El domingo 26 de noviembre 2017 se llevaron a cabo en Honduras elecciones generales para renovar los cargos de presidente del país, de los miembros de la Asamblea nacional y de las alcaldías. En previsión de estas elecciones, Honduras vive una escalada de militarización y de intimidación que tiene como objetivo asustar a los partidarios de la coalición de oposición.
En medio de denuncias de fraude, el TSE (Tribunal Electoral Supremo), responsable de la supervisión de las elecciones, no ha declarado aún el nombre del ganador de la votación presidencial del domingo.
Con 60% de lo boletines de voto contabilizados, el TSE había anunciado este domingo los primeros resultados a favor de Salvador Nasralla, candidato a la presidencia de la Alianza de oposición a la dictadura, con una ventaja de 5% en relación al candidato Juan Orlando Hernández. Dos miembros del Tribunal electoral supremo (TSE), Marco Lobo y Eric Mejía, declararon que la victoria del candidato Salvador Nasralla de la Alianza de Oposición, era irreversible.
De manera inexplicable, las autoridades electorales no dieron más resultados durante más de 24 horas. Esta larga pausa para dar a conocer los resultados levantó las sospechas de fraude entre miembros del partido de Narsalla cuyos partidarios salieron a la calle a protestar.
El día martes 28 de noviembre, el TSE empezó a publicar resultados de votos que acusaban una caída súbita de los votos de Nasralla. Los resultados del miércoles en la mañana demostraron que su apoyo había disminuido de 1%.
Varios observadores electorales internacionales en el país declararon que las irregularidades en el escrutinio podrían representar un fraude potencial en favor de Juan Orlando Hernández. Así mismo, eminentes grupos de la sociedad civil en Honduras acusaron el TSE de frenar la publicación del recuento ya que daba a entender que el presidente saliente se dirigía hacia una derrota.
Se propone entonces que el partido quebequense «Québec Solidaire»:
• Solicite al gobierno canadiense que rompa el silencio sobre la situación de represión, corrupción e impunidad sistemática que se vive en Honduras desde el golpe de Estado de 2009,
• Llame el gobierno canadiense a suspender todo apoyo político y económico al gobierno hondureño hasta que los resultados de las elecciones sean examinados por observadores internacionales y sean declarados libres y justos, y hasta que se mejore la situación de derechos humanos en el país.
