Publicado por Regina Pérez, Prensa Comunitaria, el 25 de abril de 2024
Como si fuera un legado del gobierno de Alejandro Giammattei, el país fue incluido por tercer año consecutivo en el capítulo IV, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido al deterioro de los derechos humanos. Según la CIDH, las acciones del Ministerio Publico en el contexto electoral pusieron en evidencia un ejercicio abusivo del poder.
En 2022 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó al gobierno de Alejandro Giammattei en la lista de países que violan los derechos humanos. Dos años después vuelve a ser noticia, porque en su informe de 2023, nuevamente fue incluido en el capítulo IV B de la Comisión debido al deterioro que provocó al Estado de derecho, que continúan agudizándose por el ejercicio abusivo del poder del Ministerio Público (MP).
La Comisión incluyó a Guatemala en el capítulo IV de su informe, publicado este año, junto a países como Venezuela y Nicaragua, con fundamento en las causales del artículo 59.6 incisos a.i. y d.ii del reglamento. En el inciso ii se establece la inclusión por “incumplimiento sistemático del Estado con su obligación de combatir la impunidad atribuible a una falta de voluntad manifiesta”.
La CIDH resaltó que, en 2023, el ejercicio abusivo del poder con fines político-electorales quedó de manifiesto durante las elecciones generales por una serie de injerencias del MP seriamente cuestionadas tanto a nivel nacional como internacional, que pusieron en entredicho los resultados del proceso, socavando el Estado de derecho colocando en riesgo el orden constitucional y la independencia de poderes.
En sus observaciones, el gobierno de Giammattei manifestó su inconformidad con la decisión de la CIDH de considerar, nuevamente, la incorporación de Guatemala en el capítulo IV B y rechazó que se le señale de incumplimiento en su obligación de combatir la impunidad. También negó un “uso abusivo del poder que socave o contraríe el Estado de derecho en el país”.
Debilitamiento del Estado de derecho por injerencias del MP
En el capítulo II, del informe sobre separación de poderes, la CIDH señaló que ha venido documentando en los últimos años el debilitamiento del Estado de derecho en Guatemala por una serie de injerencias del MP en el sistema de justicia, principalmente en la criminalización de operadores de justicia, defensores de derechos humanos y periodistas, con el objetivo de favorecer la impunidad.
En 2023, el ejercicio abusivo del poder por parte del MP, se agudizó en el contexto de las elecciones generales y mediante la continua criminalización y privación de libertad de las personas mencionadas, extendiéndose hacia las y los funcionarios electorales.
“Estas acciones no solo han colocado al país en una crisis política social y de derechos humanos, sino que han puesto en riesgo la estabilidad democrática y han socavado el principio de separación de poderes del país”, señala la CIDH.
Mientras tanto, el Estado de Guatemala, durante la administración de Giammattei argumentó que la Constitución Política regula la separación de funciones en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial y que esa división de poderes ratifica la solidez del Estado de derecho y permite la objetividad del MP en su labor.
Sobre el señalamiento de criminalización de periodistas y defensores de derechos humanos expresó que “el MP no persigue a periodistas ni defensores de derechos humanos por su profesión o actividad, por el contrario, el MP cuenta con fiscalías especializadas como la Fiscalía contra Operadores de Justicia y Sindicalistas para atender con calidad y calidez a periodistas y defensores de derechos humanos que se sientan amenazados en su quehacer”.
También se opuso al señalamiento respecto a que la Fiscalía favorece a estructuras y grupos de poder vinculados a estructuras de corrupción, ya que cuenta con autoridades encargada de investigar esos casos.
Sin embargo, la Comisión documenta ampliamente la falta de voluntad del Estado para combatir la impunidad mediante la utilización del derecho penal en contra de operadores y exoperadores de justicia que realizaron investigaciones emblemáticas de casos de corrupción, así como la persecución de periodistas.
Señala falta de independencia e imparcialidad del MP
La CIDH señaló que, en 2023, se evidenció la falta de independencia e imparcialidad en la instrumentalización del derecho penal y de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) para la criminalización de operadores de justicia, periodistas, integrantes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y del partido opositor Movimiento Semilla, con el objetivo de influir en los resultados de las elecciones generales y en la situación de personas involucradas en el combate a la corrupción.
Simultáneamente, el MP continuaría deteniendo el avance de investigaciones y desmantelando los avances alcanzados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la FECI, a través de la persecución judicial y criminalización de las personas que estuvieron a cargo de estos casos.
Desde 2018, más de 90 operadores de justicia han sido afectadas por criminalización, prisión o exilio forzado.
Lo anterior fue rechazado por el gobierno de Giammattei que argumentó: “Dichos señalamientos no provienen de fuentes comprobables y verificables, es por ello que, al no contar con datos oficiales y verificables, tal afirmación resulta espuria, toda vez que el Ministerio Público no obstruye, ni menoscaba investigaciones sobre corrupción, no violenta los derechos humanos, razón por la cual rechaza categóricamente dichas afirmaciones”.
En el informe también se abordó la práctica de traslados y destituciones de fiscales durante la gestión de la fiscal general Porras.
“Ante la progresiva pérdida de independencia del MP documentada en los últimos años, la CIDH llama al Estado a tomar las medidas para restablecer las garantías de independencia e imparcialidad en el funcionamiento de esa institución, en particular para asegurar el ejercicio de la acción penal se realice de manera compatible con la Constitución Nacional y los estándares del derecho internacional”, señala.
Acciones del MP contra el proceso electoral
En el capítulo III del informe, se registra que, en 2023, se observaron varias injerencias en el proceso electoral por parte del MP, que puso en riesgo el orden constitucional y la separación de los poderes públicos.
De las intromisiones señaladas por la CIDH, se documenta la exclusión de candidaturas en las elecciones, como el caso del exprocurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, quien participaría como candidato a vicepresidente del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP). A Rodas se le negó la participación porque tendría una denuncia penal y no podría presentar el requisito legal de un finiquito.
La Fiscalía también presentó una solicitud de antejuicio contra el candidato Edmond Mulet quien se pronunció sobre la investigación penal contra periodistas de elPeriódico.
Luego de la primera vuelta, cuando los partidos Movimiento Semilla y Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) avanzaron a la segunda vuelta, la FECI anunció la suspensión, a través de un juez, de la personalidad jurídica del Movimiento Semilla por supuestamente investigar firmas falsificadas en la constitución del partido.
Desde entonces, la Misión Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE) expresaron su preocupación por la judicialización del proceso.
Durante la segunda vuelta, se sumaron más hechos como el anuncio del Registro de Ciudadanos de suspender de manera provisional la inscripción de la personería jurídica de Semilla.
El 12 de septiembre, el MP allanó las instalaciones del Parque de la Industria donde se encontraba el Centro de Operaciones del Proceso Electoral del TSE, y abrió más de 160 cajas con las boletas de la elección. En tanto el 29 de septiembre fiscales de la FECI realizaron una diligencia en el TSE para sustraer más de 125 mil documentos y actas originales de las elecciones generales.
Según la Misión de la OEA, este allanamiento constituyó la quinta diligencia realizada después de las elecciones en contra del TSE. Además, consideró que el permanente asedio del MP constituye una persecución política similar a las que se llevan a cabo en regímenes autoritarios.
A esto siguieron otras acciones que atentarían contra el proceso de transición presidencial como el caso en contra de estudiantes, profesores y sindicalistas de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), por la toma de sus instalaciones en protesta a la elección fraudulenta de su rector, en el que también involucraron al presidente Bernardo Arévalo y a la vicepresidenta Karin Herrera, así como al diputado Samuel Pérez, de Semilla.
Finalmente, el 8 de diciembre de 2023, el MP presentó el avance de tres investigaciones vinculadas con el proceso electoral, que concluyó que los resultados de las elecciones debían anularse por considerarse fraudulentos e ilegales.
Criminalización contra operadores de justicia y periodistas
En los capítulos IV y V, la CIDH abordó la lucha contra la impunidad y la corrupción y la libertad de expresión. Según la Comisión se siguió usando el derecho penal en contra de operadores y exoperadores de justicia. Algunos de estos casos son los de la exjueza Erika Aifán, que llegó a tener más de 100 denuncias y el exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, 58.
Se continuaron emitiendo órdenes de detención por la FECI en contra de la exfiscal general, Thelma Aldana; su secretaria general, Mayra Veliz; David Gaitán, exmandatario de la CICIG; y otros exfiscales como Orlando López, quien laboró en la Fiscalía de Derechos Humanos.
En 2023, ocho fiscales y exfiscales fueron detenidos, entre ellos Stuardo Campo, Allis Morán, Virginia Laparra, Samari Gómez, Paola Escobar, Gonzalo Chilel, Carlos Pérez Flores y Brayan Palencia Carrera. A eso se suma el caso de la abogada Claudia González, detenida en agosto.
Asimismo, se registró un abuso en el procedimiento del antejuicio como en el caso del juez Carlos Ruano, debido a una solicitud de antejuicio presentado por la magistrada Blanca Stalling y la Fundación contra el Terrorismo. A esto se suman los antejuicios en contra cuatro magistrados titulares del TSE.
En el tema de libertad de expresión, se registraron casos de intimidación, ataques e incluso asesinatos contra los periodistas Edín Alonso y Hugo Gutiérrez en Retalhuleu. Se resalta la condena del periodista Jose Rubén Zamora, fundador de elPeriódico, el cierre del medio y la persecución penal de la FECI en contra de ocho periodistas y columnistas que laboraron en ese medio por el presunto delito de obstrucción a la justicia.
Una de las principales conclusiones del informe es que la situación de derechos humanos y el Estado de derecho continúa agravándose por el ejercicio abusivo del poder punitivo con fines político-electorales en el contexto de las elecciones generales, así como del incumplimiento prolongado del Estado con su obligación de combatir la impunidad.
La ausencia de control judicial frente a las injerencias del MP en el proceso electoral han puesto en evidencia el estado actual de debilitamiento del principio de separación de poderes y la progresiva pérdida de un sistema de controles y contrapesos en el país, anota.
La CIDH constató un deterioro en las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y de la prensa, debido a los ataques, violencia y la instrumentalización de mecanismos penales como una forma de intimidación y silenciamiento de las voces críticas.
