Colombia. Carta conjunta a la embajada canadiense tras la detención de sindicalistas de la USO.

Ambassadeur Tim Martin

Ambassade canadienne en Colombie,

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Bogotá, Colombie

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Objeto : Detención y persecución judiciales de cuatro sindicalistas colombianos que habían testimoniado contra la Pacific Rubiales Energy en el Tribunal popular colombiano contra las políticas extractivas el pasado julio.

Sr. Martin

Las organizaciones firmantes denuncian el tratamiento judicial reservado por las autoridades colombianas a cuatro sindicalistas colombianos afliados a la Union Sindical Obrera – USO. Estos sindicalistas participaron en acciones de movilización y testificaron contra las acciones de la sociedad canadiense Pacific Rubiales Energy en Colombia, compañía que según ellos no respeta ni el derecho laboral, ni la libertad de asociación. Están siendo perseguidos por haber defendido sus derechos.

En el marco de los acuerdos entre Canada y Colombia, especialmente el Acuerdo de libre comercio, nuestras organizaciones piden al gobierno canadiense que asuma la responsabilidad de asegurar el respeto a las convenciones internacionales que prevén explícitamente la protección de los principios y los derechos reconocidos por la OIT, como la libertad de asociación y el derecho de negociación colectiva.

Hechos

El 4 de diciembre de 2013, Campo Elias Ortiz, ex-trabajador de una empresa subcontratada por Pacific Rubiales Energy, José Dilio, Darío Cárdenas y Hector Sánchez, líderes comunitarios de la región de Rubiales, fueron detenidos. Estos sindicalistas fueron testigos clave durante el Tribunal popular sobre las políticas extractivas en Colombia que tuvo lugar el verano pasado en la que una delegación de organizaciones sociales y sindicales canadienses participaron.

José Dilio es igualmente uno de los testigos en la investigación de las numerosas denuncias de la USO contra Pacific Rubiales Energy por violación de derechos laborales y del derecho a la libre asociación. La última denuncia fue depositada en mayo de 2013 siendo Campo Elias Ortiz el portavoz, especialmente ante los medios de comunicación canadienses.

En cuanto a Hector Sánchez, ha sido objeto de varias acciones de solidaridad como consecuencia de las amenazas de muerte contra él y su familia. Estas amenazas fueron proferidas antes y después de la audiencia del Tribunal popular que se desarrolló en Puerto Gaitán el 13 de julio de 2013.

Durante el Tribunal, se emitió un fallo popular contra la multinacional canadiense. Había sido demostrado altamente que los trabajadores no podían afiliarse al sindicato de su elección mientras continuaran trabajando para la petrolera. No solamente los trabajadores afiliados al sindicato petrolero nacional se enfrentan a amenazas e intimidación, uno de ellos, Milton Riveras, fue asesinado en diciembre de 2012. Hecho que ya les hemos comunicado.

Estos sindicalistas son testigos clave de la investigación judicial llevada contra la compañía Pacific Rubiales por violación al derecho de asociación. Hacen frente a cargos de acusación “de obstrucción de la vía pública”, “violación al derecho al trabajo”, “amenazas”, “asociación criminal” y “secuestro agravado”. Estas dos últimas acusaciones, penadas de 40 a 60 años de cárcel, basadas en el hecho de que la línea de piquete en la entrada del campo petrolero impedía la entrada o la salida. Se trata de acusaciones graves que no serán quizá retenidas en el proceso pero que como consecuencia inmediata impiden la liberación condicional de los acusados a la espera de proceso, una práctica que tiene el objetivo claro de reprimir la contestación social y que el Estado colombiano utiliza frecuentemente.

Lo que pedimos a la Embajada canadiense :

La embajada canadiense en Colombia conoce las denuncias formuladas contra esta empresa. Esas quejas han sido, de hecho, recordadas en el marco del acuerdo auxiliar en materia de trabajo anexado al ALECC.

Con el fin de evitar que se produzcan otras agresiones contra los obreros sindicados, creemos que la embajada canadiense debe asegurar un rol de mediación en el diálogo entre la USO y PRE. Creemos que este rol entra en el marco natural de seguimiento del acuerdo firmado en su presencia el 30 de septiembre de 2011 entre el gobierno nacional, la USO y PRE, acuerdo que según la USO no ha sido respetado.Creemos que el aporte de la embajada canadiense había sido crucial en ese momento para establecer un diálogo y que retomar ese rol solo podría ser benéfico para las dos partes.

Para nuestras organizaciones, es deber del Estado canadiense asegurar que las empresas canadienses en el extranjero respetan los derechos de los trabajadorxs, los acuerdos internacionales y que se sometan a las leyes internacionales y nacionales. Según nuestro parecer, debe investigar los numerosos casos de abuso y, eventualmente, imponer sanciones a las empresas implicadas.

Les pedimos, por lo tanto, actuar frente al gobierno canadiense así como frente a la multinacional canadiense Pacific Rubiales Energy para que cesen estas prácticas.

3. Nuestro trámite ante la embajada no tiene como objetivo exonerar al Estado colombiano de sus responsabilidades. Intervendremos también ante las autoridades colombianas para pedir la liberación des los detenidos para que tengan un proceso justo y cese la persecución de los militantes de la Unión sindical obrera (USO). Les solicitamos hacer lo mismo.

Esperando recibir respuesta, acepte por favor, Señor Embajador, la seguridad de nuestra más alta consideración.

Coalition sur les impacts socio-environnementaux des transnationales en Amérique Latine (QUISETAL):