Desde la Red de Solidaridad con Honduras, siguiendo el liderazgo de OFRANEH y de las comunidades Garífuna en Honduras, hacemos un llamado a organizaciones internacionales para que firmen esta declaración exigiendo la aparicion con vida de Snider Centeno, Suami Mejía, Milton Martínez, Gerardo Rochez y Junior Juárez, desaparecidos hace más de 3 meses por probables elementos de la policía hondureña, y el fin de la violencia contra las comunidades Garífunas en Honduras.
Han pasado más de 3 meses desde la desaparición forzada de 5 hombres – 4 afro-indígenas garífunas y otro hombre de visita de Belice – de la comunidad de Triunfo de la Cruz, Honduras. Sus familias, sus comunidades y la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) continúan exigiendo información sobre su paradero, demandan al Estado hondureño que cumpla con las solicitudes de información de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) respecto a la supuesta investigación estatal, y a la protección de los familiares y comunidades garífunas en riesgo.
En la madrugada del 18 de julio de 2020, un grupo de hombres armados con chalecos de la Dirección de Policía de Investigaciones (DPI), secuestraron a los hombres a punta de pistola en sus casas. Los hombres fueron esposados, sacados de la comunidad y desaparecidos.
Durante más de tres meses, el régimen hondureño no ha hecho casi nada para encontrar a los hombres desaparecidos. Para empeorar las cosas, el gobierno ha involucrado a la DPI en las investigaciones ignorando las acusaciones que involucran a la institución en las desapariciones forzadas y su historial de graves abusos contra los derechos humanos. Esto ha profundizado el temor en las comunidades garífunas y en la población hondureña en general, ha socavado cualquier pequeño intento de llevar a cabo cualquier tipo de investigación sobre las desapariciones, y ha dejado claro que el gobierno hondureño NO está tomando en serio este incidente y sus factores contextuales.
El gobierno hondureño no está interesado en llevar a cabo una investigación exhaustiva ni en revelar los detalles de lo que ocurrió el 18 de julio de 2020 los días posteriores a esa fecha. Esto es probable porque el Estado ha estado implicado durante mucho tiempo no sólo en atacar a los defensores de la tierra, periodistas, abogados y líderes indígenas, sino que también ha estado controlado por los intereses de las estructuras del crimen organizado que proliferan la corrupción implacable y la impunidad generalizada. El golpe de Estado de 2009, respaldado por los Estados Unidos, afianzó aún más esta pauta que para los garífunas de Honduras profundizó el despojo sistemático de tierras, las amenazas, el asesinato y el racismo institucional.
Desde las desapariciones forzadas del 18 de julio en Triunfo de la Cruz, Juan Orlando Hernández (JOH) ha ignorado en gran medida las resoluciones de la Corte IDH relativas a las desapariciones forzadas y las cuestiones contextuales relacionadas con la tierra. Por ejemplo, el gobierno hondureño ignoró el plazo del 28 de septiembre, establecido por una resolución de la Corte IDH del 2 de septiembre, en la que se solicitaba un informe completo sobre la investigación de las desapariciones forzadas, los resultados, y cómo se están protegiendo los derechos de las comunidades garífunas. La omisión del Estado se suma al total desconocimiento e incumplimiento de las resoluciones finales de la Corte IDH del 2 de octubre de 2015 a favor de las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz y Punto Piedra. El fallo de 2015 exige al gobierno la implementación de un programa de reparaciones y acciones para corregir las violaciones gubernamentales de los derechos territoriales e indígenas de las comunidades garífunas.
En lugar de cumplir con sus obligaciones internacionales y aplicar su retórica a favor de los derechos humanos, el régimen de JOH ha intensificado los ataques contra las comunidades garífunas y OFRANEH. La última escalada de violencia comenzó en 2018 y se intensificó en 2019 con numerosos asesinatos de miembros de OFRANEH y dirigentes garífunas en los territorios costeros. Esta violencia continúa hasta el día de hoy.
La responsabilidad de estos ataques y de la desaparición forzada del 18 de julio recae directamente en el gobierno hondureño y sus fuerzas de seguridad, las cuales están entrelazados con el crimen organizado, y los intereses de agronegocios y el mega-turismo, todos ellos trabajando para el desplazamiento de los Garifunas de su territorio ancestral. Es responsabilidad del Estado investigar y enjuiciar a los agentes estatales y particulares implicados en las desapariciones forzadas, así como aplicar mecanismos para proteger los derechos de las comunidades afro-indígenas e indígenas, la integridad cultural y física, y el uso y la posesión ancestrales de la tierra.
Las organizaciones abajo firmantes nos unimos a las voces internacionales y hondureñas que apoyan a OFRANEH y a las comunidades garífunas de Honduras. Condenamos la escandalosa violencia y el acoso contra las comunidades y sus líderes. Responsabilizamos directamente al régimen hondureño de Juan Orlando Hernández y al aparato de seguridad del Estado por los crímenes de lesa humanidad y las violaciones de los derechos de los garífunas afro-indígenas.
También responsabilizamos a los gobiernos de los Estados Unidos y el Canadá por su firme apoyo a la dictadura en Honduras, y a las empresas e inversores implicados en los proyectos turísticos, energéticos y agroindustriales que amenazan al pueblo garífuna y su supervivencia.
Apoyamos y exigimos:
1. La aparición con vida de Alberth Snider Centeno, Milton Martinez, Suami Mejía y Gerardo Trochez, secuestrados y desaparecidos en Triunfo de la Cruz el 18 de julio de 2020.
2. La formación del Equipo Multidisciplinario de Investigación propuesto por OFRANEH para llevar a cabo una investigación seria y exhaustiva de las desapariciones forzadas y de todos los factores contextuales para llevar ante la justicia a los que planearon y autorizaron el crimen, así como a quienes que lo llevaron a cabo directamente.
3. Cumplimiento de la resolución de 2015 de la CIDH en el caso de las Comunidades Garífunas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra vs. Honduras.
4. Cumplimiento de la orden de octubre de 2020 de la Secretaría de la Corte IDH que exige al gobierno hondureño la investigación de los secuestros del 18 de julio y proporcione un informe completo.
5. El cese inmediato de todo el acoso y la violencia contra OFRANEH, los líderes garífunas y todas las comunidades garífunas de Honduras.
6. Que la campaña y la violencia para despojar a las comunidades garífunas de sus tierras terminen inmediatamente, y que se respeten sus derechos sobre su territorio ancestral.
7. Que se ponga fin a la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, a toda la violencia contra el pueblo garífuna y que se haga justicia a todas las víctimas.
Fuente: Honduras Solidarity Network
