No podemos aceptar éticamente que sigamos matando y atacando a nuestros líderes comunitarios, sociales y defensores de los derechos humanos en Colombia. Si esto no se detiene, no seremos capaces de establecer una paz verdadera, estable y duradera, al contrario reviviremos ciertamente otra época de terror, que nos recuerda dolorosamente lo que se vivió en la Unión Patriótica.
Mauricio Torres-Tovar
Profesor en la Universidad Nacional de Colombia
«El desprecio no tiene la última palabra, el amor es más fuerte que la muerte y la violencia. Toda muerte violenta nos disminuye como ser humano »
Papa Francisco”
Cada vez que sabemos acerca del asesinato de un líder social en algún lugar de Colombia y la rapidez con la que hoy en día la información en las redes sociales se difunde, genera en mí inquietud, malestar, tristeza profunda, ira, impotencia con esto surge una pregunta que muchos de nosotros tenemos en mente : ¿Qué podemos hacer para detener este nuevo genocidio que está consumiendo a nuestro país?
Estamos hablando de genocidio, no por retórica política, o por un simple abuso de lenguaje , sino porque lo que está sucediendo en Colombia en este momento corresponde a la definición de aniquilación o el exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por razones comunes. Esto quiere decir que en Colombia somos testigos de una eliminación sistemática de líderes sociales y defensores de los derechos humanos à causa de sus acciones en el ámbito social y político.
El gobierno nacional insiste en que no existe una planificación sistemática que explique todos los homicidios en Colombia, mientras que las organizaciones sociales, laborales y de derechos humanos sostienen que existe una, y que estamos avanzando hacia un nuevo genocidio en Colombia contra nuestros defensores comunitarios, sociales, sindicales y de derechos humanos.
Esta semana, por ejemplo, hacemos un doloroso informe acerca de un ataque en el departamento de Huila en contra de Jhon Ninco, líder sindical de los trabajadores y trabajadoras enferm@s en el sector petrolero; el asesinato de José Jair Cortés, líder comunitario en el municipio de Tumaco que se encuentra en el departamento de Nariño; el asesinato de Liliana Astrid Ramírez, educadora y líder del Sindicato de Maestros y maestras del Tolima (Simatol) en el municipio de Coyaima, departamento de Tolima; y denunciamos el homicidio de seis excombatientes en Isupi, localidad de San José de Tapaje, en el municipio de Charco, departamento de Nariño, que había regresado a la vida civil tras los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC .
Estas muertes se suman al lamentable número de asesinatos en el país que hemos calculado desde los acuerdos de paz. Según el informe «Panorama de las violaciones del derecho a la vida, la libertad y la integridad de los líderes sociales y los defensores de los derechos humanos en 2016 y la primera mitad de 2017», producido por diversas organizaciones de derechos humanos y publicado en el mes de octubre de 2017, en 2016 fueron asesinados y desaparecidos por la fuerza 101 líderes, 65 de los cuales eran figuras importantes en favor de la paz.
En total, durante la primera mitad de 2017, según la Defensoría del Pueblo, 52 líderes sociales y defensores y defensoras de los derechos humanos fueron asesinados, lo que indica la trágica cifra de 186 homicidios entre el 1 de enero de 2016 y el 5 de julio de 2017, demostrando una tendencia dramática y sostenida de asesinatos en contra de este tipo de personas.
El informe también destaca que los líderes y las organizaciones más afectadas son rurales y étnicas, centradas en la defensa de los derechos territoriales: el 36% son campesinos, el 23% son indígenas y el 7% son de ascendencia africana . El informe también menciona que la mayoría de los indígenas seleccionados han sido jefes de las reuniones de acción comunitaria (Juntas de Acción Comunal); y el de los indígenas afectados, la mayoría son defensores de la tierra.
Además, el informe menciona que entre las organizaciones sociales más afectadas, encontramos al Movimiento Político y Social Marcha Patriótica , el Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC y la Asociación municipal indígena Emberá, Wounaan, Katío Chamí y Tule del departamento de Chocó y la Asociación de Cabildos indígenas Embera, Wounaan, Katío Chamí no Tule – Orewa.
Con respecto a los autores de estos crímenes, el informe menciona que en el año 2016 el autor del 57% de los casos es desconocido ; el 25% es atribuido a narcoparamilitares y el 5,94% a grupos armados no identificados. El informe señala que el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional – ESMAD y el ejército colombiano son los presuntos autores del 4,95% asesinatos; mientras que las guerrillas de las FARC y el ELN también están involucradas en la muerte del 4.95% de los casos. Es decir, como es costumbre, se les concede impunidad de hecho, mientras que no se les puede reconocer como los autores intelectuales y materiales, y por lo tanto es imposible hacer juicios para estos casos particulares.
Este trágico panorama, confirma que todos los asesinatos están conectados a los aspectos sociales y políticos con relación a la propiedad de la tierra y la defensa del territorio como consecuencia del rechazo a los proyectos de explotación minera y energética , del intento de llevar a cabo proyectos comunitarios colectivos, y de la petición para proteger los derechos humanos y del trabajo, entre otras cosas. Es decir, si existe un proyecto real de exterminio sistemático contra quienes luchan por su territorio y por sus derechos, lo que confirma la idea de un genocidio.
No podemos aceptar éticamente que en Colombia sigamos matando y atacando a nuestros líderes comunitarios, sociales y sindicales, y a nuestros defensores de los derechos humanos. Si esto no se detiene, no podemos establecer una paz verdadera, estable y sostenible, al contrario reviviremos otra época del terror, que nos recuerda dolorosamente lo que vivió la Unión Patriótica.
Ante la pregunta de cómo actuar, lo único que logró escribir son estas palabras , para indicar a través de las redes sociales que esto es intolerable y para apoyar las manifestaciones sociales que se oponen a estos hechos. Pero tal vez sea muy poco, tal vez sea inútil o tal vez tenga que involucrarme de otra manera o expresarme de otra manera, como seguramente deberían más personas de este país y de otros países, considerando que si cada asesinato provocará una expresión de indignación tanto a nivel nacional como internacional, esto requeriría y resultaría en el cese de estos.
Como sociedad no podemos continuar a acostumbrarnos al asesinato como si fuera una cosa normal o como si fuera una designación divina para nuestra sociedad.
Colombia no puede perder una nueva esperanza para construir una sociedad diferente, hay que crear un cambio histórico para el establecimiento de un país digno, justo, respetuoso de la vida y de la integridad de sus ciudadanos.
¡Debemos conferir desde el interior de nuestra sociedad el mandato ético que merecemos, la paz acompañada de una justicia social, y que esta paz no pueda costarnos la vida!
Autor:
PASC
Fuente: http://pasc.ca/fr/article/comment-arreter-ce-nouveau-genocide-en-colombie
