Organizaciones participantes a la Misión internacional de observación de derechos humanos de la sociedad civil
Presente del 6 al 11 de noviembre 2019
A un año del estallido social y a una semana del plebiscito nacional para una nueva Constitución para Chile, las organizaciones firmantes, hacemos pública nuestra preocupación por la persistencia de situaciones violatorias a los derechos humanos en el país, y llamamos a un plebiscito que cumpla con todas las garantías de un proceso electoral democrático.
Como señaláramos en el Informe de la Misión[1], las manifestaciones sociales de 2019 fueron el reflejo de un descontento de la población hacia las autoridades políticas, los poderes del Estado y prácticas de quienes detentan los espacios de poder, que fue creciendo paulatinamente desde el retorno de la democracia.
En el centro del proceso social y político iniciado en octubre de 2019 se encuentra la profunda desigualdad que ha generado la institucionalidad heredada de la dictadura cívico militar, asegurada en la Constitución de 1980. La reivindicación de una democracia plena ha sido parte esencial del proceso en curso: una sociedad en que la salud y la seguridad social, la educación, la vivienda, los derechos laborales, un medio ambiente sano y el agua sean derechos efectivamente garantizados. Y una sociedad en que los grupos sometidos a condiciones estructurales de desigualdad y discriminación, como las mujeres, los pueblos indígenas y las personas migrantes, puedan vivir como plenos sujetos de derecho.
Como Misión Internacional de Observación a Chile constatamos que las graves violaciones a los derechos humanos las semanas que siguieron al 18 de octubre de 2019, no constituyeron hechos aislados, sino que fueron expresión de prácticas de violencia estatal arraigadas en las fuerzas de orden y seguridad que se pueden rastrear desde hace años y que se verificaron en gran cantidad y en todo el país.
Con máxima preocupación constatamos que el actuar abusivo de Carabineros de Chile, lejos de disminuir se ha agudizado. Las imágenes de un adolescente lanzado al río Mapocho por un Carabinero; el ataque con el carro lanza aguas a una persona con discapacidad física y la represión a las manifestaciones del 12 de octubre, entre otras situaciones, dan cuenta de que las autoridades siguen sin adoptar las medidas necesarias para poner término a las graves violaciones a los derechos humanos por parte de los agentes policiales del Estado.
En relación con esta materia reiteramos las recomendaciones que se realizaron en el Informe de la Misión de Observación en Chile relativas a:
– Investigar con celeridad las violaciones a los derechos humanos cometidas y adoptar medidas inmediatas, disciplinarias y/o penales, respecto de funcionarios públicos responsables por violaciones de derechos humanos, en particular en casos de violación al derecho a la vida e integridad personal e incluyendo a los superiores jerárquicos que autorizaron o avalaron las operaciones policiales.
– Iniciar un proceso de reforma profunda de Carabineros de Chile destinada a democratizar su estructura y a revisar su rol en la sociedad chilena, adecuando sus normas, protocolos y reglamentos a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
El proceso constituyente impulsado por la ciudadanía movilizada puede constituir una oportunidad histórica para el inicio de la construcción de las bases de un país donde la promoción y protección de los derechos humanos constituyen el fundamento de una democracia inclusiva en la que todas y todos nos sentimos parte.
Sin embargo, constatamos con preocupación, que el proceso constituyente aún adolece de limitaciones desde la perspectiva democrática y de derechos humanos, que pueden ser remediadas. Es esencial que se establezcan mecanismos que aseguren la participación de los pueblos originarios y la elección de las personas independientes en el órgano constituyente encargado de la redacción de la Nueva Constitución.
Con vistas al próximo domingo 25, hacemos un llamado a las autoridades para que tomen las medidas necesarias para asegurar que todas las personas puedan ejercer su derecho a voto. Entre ellas, que adopten protocolos sanitarios efectivos, se facilite el traslado de la población a los lugares de votación a través del transporte gratuito, se adopten sistemas de apoyos para personas con discapacidad psicosocial, etc.
Esperamos que este proceso democrático único en la historia de Chile se desarrolle en el más pleno ejercicio de las libertades y derechos de su población. Por ello, alentamos a las autoridades a levantar el Estado de Excepción vigente dada la trascendencia que tendrá para las actuales y futuras generaciones que el momento en que realice el plebiscito para decidir sobre una nueva Constitución sea realizado bajo un estado de excepción regulado por una Constitución redactada durante una dictadura cívico militar.
La superación de la crisis política y social que ha vivido Chile manifestada en el estallido social y que se ha prolongado hasta ahora, solo será posible a través de la generación de una Nueva Constitución que permita construir una nueva institucionalidad, inclusiva e intercultural, cimentada en los derechos humanos que nos asisten como personas y como pueblos.
Alianza Global contra la Incineración de Basura (GAIA), EEUU.
Artículo 19, Brasil.
Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma), Argentina.
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina.
Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL), Canadá.
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas (IWGIA)
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Argentina.
Organización Mundial contra la Tortura (OMCT)
Perú Equidad, Perú
Informe de la Mission disponible aquí
Fuente : Observatorio Ciudadano Chile
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