Bakatá, 26 de marzo de 2021. El desplazamiento por causa de más de 60 de conflicto armado en Colombia ha cobrado la vida de miles de nuestros hermanos y hermanas indígenas que han sido asesinados o han caído en medio del fuego cruzado, perdiendo sus territorios, padeciendo hambre y enfermedad. Hoy en Colombia hay pueblos enteros y comunidades indígenas al borde del exterminio físico.
El Observatorio a los derechos humanos de la ONIC, registra que, desde la firma del Acuerdo de Paz, el confinamiento y el desplazamiento forzados con el 51.6%y el 30.0% respectivamente son los de mayor impacto dentro de las múltiples violaciones a los derechos de los pueblos. Del 1 de enero hasta el 9 de marzo del presente año ya se ha registrado 2960 víctimas por confinamiento y 677 por desplazamiento masivo, de un total de 3.674 víctimas por diferentes afectaciones. Por eso afirmamos que somos víctimas directas de permanentes violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario cometidas por todos los actores armados estatales e ilegales y sabemos que, detrás de esta dolorosa y trágica realidad está el interés de los grandes negocios en nuestros territorios para el narcotráfico, el extractivismo minero-energético y la agroindustria.
El recrudecimiento del conflicto, luego de la firma del acuerdo de paz y la implementación fallida del actual gobierno de Iván Duque, colocan en riesgo la vida, integridad, la libertad y pervivencia de los pueblos originarios. Debido al flagelo del desplazamiento nuestra pervivencia se encuentra amenazada.
El desplazamiento forzado que ha vivido la nación Emberá, para hablar de un caso específico, se presenta desde el año 2001, y muy a pesar de que se han logrado realizar rutas de retorno de varias familias a sus territorios, en los siguientes años han regresado a la ciudad de Bogotá debido al inminente riesgo, falta de garantías, reconfiguración de la violencia, presencia de nuevos actores armados, nuevos hechos de violencia y la colocación indiscriminada de minas antipersona para obtener el control territorial y el control de las economías ilegales por parte de actores armados.
En la ciudad de Bogotá, se encuentran en un nivel de alto riesgo y vulnerabilidad 393 personas, parte de un total de 1235 familias y aún no hay rutas de retorno claras, ni garantías de atención en salud, educación, vivienda, lo que los coloca en inminente de exterminio físico, cultural y territorial. A esta situación, le sumamos la crisis de salubridad causada por el covid-19, que ha ocasionado que las familias no puedan vender sus artesanías del que generan el sustento diario para la alimentación.
Señalamos que se presentan grandes dificultades para que las familias presenten su declaración ante la unidad de víctimas, toda vez que, no hay traductores que faciliten esta diligencia; en algunos casos los funcionarios al no entender las solicitudes de las familias, los envían a otros lugares dificultando aún más el proceso de acreditación como víctimas y de acceso a sus derechos.
Así mismo, ponemos en conocimiento del Estado colombiano y a la Secretaria General de Bogotá que, se encuentran en peligro de mendicidad 125 familias del pueblo Emberá Katio, ubicados en localidad de Ciudad Bolívar, Barrio Brisa, Volador, y el Paraíso por falta de pago de los cánones de arrendamiento, obligación que quedó a cargo de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, razón por la cual hacemos responsables a la Consejería para los Derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación, Secretaria Distrital de Gobierno y la Subdirección de asuntos étnicos en caso de que las familias sean desalojadas configurando una nueva violación a los derechos del pueblos Emberá.
Por lo anterior, hacemos un llamado URGENTE a las instituciones del Gobierno y la Secretaria Distrital de Bogotá, para que se diseñen planes de protección y atención colectiva para las familias asentadas en Ciudad Bolívar, rutas para el proceso de transición de las familias que no desean retornar por faltar de garantías en el territorio, garantizando una vida digna en la ciudad de Bogotá, protegiendo el derecho fundamental a la vivienda, educación, salud y seguridad alimentaria, es urgente que se defina una ruta que permita de manera REAL y EFICAZ para garantizar la seguridad, protección y estabilidad socio económica , las que hasta ahora se han pactado con las familias afectadas y las víctimas son soluciones parciales, temporales y sin enfoque étnico ni cultural.
Desde la Organización Nacional Indígena de Colombia- ONIC exigimos al Gobierno Nacional, Ministerio público, Secretaria general de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Consejería para los derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación, Secretaria Distrital de gobierno, Subdirección de asuntos étnico asuman las responsabilidades constitucionales que los obligan a dar protección especial a los pueblos en riesgo de exterminio.
Convocamos a todas las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, medios de comunicación, y al pueblo colombiano en general a solidarizarse con la situación de las familias emberá en la ciudad y alertamos sobre la grave crisis humanitaria, que viven los pueblos Embera Chami y Eyábida, y el pueblo Wounaan a causa del conflicto armado y el incremento de las economías ilegales en la región del Chocó, Antioquia y Risaralda que ya están produciendo nuevos desplazamientos.
Hemos insistido en el cumplimiento de los acuerdos pactados entre la ex guerrilla de las FARC- EP y el Estado, y en especial en la implementación del Capítulo Étnico como salida a esta grave situación, igualmente clamamos para que se reinicien de los diálogos de Paz con el ELN y demás grupos armados, con el fin de PARAR LA GUERRA que está dejando un rastro de dolor en los territorios.
¡CUENTEN CON NOSOTROS PARA LA PAZ, NUNCA PARA LA GUERRA!
#AlertaDerechosHumanos
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA-ONIC
AUTORIDAD NACIONAL DE GOBIERNO INDÍGENA
Fuente articulo : ONIC
Fuente foto : Agenda Propia.
