Publicado por Antonio José Paz Cardona, Mongabay, el 21 de mayo de 2024
Las agresiones contra los líderes sociales, ambientales y de derechos humanos en Colombia no paran. El pasado 16 de mayo, la organización Somos Defensores publicó el informe Puntos suspensivos en el que revela que durante el 2023 se presentaron 765 agresiones contra 712 defensores, lo que representa un promedio de dos agresiones diarias.
Dentro de la categoría de agresiones, la organización considera los asesinatos, los atentados, las amenazas, los desplazamientos forzados, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, los robos de información, los secuestros, las judicializaciones, las torturas y las agresiones sexuales. Los hechos violentos de mayor ocurrencia fueron las amenazas (57 %), seguidas de los asesinatos (22 %), los atentados (9 %), los desplazamientos forzados (4.5 %) y las desapariciones forzadas (2.6 %).
Los meses más críticos fueron enero, marzo, abril, febrero y julio, respectivamente. Esto ubicó al primer semestre del año como el más grave para los liderazgos en el país, ya que el 63 % de los hechos se presentaron en este periodo.
En el 2023 se presentó una disminución del 9 % sobre el total de agresiones en comparación con el 2022 (75 hechos menos). El informe resalta que la disminución en la violencia selectiva es positiva, pero hay varios elementos que impiden interpretar esto como una señal de mejora en el nivel de riesgo. “El número de personas afectadas por este tipo de violencia continúa siendo muy alto para hablar de un cambio en las tendencias, además, el notorio incremento en algunos tipos de agresiones y en la presunta responsabilidad de grupos armados que están en medio de conversaciones con el Gobierno, puede evidenciar la transformación de dinámicas de la guerra en los territorios”, señala el documento.
Los asesinatos estuvieron entre las agresiones que presentaron una disminución, al pasar de 197 en el 2022 a 168 en el 2023. Para Astrid Torres, coordinadora de Somos Defensores, esto es importante porque “son vidas que no se perdieron”, sin embargo, asegura que falta mucho trabajo por hacer.
A Torres le preocupa, por ejemplo, que en el escenario de Paz Total —una política de Estado implementada por el actual gobierno, que propone la finalización del conflicto mediante la implementación de fórmulas de negociación y acogimiento a la justicia con grupos armados con características variadas—, muchos líderes y lideresas fueron agredidos por actores que estaban en conversaciones para un cese al fuego.
Llevar la voluntad política hacia acciones concretas
En el 2023 se consolidó la transición de un gobierno de derecha a uno de izquierda. La llegada de Gustavo Petro a la Presidencia generó gran expectativa en sectores ambientales, sociales y de derechos humanos. Sumado a esto, la ejecución de la estrategia de Paz Total empezó a reflejar cambios en la situación de los defensores. “La intensidad de la violencia bajó, especialmente la más visible, pero se trasladó hacia agresiones no letales y que en periodos anteriores fueron menos frecuentes”, se lee en el informe Puntos Suspensivos.
Al igual que los asesinatos, las amenazas también descendieron, al pasar de 517 en el 2022 a 436 en el 2023. Sin embargo, agresiones como los desplazamientos forzados aumentaron a 35 en el 2023, cuando en el año anterior se registraron 18. Es decir, hubo un incremento del 94.4 %. Por su parte, las desapariciones forzadas pasaron de 8 a 20, los secuestros de 5 a 8 y los atentados de 66 a 68.
El reporte señala que en el 2023 se presentaron dos atentados más que en el 2022, “pero cuando lo pones en perspectiva, ¿qué pasa si se hubieran consumado los atentados en Colombia? Estaríamos hablando de 68 asesinatos más. Hay quienes dicen que los atentados son advertencias, pero detrás de esto el mensaje es: ‘La próxima vez no se fallará’”, dice Torres.
La coordinadora de Somos Defensores también se refiere al desplazamiento forzado, porque esta agresión implica el desarraigo y es un golpe directo no sólo al líder y a su familia, sino al proceso organizativo, que se va quedando sin sus voceros y donde muchas veces el miedo y el terror impiden que surjan nuevas vocerías.
Nadia Umaña es una de las voces de un proceso organizativo en los departamentos de Cesar, Magdalena y el Magdalena Medio santandereano. Desde allí articulan siete organizaciones campesinas que han recuperado tierras bajo el argumento de ser playones comunales del complejo cenagoso de La Zapatosa. Umaña asegura que se trata de cerca de 900 familias que han logrado recuperar aproximadamente 7000 hectáreas que antes eran utilizadas para ganadería y cultivos de uso ilícito.
La lideresa ha sido víctima de amenazas y desplazamiento forzado. Y no solo esto, varios de los líderes que trabajaban junto a ella fueron asesinados en años anteriores. Los asesinatos de Albert Mejía, en 2021; Teófílo Acuña y Jorge Tafur, en marzo de 2022, y José Luis Quiñones, en agosto del 2022, afectaron a su proceso organizativo al darse fracturas y divisiones internas.
“Alrededor de la ciénaga de Zapatosa hay narcotráfico y unos intereses del proyecto político paramilitar de control territorial al que no le conviene, obviamente, tener un proceso organizativo como el nuestro. En Colombia, si hay algo peligroso para defender es la naturaleza y si hay algo difícil de lograr es el acceso a la tierra para el campesinado. Y justamente esos son los dos procesos que guían nuestra organización”, dice Umaña.
La lideresa cuenta que cinco de los voceros más fuertes de su organización, incluida ella, tuvieron que desplazarse forzosamente en abril de 2023. Según dice, después del asesinato de sus cuatro compañeros, la voluntad política del nuevo gobierno les permitió instalar una mesa de interlocución donde se trazaron algunas rutas para solucionar los problemas de Zapatosa, pero que el problema radicó en que no hubo un seguimiento y cumplimiento estricto de los acuerdos. Las vocerías fueron visibilizadas en los territorios sin el acompañamiento estatal. “Hubo una serie de amenazas muy directas a nuestra organización por parte de actores armados paramilitares que controlan el territorio, porque ven como una amenaza que las organizaciones sociales tengamos la capacidad de comunicarnos con el gobierno nacional y que el Estado empiece a hacer presencia en el territorio, no sólo desde lo militar, sino desde una visión garantista de derechos”.
Umaña agrega que por experiencia propia “sabemos que nuestras amenazas son muy reales. Cuando nos amenazan, lo materializan. Entonces tuvimos que desplazarnos”.
Las zonas más críticas
Las 765 agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales registradas durante el 2023 ocurrieron en 29 departamentos y en Bogotá Distrito Capital. Esto equivale al 91 % del territorio nacional.
Los diez departamentos que concentraron la mayor ocurrencia de hechos violentos fueron Cauca (193), Antioquia (89), Nariño (67), Valle del Cauca (65), Santander (49), Bolívar (43), Bogotá (38), Norte de Santander (36), Magdalena (22) y Córdoba (20). En estos departamentos ocurrieron 622 agresiones, equivalentes al 81 % del total registrado por Somos Defensores.
Muchos de estos departamentos también se cruzan con algunas estadísticas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que publicó en abril su informe Balance Humanitario Colombia 2023. Aunque el documento no se centra en defensores, sí reporta todos los casos de violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) registrados por la organización en el país.
El CICR registró 444 presuntas violaciones al DIH por parte de actores armados estatales y no estatales, y destacó la falta de protección para la población civil ante los efectos de las hostilidades. Por quinto año consecutivo, el departamento de Nariño fue el que registró más desplazamientos masivos, con un total de 26 014 personas desplazadas, superando por mucho a Bolívar, el segundo departamento con más personas que abandonaron masivamente su territorio (4085). En el listado también aparecen los departamentos de Cauca (3909) y Valle del Cauca (3695).
Tanto Nariño como Cauca y Valle del Cauca también aparecen en los primeros lugares de los departamentos con más desplazamientos individuales, desapariciones y confinamientos.
¿Qué pasa en el suroccidente colombiano? Lorenzo Caraffi, jefe de la delegación del CICR en Colombia, le dijo a Mongabay Latam que en el país, y particularmente en el suroccidente, aumentó el número de minas antipersonales, lo que refleja un aumento en la conflictividad entre grupos armados en las zona rurales, que puede constatarse en cifras como el aumento del 19 % en la población colombiana confinada y del 18 % en los desplazamientos individuales durante el 2023.
“Notamos que hubo una reducción clara de los enfrentamientos entre Fuerza Pública y grupos armados con quienes hay, o hubo en su momento, un cese al fuego. Pero hubo un aumento de la conflictividad entre grupos armados. La situación es más compleja de la que existía años atrás por la multiplicación de los grupos, su reorganización y su reconfiguración. Esto hace que las comunidades estén en una situación muy difícil, ya que con mucha frecuencia se encuentran con varios grupos armados que se disputan el control territorial”, aseguró Caraffi.
El informe Puntos Suspensivos de Somos Defensores destaca que el suroccidente del país es un territorio estratégico no sólo por su riqueza en recursos naturales sino por su ubicación geográfica, lo que lo convierte en una ruta importante para el narcotráfico y otras actividades ilícitas. Allí se presentaron 338 agresiones, que corresponden al 44 % del total de hechos violentos del 2023. El suroccidente concentró también la mayor cantidad de asesinatos de líderes, 75 casos que equivalen al 45 %.
Los agresores y las negociaciones con el gobierno nacional
El liderazgo más afectado en Colombia durante el 2023 fue el indígena con 222 agresiones, de las cuales 122 ocurrieron en el departamento del Cauca. Le siguen el liderazgo comunal (112), el comunitario (100), el campesino (83), el de derechos humanos (58), el de víctimas (55) y el ambiental (39).
Astrid Torres menciona que la gran cantidad de agresiones en contra de los indígenas, sobre todo en el suroccidente de Colombia, se debe en gran parte a que “allí hay una fuerte presencia de comunidades étnicas que tienen por principio ser autoridad y tener gobierno propio. Eso significa entrar en conflicto con los actores armados y decirles: ‘en el territorio nuestro, mandamos nosotros’. Eso no lo soportan los actores armados”.
Otro de los puntos que destaca dentro del reporte de Somos Defensores es que en 322 (42 %) de los hechos violentos en contra los defensores se desconoce quién fue el agresor. En segundo lugar aparecen los paramilitares como responsables de 178 agresiones, los grupos armados pos acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fueron señalados en 136 casos y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 46. “Encontramos incrementos en la presunta responsabilidad de grupos como el ELN (48,3%) y las estructuras posacuerdo de paz (30,7%)”, indica el documento.
El mapa de los actores armados en Colombia es tan complejo que el CICR identificó ocho conflictos internos vigentes, con base en la confluencia de dos criterios: que los grupos armados tengan un nivel suficiente de organización y que las hostilidades entre las partes alcancen un nivel mínimo de intensidad.
De esta manera determinaron que existen conflictos entre el Estado colombiano y el ELN, entre el Estado y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), entre el Estado y el Estado Mayor Central de las Farc (EMC), una de las principales disidencias de esta guerrilla, entre el EMC y la Segunda Marquetalia, otra de sus disidencias; entre el EMC y la disidencia conocida como Comandos de Frontera; entre el EMC y las AGC; entre el EMC y el ELN, y entre el ELN y las AGC.
“Nosotros esperamos que el gobierno pueda avanzar con la Paz Total, pero poniéndole límites a los actores armados, líneas rojas para el respeto a la labor de las y los defensores de derechos humanos”, dice Astrid Torres.
Lorenzo Caraffi menciona que el CICR no interviene en el manejo político de los conflictos, a menos que sea invitado como mediador neutral, pero está convencido de que las comunidades deben estar en el centro de las conversaciones que se dan en las negociaciones entre el gobierno y los grupos armados. También considera que se pueden tomar medidas para proteger a la población civil, como no usar artefactos explosivos, no involucrar menores de edad dentro de los conflictos armados, buscar a las personas desaparecidas y respetar las acciones humanitarias. “Todos estos son elementos que pueden ser puestos en la mesa y corresponden a las obligaciones de las partes en relación al DIH. Obligaciones que existen aunque no haya negociaciones ni haya cese al fuego”,afirma Caraffi.
El actual gobierno colombiano, en palabras de Nadia Umaña, tiene voluntad política, pero también asegura que se necesita que las intenciones, así como las medidas de protección y los planes de acción para protegerlos, se materialicen. Por su parte, Torres agrega que “el Gobierno ha tenido toda la voluntad política para llevar a cabo el proceso de Paz Total, pero los actores armados no están comprometidos y eso es claro. El gobierno abrió las puertas, pero los actores armados también son responsables por lo que sucede en los territorios”.
Umaña hace un llamado para que la Fiscalía avance con las investigaciones de las agresiones y asegura que si la sociedad en general no se convence de la importancia de la labor de los defensores en los territorios, este seguirá siendo un tema que quedará en la impunidad. “El actor armado valora el costo político de atentar contra un liderazgo dependiendo de las consecuencias que pueda recibir. Si las consecuencias son nulas, ¿qué le impide accionar en contra de cualquiera de nosotros?”, enfatiza la lideresa.
Por ejemplo, Torres asegura que las amenazas siguen siendo una de las formas más comunes de agresión, porque logran su cometido de generar miedo y los mismos agresores saben que las autoridades pocas veces las investigan.
Las fuentes consultadas para este reportaje coinciden en que la situación de los defensores sigue siendo crítica y que si las negociaciones que adelanta el gobierno fracasan, el futuro de los defensores puede ser aún más preocupante.
“Si no se avanza por buen camino con la Paz Total, si no se logran resultados materiales y concretos, lo que pasa, como se ha demostrado otras veces en Colombia, es que habrá un fortalecimiento de los actores armados ilegales”, dice Torres. El informe Puntos Suspensivos concluye este asunto de forma contundente: “En caso de que las negociaciones de paz no prosperen, las personas defensoras, los liderazgos sociales y las comunidades quedarán en medio de actores con alta capacidad y con una gobernanza armada fortalecida, lo que probablemente incrementará sus riesgos”.
Fuente : https://es.mongabay.com/2024/05/colombia-agresiones-contra-defensores-derechos-humanos-2023-informe/
