impactos sobre el territorio de pueblos y comunidades y sobre el medio ambiente), continúan
funcionando normalmente y se aseguran de aumentar sus ganancias, lo cual es indicio de buenas
perspectivas para el sector. En entrevista con el periódico Estado de San Pablo (2020), el
presidente de la empresa Suzano, Walter Schalka, afirmó: “Debemos aprovechar este momento,
utilizar la crisis como oportunidad. Quisiera invitar al Poder Ejecutivo y al Legislativo para
rediseñar sistemas tan fundamentales en Brasil, mediante las reformas administrativa y
tributaria. Este es un momento en que podemos lograr que ocurra una transformación y quedar
mejor parados de aquí en más. Gran parte de las empresas están reduciendo sus gastos. Es
momento de que el gobierno haga lo mismo y dé un salto en la productividad. No debemos
esperar al 2021”.
La explotación petrolera tampoco se detuvo durante la pandemia. El Covid-19 se
propaga por las plataformas petrolíferas del país. Petrobras, productora brasilera que explota
algunos de los mayores yacimientos encontrados en el mar, enfrenta un brote de Covid-19 en las
plataformas de extracción. La empresa paralizó las operaciones de dos plataformas (FPSO por su
sigla en inglés), luego de que sus trabajadores se contagiaran con Covid-19. Las dos unidades
pertenecen a compañías extranjeras y son arrendadas por Petrobras. El FPSO Capixaba, de la
holandesa SBM Offshore, se encuentra en el yacimiento de Cachalote, en el litoral sur de
Espíritu Santo, y el FPSO Ciudad de Santos, de la japonesa Modec, produce en los yacimientos
de Tambaú y Uruguá, en el litoral de Río de Janeiro. Según la Agencia Nacional de Petróleo, Gas
y Biocombustibles (ANP), hasta abril había 47 casos confirmados entre los operarios de las
unidades. Asimismo, 42 de los 45 funcionarios de dos plataformas de la explotación de Xareu, en
la costa del Ceará, dieron resultados positivos para la enfermedad.
Los grandes conglomerados se transforman en importantes transgresores de los
derechos en este delicado momento de pandemia. Un ejemplo es la multimillonaria JBS, que
tuvo la fábrica clausurada en Passo Fundo (RS), luego de tornarse un foco de infección por
Covid-19. La empresa no implementó las medidas de seguridad y mantuvo a los trabajadores
expuestos a la aglomeración en los espacios de trabajo, sin proporcionarles materiales de
protección. Sin embargo, la compañía donó R$ 400 millones para la lucha contra el nuevo
coronavirus en Brasil. Otro ejemplo es la empresa Vale, que no paralizó sus actividades frente a
la enfermedad, poniendo así en peligro la salud de sus funcionarios y de los habitantes de las
ciudades mineras. Solamente en el complejo minero de Itabira (MG), casi 200 trabajadores
propios y tercerizados dieron positivo a la prueba de coronavirus. En un intento por limpiar su
imagen, la multinacional donó R$ 500 millones para adquirir equipos de protección individual y
kits de diagnóstico rápido, mientras que, en los municipios donde opera, la población ve que el
estado de salud empeora. Por su parte, la minera Nexa, vinculada al grupo Volorantim, ocultó
información sobre contagios entre sus operarios. Situaciones como esta generan dudas sobre
cuántas empresas más estarán omitiendo informar sobre casos positivos entre sus empleados.
En todo el país, organizaciones y movimientos sociales generan acciones de solidaridad
e intentan minimizar los impactos del Covid-19 en las poblaciones más vulnerables,
principalmente respecto a la alimentación y sanidad básica, responsabilidades del Estado de las
cuales se lo exime desde la perspectiva neoliberal. Podemos mencionar a los trabajadores Sin
Tierra y a los trabajadores petroleros que se unieron para donar alimentos y gas de uso doméstico
en Curitiba (PR), así como el Movimiento de Afectados por las Represas (MAB) que propone
una serie de medidas para proteger la vida de los trabajadores y las trabajadoras de todo el país, y plantea la exención de tarifas de los servicios esenciales. Diversos frentes solidarios actúan allí
donde el Estado no llega. Por ejemplo, el Movimiento por la Soberanía Popular en la Minería
(MAM), que donó más de 6 toneladas de alimentos para la periferia de Porto Alegre (RS); la
Asociación Amigos del Medio Ambiente (AMA), de Guaíba (RS), que hizo llegar donaciones
para las comunidades indígenas amenazadas por la minería; el Comité Gaúcho de Emergencia
de Combate al Hambre, que se encarga de movilizar donaciones para los más necesitados y
realiza recomendaciones para combatir la falta de comida, tales como la continuidad del
Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) y la compra de alimentos producidos por
agricultores familiares para las canastas básicas; y, además, el Movimiento de los Trabajadores
Sin Tierra (MST), que donó cerca de 3 toneladas de alimentos en la región norte y metropolitana
de Río Grande del Sur (RS); el Frente Quilombola, en conjunto con los Quilombos Urbanos de
Porto Alegre y otras entidades, movilizó aproximadamente 30 toneladas de alimentos, artículos
de higiene y limpieza, telas para hacer máscaras, lo que permitió mitigar los impactos en los
cuerpos y territorios; y las mujeres del Movimiento Interestatal de Quebradoras de Coco Babaçu
(MIQCB) que trabajaban en la distribución de cestas y kits básicos en cuatro estados, apoyando a
más de 2000 familias.
Estas redes de apoyo, articuladas entre las diferentes organizaciones y movimientos
sociales, han conectado el campo y la ciudad a través de la compra, el transporte y la entrega de
víveres. La red de solidaridad se asocia a la lucha por las políticas públicas y la garantía de
derechos esenciales para la vida de los pueblos, como el acceso al agua, la renta básica y la tarifa
social de energía y agua. La defensa de la soberanía de los pueblos y de sus territorios construye
caminos y alternativas populares para enfrentar la pandemia del sistema capitalista.
Dada la dramática situación que están viviendo las comunidades más vulnerables
afectadas por el nuevo coronavirus, exigimos a las autoridades de gobierno que asuman la
responsabilidad de dar las condiciones dignas de vida y salud para los afectados por Covid-19.
Asimismo, repudiamos a las empresas que continúan destruyendo naturaleza y poblaciones y que
utilizan esta situación para hacer marketing “humanitario”, maquillaje verde incluido, con
donaciones que sirven para lavar su verdadera imagen perversa, así como la forma en que se
benefician del dinero público y de los incentivos gubernamentales para continuar apropiándose
de los territorios, agotando sus recursos naturales y destruyendo la sociobiodiversidad.
Referencias:
https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Agricultura/noticia/2020/04/em-meio-ao-coronavirus-mst-doa-20-toneladas-de-arroz-organico-para-comunidades-carentes-em-rs-e-sp.html
https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2020/04/17/hospitais-asilos-e-familias-recebem-doacao-de-45-t-de-alimentos-do-mst-no-parana.ghtml
https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2020/04/17/hospitais-asilos-e-familias-recebem-doacao-de-45-t-de-alimentos-do-mst-no-parana.ghtml
https://www.brasildefato.com.br/2020/04/02/mst-doa-12-toneladas-de-arroz-organico-para-combate-a-fome-em-meio-a-pandemia-no-rs
http://www.abaf.org.br/suzano-e-veracel-se-unem-para-doar-35-respiradores-e-80-mil-mascaras-hospitalares-a-bahia-no-combate-ao-covid
Organisations signataires:
Amigos da Terra Brasil – ATBr
Amigos do Meio Ambiente – AMA Guaíba/RS
Articulação Rosalino Gomes de Povos e Comunidades Tradicionais
Assembleia Permanente de Entidades em Defesa do Meio Ambiente do RS – APEDeMA/RS
Associação Brasileira de Agroecologia – ABA
Associação Cultural Grupo Afrolaje – A.C.G.A
Associação dos Geógrafos Brasileiros – AGB
Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural – AGAPAN/RS
Associação Ijuiense de Proteção ao Ambiente Natural
Campanha Nenhum Poço a Mais
Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida
Centro de Defesa de Direitos Humanos de Serra/ES – CDDH
Centro de Estudos Ambientais – CEA/RS
Coletivo de Educadorxs Negrxs e Indígenas de Duque de Caxias
Comissão Pastoral da Terra – CPT
Comitê de Combate à Megamineração no RS – CCM/RS
Comitê dos Povos e Comunidades Tradicionais do Pampa
Comitê Popular de Proteção aos Direitos Humanos no contexto do COVID-19
Conselho Indigenista Missionário – Cimi
Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas – CONAQ
FASE – ES
Fórum Carajás
Fórum da Amazônia Oriental – Faor
Frente Quilombola
Grupo de Estudos e Pesquisas em Interculturalidade e Economias do Sul – GEPIES
Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Geografia Agrária da FFP-UERJ – GeoAgrária
Grupo de Pesquisa e Extensão Política, Economia, Mineração, Ambiental e Sociedade –
PoEMAS
Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas – GESP/RS
Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais – InGá/RS
Instituto MIRA-SERRA/RS
Instituto Permacultura Lab
Marcha Mundial das Mulheres Brasil – MMM
Movimento de Luta pela Terra – MLT
Movimento de Mulheres Camponesas – MMC
Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais – MPP
Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB
Movimento dos Pequenos Agricultores – MPA
Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra – MST
Movimento Geraizeiro
Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu – MIQCB
Movimento Mundial pelas Florestas Tropicais – WRM
Movimento Nacional de Direitos Humanos – MNDH
Movimento pela Soberania Popular na Mineração – MAM
Movimento Roessler para Defesa Ambiental
Observatório de Políticas e Ambiente – ObservaCampos!
Rede Alerta Contra o Deserto Verde
Rede Carioca de Agricultura Urbana – CAU
Rede Sociotecnica do Alto Rio Pardo
Sempreviva Organização Feminista – SOF
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Urbano Santos
Terra de Direitos
União Pedritense de Proteção ao Ambiente Natural – UPPAN/RS
Via Campesina Brasil
Photo: World Rainforest Movement
