Publicado por LAB, 17 de julio de 2023
Delegación internacional se une a los afectados por la minería para instar a la administración del presidente Gustavo Petro a retirarse de los tribunales corporativos.
¿Tenemos derechos fundamentales a nivel internacional?», preguntó un líder de la comunidad indígena Wayúu durante un taller en La Guajira, Colombia, a finales de mayo.
Durante décadas, las comunidades wayúu se han visto profundamente afectadas por la mayor mina de carbón a cielo abierto de América Latina, conocida como Cerrejón. En 2017, ganaron una importante decisión de la Corte Constitucional que busca proteger sus derechos al agua, la salud y la soberanía alimentaria frente a la expansión de esta mina sobre el último afluente que queda del río Ranchería, el arroyo Bruno, del que dependen. Años después, la sentencia aún no se ha aplicado.
En el camino se interponen los derechos de inversor internacional de la empresa minera suiza Glencore, recogidos en un tratado bilateral de inversiones entre Suiza y Colombia. Glencore ha interpuesto una demanda de arbitraje internacional contra Colombia por una suma desconocida que está interfiriendo en la aplicación de la decisión, ejerciendo presión sobre el poder judicial y los funcionarios reguladores.
Durante el mismo taller, Cindy Forero, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), comentó que, debido a la demanda de arbitraje, los funcionarios públicos han tenido miedo incluso de hablar sobre la decisión y su aplicación. Por un lado, está el proceso de arbitraje», me dijo. Por otro, está la obligación [del Estado] de proteger los derechos fundamentales de las comunidades. No pueden decirme que no van a proteger sus derechos por miedo. Si es así, la empresa está por encima del Estado y nos quedamos sin Estado. Estas son las implicaciones de este injusto mecanismo de arbitraje».
El fallo de la Corte Constitucional cita como razón para admitir su caso la discriminación histórica a la que se han enfrentado los Wayúu y otros pueblos indígenas en Colombia. Perversamente, como explicó Cindy más adelante, Glencore argumenta en su demanda que es a la empresa a la que el Estado colombiano trató injustamente como resultado de esta sentencia. No obstante, la delegación observó cómo la empresa continúa con actividades en la sección La Puente de la mina de carbón que deberían suspenderse; y cómo ha desviado 3,6 kilómetros del arroyo Bruno hacia un canal que los Wayúu califican de autopista de hormigón, carente de la vida que atribuyen al cauce natural restante.
Estas injusticias fueron el centro de atención del taller y de una delegación internacional que viajó a Colombia en mayo. La Misión Internacional para Detener el ISDS (Investor State Dispute Settlement) pretendía llamar la atención sobre el abismo que existe entre el pleno disfrute de los derechos de los pueblos y su cercenamiento cuando éstos se ven afectados por inversiones transnacionales, situación que se ve agravada por el recurso exclusivo que tienen las empresas transnacionales para demandar a los países cuando consideran que la decisión de un Estado afecta a su inversión y a sus beneficios futuros.
Normas mundiales de inversión fundamentalmente injustas
Junto con representantes de una docena de organizaciones de justicia social y medioambiental de ocho países de América y Europa, la delegación en la que participé trató de compartir experiencias de otras partes del mundo, del norte y del sur, donde se están tomando medidas contra este sistema de protección de los inversores.
También fuimos a solidarizarnos y a conocer de primera mano sus implicaciones para las comunidades de primera línea que se organizan para defender sus territorios de los perjuicios de la minería, entre ellas las de los departamentos de La Guajira y Santander.
Colombia se ha enfrentado a una avalancha de 22 demandas de arbitraje de inversores desde 2016 por un total de 13.200 millones de dólares estadounidenses en reclamaciones conocidas. Esta cantidad equivale aproximadamente al presupuesto total de educación para toda Colombia en 2023. En tres de estos casos, incluido el de Glencore, la cantidad reclamada ni siquiera se hace pública.
Traicionando la naturaleza neocolonial de este sistema, las empresas que demandan a Colombia se han apoyado en tratados de libre comercio y acuerdos bilaterales de inversión con cinco países: Canadá, Estados Unidos, España, Reino Unido y Suiza. Casi la mitad de estas demandas han sido interpuestas por empresas mineras y casi todas ellas tienen como núcleo la lucha de una comunidad afectada que lucha por proteger o exigir responsabilidades por los daños causados a su agua, sus tierras, su autodeterminación o su economía local.
Es comprensible que la indignación por este extraordinario privilegio concedido a las empresas transnacionales haya surgido entre los wayúu, organizaciones como el CAJAR y grupos de base como el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Antes de la delegación, sus preocupaciones fueron expuestas y difundidas a través de una declaración, Recuperemos la soberanía de Colombia en defensa del agua, la vida y los territorios, firmada por más de 280 organizaciones de 30 países.
La única salida es afuera
El Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán lleva catorce años luchando por mantener la minería industrial de oro fuera de un humedal de gran altitud único en los Andes conocido como páramo.
El páramo y ecosistemas interconectados como el bosque andino regulan el suministro de agua para decenas de millones de personas en Colombia, más de dos millones sólo en Santander. Los exitosos esfuerzos del Comité hasta la fecha han llevado a tres empresas mineras canadienses, Eco Oro, Red Eagle y Galway Gold, a demandar a Colombia por unos 1.000 millones de dólares por proteger el páramo y el agua de la gente.
Estos casos están en curso, pero una sentencia inicial contra Colombia en el caso de Eco Oro demuestra la inutilidad de incluir un lenguaje que proteja el derecho del Estado a regular en favor del medio ambiente en acuerdos como el Tratado de Libre Comercio Canadá Colombia. Por el contrario, como se debatió en las reuniones con comunidades, organizaciones de movimientos sociales, estudiantes, medios de comunicación y funcionarios gubernamentales, la retirada total del sistema de protección de los inversores es un paso importante para recuperar la soberanía local y nacional con el fin de proteger la salud de las personas y el medio ambiente.
Días después de que la delegación llegara a Colombia, el Ministro de Comercio anunció que el país tiene previsto revisar todos sus acuerdos de protección de las inversiones. No está claro, sin embargo, hasta dónde podría llegar esto.
Si Colombia decidiera retirarse de la ISDS, no estaría sola.
Como la delegación compartió durante sus reuniones, países tan diversos como Ecuador, Bolivia, India, Indonesia, Pakistán, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Canadá y EE.UU. han tomado medidas para reducir su exposición al arbitraje internacional en los últimos años. Mientras tanto, la Comisión Europea avanza hacia una salida coordinada de la Unión Europea del Tratado sobre la Carta de la Energía, un tratado específico del sector energético, dada la incompatibilidad de la solución de controversias entre inversores y Estados con las medidas necesarias para hacer frente a la crisis climática.
Semanas después de la salida de la delegación de Colombia, a finales de junio, el presidente Gustavo Petro visitó La Guajira con miembros de su gabinete. En una reunión con las comunidades afectadas por la mina de carbón del Cerrejón, declaró: «Una nación soberana no teme las demandas internacionales cuando hace lo que es justo». Se trata de una promesa bien recibida, que aumenta las esperanzas y la motivación de la comunidad para seguir presionando a las autoridades colombianas para que protejan los derechos fundamentales de la comunidad y devuelvan el arroyo Bruno a su cauce natural, a pesar de la demanda de Glencore.
No obstante, como concluyó Petro su discurso, esta será una tarea difícil: «Cuando uno se enfrenta al capital, hasta el Congreso tiene miedo de aprobar leyes». Por esta razón, la delegación, junto con nuestros socios locales, también seguirá instando a los funcionarios colombianos a que planifiquen la retirada de este mecanismo injusto que las empresas transnacionales utilizan para intimidar e impedir.
Fuente: https://lab.org.uk/colombia-corporate-claims-vs-human-rights/
