El pasado 15 de septiembre de 2016, en el marco de la 33° sesión regular del Alto comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, se realizó una denuncia frente al nulo respeto al Convenio 169 que está realizando el Estado de Chile, al no desarrollar proceso de consulta indígena; favoreciendo la instalación de una central de la transnacional austríaca RP global en el sector de Tranguil, comuna de Panguipulli.
La denuncia fuer realizada por Pedro Arenas, bajo el auspicio de la ONG Auspice Stella,organismo consultor del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas quien también se refirió a la muerte de Macarena Valdés, compañera de Rubén Collío, werken de la Coordinación Newen de Tranguil, en el marco de la instalación del tendido eléctrico de la central y una serie de amenazas de muertes hacia las familias del territorio.
A continuación la intervención transcrita de Pedro Arenas de Auspice Stella, ante Alto Comisionado en Derechos Humanos.
«Señor presidente, recibimos con agrado el informe del Alto Comisionado en especial lo que dice respecto al desarrollo. Como dice el convenio 169 de la OIT; los pueblos indígenas tienen derecho a decidir sus propias prioridades frente al desarrollo. Pero esto es ignorado con demasiada frecuencia por las autoridades chilenas. No se le puede llamar desarrollo cuando tiene una incidencia agresiva sobre el medio ambiente y sobre el sistema social y de creencias del pueblo mapuche. Muchos de estos problemas derivan de la falta de voluntad política para poner freno a la voracidad capitalista de las empresas; que están arrasando con las tierras, el bosque, el agua y el medio ambiente. El histórico conflicto por las tierras en territorio mapuche ha derivado por una disputa por el agua, que ha surgido tras la puesta en marcha de decenas de proyectos hidroeléctricos, tal es el caso del holding RP Global Chile, con la construcción en Tranguil, Comuna de Panguipulli, de una mini central en la que no realizó consulta indígena, vulnerando espacios de significación cultural y espiritual. La imposición de la lineas para la conectividad se hace sobre terreno de familias que ni siquiera lo habían autorizado. Este conflicto en Tranguil ha sido salpicado con la muerte este pasado agosto de Macarena Valdés, esposa de Rubén Collío, portavoz de la oposición al cableado que lleva la empresa ASESA-(SAESA. NdE)-. El Señor Collío se oponía a la instalación del cableado, cuando fue expulsado por carabineros y amenazado de muerte por miembros de la empresa y partidarios del proyecto. Su mujer apareció muerta al día siguiente en extrañas circunstancias. Pedimos un pronto esclarecimiento de este caso y terminamos señalando que conflictos como estos podrían evitarse si de verdad hubiera voluntad política en aplicar las leyes internacionales que las autoridades chilenas incumplen sistemáticamente».
