Más de 30 organizaciones, grupos y colectivos de Quebec y Canadá se sumaron al llamado a la solidaridad internacional para continuar la presión frente a la grave crisis de derechos humanos en Chile. Exigen la liberación de las prisioneras y prisioneros políticos y denuncian la represión y criminalización de la protesta social, la cual continúa agravándose desde el estallido social, en octubre 2019.
Desde esta fecha, alrededor de 27.000 personas han sido detenidas y existen 2.500 prisioneras y prisioneros políticos con motivo de su participación en el marco de las manifestaciones masivas que han tenido lugar en el país. Seis misiones internacionales de observación de derechos humanos han constatado el uso generalizado de la detención, en su mayoría ilegales, asociadas a casos de tortura, maltratos, violencia sexual y la ausencia de acceso a una defensa jurídica. Esto ha vulnerado el derecho a la protesta, a la vida y a la integridad personal ante la brutalidad y uso excesivo de la fuerza de parte de Carabineros.
Diversas recomendaciones fueron dirigidas al Estado de Chile y al gobierno de Sebastián Piñera. En febrero de este año, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile confirmó que las violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes del Estado no han cesado durante el año 2020 y que aún las recomendaciones más básicas no se han implementado de manera íntegra. Los casos de violencia sexual, de lesiones oculares y de lesiones causadas por disparos de fusiles de parte de Carabineros continúan y el uso de agentes químicos para lesionar a la población ha aumentado.
En el transcurso del año 2020, se implementaron en Chile varias leyes que han intensificado la criminalización de la protesta social, como la ley anti-barricadas y anti-saqueo. También se busca otorgar otorgado nuevos poderes a Carabineros que ahora goza de la excepción de la responsabilidad penal para garantizar el orden y la seguridad. Además de las leyes que han reforzado la persecución penal y la represión, Chile ha invertido cifras sustanciales para servicios de inteligencia y en vehículos antimotines de última generación, destacando los lanza gases blindados, los mismos que utilizan Israel y Estados Unidos en diferentes conflictos militares.
El CDHAL tuvo la oportunidad de conversar con la Coordinadora por la libertad de los prisioneros y prisioneras políticos 18 de octubre sobre el trabajo de apoyo y de lucha que llevan hasta el día de hoy:
“Compañeros, compañeras, primero que nada saludarles como integrante de la coordinadora 18 de octubre. La coordinadora nace en apoyo a los presos y presas políticas de este territorio, inicialmente en el contexto de la revuelta, pero también ampliando el apoyo y la solidaridad a los presos y presas de todos estos territorios desde ante la revuelta, hasta ahora. Nuestra labor se enmarca dentro de dos ámbitos de acción principalmente. Uno que tiene que ver más con lo más operativo y el apoyo más directo que realizamos hacia los presos y las presas y sus familias: desde el tema de la encomienda, apoyo jurídico familiar también. Apoyo a ciertas necesidades puntuales, económicas también que se van requiriendo, etc. Y el otro ámbito de acción tiene que ver más con un tema político, tiene que ver la visibilización de la existencia de la prisión política en Chile, la exigencia de la libertad de todos los compañeros y compañeras por luchar. Desde una perspectiva de solidaridad, por supuesto revolucionaria que se reconoce en la lucha, en la revuelta. Y desde ahí apoyamos a nuestros compañeros y compañeras. Buscamos generar la movilización social necesaria exigiendo su libertad”.
Más de un año ha pasado desde que las prisioneras y prisioneros políticos están en prisión preventiva en espera de una condena. En los últimos meses, han iniciado alguno de estos juicios. Se han visto situaciones en las cuales personas fueron liberadas por falta de pruebas hasta casos de personas que arriesgan más de 20 años de condena.
“Contarles también brevemente cual es la situación de los compañeros y compañeras hoy en día. Muchos presos y presas de la revuelta aún se encuentran cumpliendo prisión preventiva, lo que habla de cómo la prisión preventiva como una herramienta de castigo, como una herramienta punitiva por parte de los poderosos. Muchos de ellos y ellas también se encuentran en sus casas con cambio de medida cautelar pero también a la espera de juicio. Y también se han llevado a cabo varios juicios donde hemos tenido diferentes resultados. Algunos compañeros lamentablemente ya han sido condenados. Hay quienes de esa condena significa prisión efectiva y otra gente está más bien con libertad vigilada. También hemos tenido varios casos de absoluciones, pero aún hay muchos casos que están por resolverse y necesitamos toda la solidaridad y sin duda todo el apoyo internacional es fundamental como lo ha sido hasta ahora. Y desde este llamado de apoyo, queremos también visibilizar lo que está sucediendo hoy en día con la huelga de los compañeros anarquistas y subversivos que están realizando una huelga de hambre desde el 22 de marzo donde principalmente se demanda por una parte la derogación del decreto Ley 3-21 y la libertad inmediata del compañero Marcelo Villaroel. El decreto 3-21 es principalmente porque hubo una modificación en el 2019, y que, lo que hace principalmente es eternizar, perpetuar las condenas y el castigo hacia muchos compañeros y compañeras, donde ya el beneficio de libertad condicional no es un derecho sino que es un beneficio con muchas restricciones y que para acceder a él se extiende el plazo, el periodo de acceso ya no a la mitad de la condena sino a los dos tercios de esta. Y la libertad de Marcelo Villaroel porque bueno le afecta directamente esta modificación. Es un luchador que lleva años en prisión, viene cumpliendo, viene de la historia de los 90 y paradójicamente él está cumpliendo condena aún bajo la justicia militar, bajo leyes militares de la dictadura. Desde ahí el llamado a solidarizar desde todos lugares y todas las formas posibles, particularmente este 17 de abril que es el día internacional del preso político como coordinadora 18 de octubre estamos llamando a una jornada de agitación nacional e internacional donde esperamos que todas la manifestaciones de apoyo estén presentes. Con esto me despido y esperando que sigamos articulando voluntad y solidaridad en la libertad y por la libertad de nuestros compañeros y compañeras”.
Actualmente prisioneras y prisioneros políticos de diversas cárceles en Chile llevan entre 20 a más de 80 días de huelga de hambre con el fin de denunciar las irregularidades de sus procesos judiciales. También la declaración destaca la situación de las prisioneras y prisioneros políticos Mapuche. En el año 2014, la CIDH condenó al Estado de Chile, ante el uso desde los años 2000 de la Ley Antiterrorista como medio principal de criminalización de la protesta social Mapuche”. El alto porcentaje de absoluciones a personas mapuches tras ser juzgadas a través de la ley antiterrorista judicial, revela la persecución política. En los años recientes ha sido posible demostrar públicamente casos de montaje, de implantación de pruebas de parte de Carabineros en casos emblemáticos, lo que ha permitido la absolución de las personas acusadas.
Hemos tenido la oportunidad de conversar con la Defensoría de derechos humanos de la Quinta región de Valparaíso con respecto a cuatro prisioneros políticos de la ciudad de San Antonio acusados con la ley de seguridad interior del Estado por diversos delitos, siendo uno de ellos del delito de homicidio frustrado contra un funcionario de la policía de investigaciones de Chile (PDI):
“Mi nombre es Ana y soy parte de la Defensoría de Derechos Humanos de la Quinta región. Hoy nos es urgente visibilizar a la opinión pública el caso particular de cuatro jóvenes de San Antonio : Jordano, Jorge, Claudio y Pato. Los cuales se encuentran en prisión preventiva desde marzo del 2020 hasta el presente. Sin tener antecedentes penales de ningún tipo ni pruebas concluyentes de los cargos que se les imputan. Se los acusa de quebrar los vidrios de la PDI, el saqueo de una farmacia e intento de homicidio de un PDI. Las pruebas para esto son: una resortera, cuadernos y pintura más un video de los vidrios quebrados de la PDI en donde no se muestra persona alguna en los hechos. El día 2 de marzo de 2020, los cuatro chicos participaban de las manifestaciones en San Antonio, ayudando a las personas heridas por balines. Como siempre lo hacían puesto que ellos andaban en las marchas para ayudar a gente herida y a quien lo necesitara. Fueron a dejar en el auto, ese mismo día, a muchas personas heridas en sus casas. En el último viaje que hicieron, la PDI los intercepta y los rapta, a eso de la dos de la mañana, llevándolos al cuartel en donde los cuatro fueron torturados de manera brutal. Desnudandolos, golpeandolos de diferentes formas, amenazandolos con armas en la cabeza. Diciéndoles que si ellos no se inculpaban por los hechos que ellos ni siquiera entienden, matarían a sus familias, que sabían dónde vivían, entre otras cosas horrendas. Luego de horas de tortura y dejandolos en un estado deplorable, al otro dia, el 3 de marzo, los pasan a una audiencia, en la cual los querellantes fueron y son hasta el día de hoy : la gobernadora de San Antonio, el intendente de Valparaíso, la fiscalía y PDI, los cuales se querellan con la ley de seguridad del Estado decretando prisión preventiva por juzgarlos como peligro para la sociedad. Nos preguntamos nosotros, sabrán los creyentes y el poder judicial que una persona sin antecedentes y por lo mismo sin reincidencia no debiese ser pasada a prisión preventiva. Sabrán las instituciones juzgantes que están omitiendo la ley interna de derecho penal sobre prisión preventiva y además los pactos internacionales ratificados por Chile. Sabrán las instituciones chilenas que están para dar justicia, que no se están pegando al derecho penal ni humano. Los jóvenes hoy presos no son un peligro para la ciudadanía, más si quien, quien les imputan, torturan y montan evidencia falsa, descontextualizada e incoherente. Los chicos de San Antonio en este momento arriesgan treinta años de presidio. Rogamos a la ciudadanía de Valparaíso, la región y todo Chile, que apoye las campanas, las marchas y todos los actos a los cuales se convoque para decir la verdad y lograr la justicia. Por la liberación de Pato, Claudio, Jorge y Jordano y de todas y todos los presos por luchar. Libertad a los presos de la revuelta social”.
Desde el estallido social de octubre 2019, organizaciones, grupos y colectivos de Québec y Canadá han interpelado en diversas ocasiones al gobierno canadiense para que condene las graves violaciones de derechos humanos en Chile. Una de estas últimas acciones fue realizada en diciembre pasado en el marco de la campaña internacional por la liberación de las presas y presos políticos, desde el colectivo Chile despertó internacional.
En enero 2020, el gobierno de Justin Trudeau declaró que confiaba en el gobierno de Sebastian Piñera ante la apertura frente a las diversas visitas de misiones de observación de derechos humanos en visita en el país. A más de un año de esto, ninguna de las recomendaciones han sido implementadas. En la declaración de solidaridad desde Québec, Canada se señala que el el silencio del gobierno de Justin Trudeau puede ser interpretado como una complicidad, poniendo en evidencia que Canadá prioriza sus inversiones en perjuicio de los derechos humanos. No hay que olvidar que Canadá es el primer país que más invierte en Chile, principalmente en el sector minero. Una de las próximas acciones tendrá lugar este 17 de abril con la organización de una caravana en la ciudad de Montréal, en el marco del día internacional del preso político y el llamado de la Coordinadora por la libertad de las prisioneras y prisioneros políticos 18 de octubre a movilizarse.
Christina Ayala del Comité por los derechos humanos en América latina CDHAL.
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