El pasado 9 de junio de 2011, en solidaridad con los procesos de resistencia frente al Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo, enviamos el siguiente derecho de petición solicitando la expedición del Acto Administrativo sobre la Gestión Social de Emgesa que contenga, entre otros, la suspensión de la licencia ambiental y las obras del Proyecto Hidroeléctrico como única garantía de Protección de los Derechos Fundamentales de las Comunidades Afectadas, la indemnización por los daños causados y el derecho colectivo a la preservación del medio ambiente. De igual manera expresamos nuestra solidaridad con las acciones de resistencia que legítimamente realiza La
Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo – Asoquimbo-.
Montreal, 9 de junio de 2011
Beatriz Uribe Botero
Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Luz Elena Sarmiento
Directora de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales
Ministerio de Ambiente
Señoras:
El Comité por los derechos humanos en América Latina (CDHAL) es un organismo canadiense que desde 1976 se encarga de vigilar la situación de los Derechos Humanos a lo largo de Latinoamérica. Con fundamento en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, solicitamos a la Dirección de Licencia, Permisos y Trámites Ambientales la expedición del Acto Administrativo sobre la Gestión Social de Emgesa acatando la solicitud de la Defensoría del Pueblo del 30 de marzo de suspender la Licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo debido a que:
- se iniciaron las obras sin haberse dado el proceso de reubicación o reasentamiento de la comunidad Domingo Arias;
- se ha presionado a las comunidades para que vendan en lugar de que opten por la reubicación o el reasentamiento como primera opción (casos referidos en Ríoloro y otras zonas de la región);
- se ha restringido del derecho a la información a los grupos en situación de vulnerabilidad, lo que implica que desconozcan las medidas de compensación que deben beneficiarlos;
- con la adquisición de predios por parte de Emgesa, se pierden los empleos relacionados con los proyectos productivos de esos predios y la empresa no ha implementado las medidas de compensación para las personas que se afectan por ello.
El no cumplimiento de las obligaciones del MAVDT de proteger los Derechos de los Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo es una de las razones por las cuales Pescadores Artesanales desplazados por el Estado y la transnacional Endesa Emgesa se encuentran protestando en la zona rural Puerto Seco del Municipio de Gigante, lugar donde se viene construyendo el túnel de desviación del Rio y donde Emgesa viene ejecutando cargas explosivas que ponen en alto riesgo su vida.
Es un hecho que el MAVDT ha aplazado durante más de dos años el mencionado Acto Administrativo para favorecer a Emgesa y en respuesta a un Derecho de Petición de Asoquimbo sólo ha anunciado que “este Ministerio se encuentra elaborando las correspondientes actuaciones administrativas a través de las cuales se fijará la posición Ministerial en torno a todas y cada una de las problemáticas evidenciadas tanto en la visita como en las socializaciones”.
Una de las problemáticas evidenciadas en las visitas de verificación realizadas por el MAVDT y la Defensoría del Pueblo es el desplazamiento de los pescadores artesanales de la zona de El Quimbo. Son 136 pescadores que fueron relacionados en el censo registrado en la Notaria por Emgesa como población a compensar pero que perdieron su fuente de trabajo debido al desplazamiento ilegal de sus lugares de pesca, a las cargas explosivas en el túnel, el tránsito en el río de motores de alta potencia y la contaminación al depositar toneladas de escombros de tierra en el Río Magdalena, ahuyentado los peces. El MAVDT permitió que esto ocurriera sin exigir a Emgesa el cumplimiento de sus obligaciones para todas las poblaciones vulnerables.
En el Comité por los derechos humanos en América latina (CDHAL) ratificamos la solicitud de expedición del Acto Administrativo sobre la Gestión Social de Emgesa que contenga, entre otros, la suspensión de la licencia ambiental y las obras del Proyecto Hidroeléctrico como única garantía de Protección de los Derechos Fundamentales de las Comunidades Afectadas, la indemnización por los daños causados y el derecho colectivo a la preservación del medio ambiente. De igual manera expresamos nuestra
solidaridad con las acciones de resistencia que legítimamente realiza La Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo – Asoquimbo-.
Por nuestra parte, agradeceríamos recibir por escrito información acerca del tratamiento que se le de al caso y/o una lista de las acciones que se emprenderán.
Atentamente,
Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL)
