Últimamente, cientos de miles de colombian@s han salido a la calle en manifestaciones pacíficas contra el gobierno para protestar contra el proyecto de reforma fiscal de austeridad neoliberal propuesto por el gobierno de derecha del presidente Iván Duque. El gobierno ha tratado de imponer un aumento de impuestos que afectaría desproporcionadamente a los más pobres, eliminando los subsidios a algunos servicios públicos, tasando las pensiones y congelando los salarios del sector público durante un máximo de cinco años, con el fin de aliviar la crisis económica de Colombia.
El gobierno colombiano respondió con una impactante represión mediante el despliegue del ejército contra la población civil. El ejército y la policía han cometido violaciones sistemáticas de los derechos humanos, y las ONG afirman que las fuerzas armadas han disparado contra civiles. El ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios de la policía nacional) y las fuerzas armadas colombianas mataron al menos a 26 manifestantes, cometieron 1.181 casos de violencia policial y 988 detenciones arbitrarias. Entre el 28 de abril y el 5 de mayo se denunció la desaparición de más de 471 personas en Colombia.
El gobierno adoptó nuevas medidas antidemocráticas al suspender el derecho a las manifestaciones públicas, haciendo ilegales las protestas contra las políticas del gobierno y la participación en las celebraciones del Primero de Mayo.
Aunque la reforma fiscal desencadenó las protestas, éstas continuaron incluso después de que Duque retirara su polémica propuesta fiscal. La represión de los dos últimos días no es nada nuevo para los colombian@s. Los colombian@s protestan de forma intermitente desde noviembre de 2019 tras años de descontento con las políticas del Gobierno, el deterioro de las condiciones de vida y la represión del Estado. Según el Banco Mundial, entre el 45 y el 47% de los 50,3 millones de colombian@s viven por debajo del umbral de pobreza.
Los movimientos sociales colombianos han declarado que se está cometiendo un genocidio contra el pueblo colombiano con la complicidad del Estado. Sólo en 2021 se perpetraron 35 masacres, según la organización local de seguimiento del conflicto, Indepaz. Algunos movimientos indígenas piden la renuncia del presidente Iván Duque.
En agosto de 2020, la Oficina de la ONU en Colombia y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia emitieron una declaración conjunta en la que «expresan su preocupación por la ocurrencia de masacres y los constantes asesinatos de defensores de derechos humanos, líderes sociales y ex combatientes de las FARC-EP». Desde la firma de los Acuerdos de Paz de La Habana en 2016, 1146 líderes sociales, defensores de derechos humanos y desmovilizados de las FARC han sido asesinados.
Canadá tiene la responsabilidad de pronunciarse debido a sus estrechos vínculos políticos y económicos con Colombia, dada la firma de un polémico acuerdo bilateral de libre comercio en 2008. Desde entonces, el comercio entre ambos países ha aumentado. Además, Colombia se ha convertido en un destino importante para la inversión empresarial canadiense, especialmente en la industria extractiva, lo que ha provocado un aumento de los conflictos sociales en el país, incluido el desplazamiento de los pueblos indígenas. Como aliado clave del gobierno colombiano, Canadá tiene la responsabilidad de abordar la violencia endémica que afecta a la población.
Solo en 2019, el comercio bilateral de mercancías entre ambos países alcanzó los 1.800 millones de dólares. Presidente Iván Duque, una relación basada en estrechos lazos económicos. Este año, Colombia y Canadá celebran el décimo aniversario de su acuerdo de libre comercio. Colombia se ha convertido en el quinto país receptor de inversiones canadienses en América Latina y el Caribe.
Pedimos al Primer Ministro Trudeau que siga el ejemplo de otros líderes mundiales en la condena inequívoca de la violencia en Colombia y que pida al gobierno colombiano que:
- Desmantelar los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional, ESMAD ;
- Poner fin inmediatamente a las violaciones de derechos humanos contra los civiles que participan en las manifestaciones y garantizar la seguridad de todos los participantes, de acuerdo con las normas de derechos humanos internacionalmente reconocidas;
- Investigar y llevar ante la justicia a todos los miembros de los organismos de seguridad del Estado responsables de violaciones de derechos humanos durante la huelga;
- Abstenerse de criminalizar y estigmatizar las protestas pacíficas;
- Entrar en negociaciones con el Comité Nacional de Huelga y iniciar un diálogo serio con los actores sociales e institucionales para abordar las profundas desigualdades que están a la base de este conflicto;
Fuente: Common Frontiers
