Ciudad de México, 21 de Agosto de 2013
AL GOBIERNO DE CANADA Y SU EMBAJADA EN MEXICO
A LA OPINION PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LOS PUEBLOS Y RESISTENCIAS DEL MUNDO CONTRA LA MINERÍA
Mientras mi esposo Mariano Abarca Roblero defendía el medio ambiente y los derechos humanos del municipio de Chicomuselo, Chiapas, México, los empresarios canadienses de la minera Blackfire lo hostigaron, lo amenazaron, lo golpearon, lo intentaron comprar como al presidente municipal de aquél entonces, y con falsas acusaciones esos empresarios canadienses intentaron encarcelarlo, aunque sólo unos días permaneció detenido. Sin embargo, esto no fue suficiente para ellos. El 29 de noviembre de 2009 lo mandaron a asesinar. Desde entonces, la familia vivimos de luto y en medio de tensiones y hostigamientos.
Ahora, gracias al Informe llamado “Minería Canadiense en México: Blackfire Exploration y la Embajada de Canadá – Un Caso de Corrupción y Homicidio” de las organizaciones MiningWatch, Fronteras Comunes y United SteelWorkers (USW) de Canadá, fechado en mayo del 2013, nos damos cuenta que el gobierno canadiense, por medio de su embajada en México, lejos de procurar que sus empresas cumplan con normatividades ambientales, cumplan con las leyes mexicanas y con los derechos humanos, asesoraron y apoyaron a la empresa Blackfire para defenderse y salir impunes de todas estas violaciones e ilegalidades.
El gobierno canadiense, por medio de su Embajada, asesoró a la empresa para ver las formas de demandar económicamente al gobierno mexicano por el cierre de su empresa que violaba las leyes mexicanas, las leyes ambientales, que corrompía autoridades, que violaba derechos humanos y cuyos funcionarios amenazaban al pueblo de Chicomuselo con armas de fuego. La Embajada siempre tuvo conocimiento del conflicto y las irregularidades de la minera Blackfire. Mi esposo se entrevistó en esta misma banqueta en que ahora me encuentro con representantes de la Embajada para decirles lo que pasaba, y para manifestarles que su vida corría peligro. Pero no hicieron caso. Si el gobierno canadiense por medio de su Embajada hubiera intervenido a favor de la legalidad y los derechos humanos de sus empresas fuera de sus fronteras, mi esposo no estaría muerto. Por ello la Embajada y su representante son cómplices del asesinato de Mariano Abarca Roblero.
Hemos venido hasta aquí para manifestar nuestro repudio a los actos y omisiones del gobierno canadiense por medio de su Embajadora.
Venimos a exigirle que investigue y castigue a los autores intelectuales del asesinado de mi esposo Mariano Abarca Roblero, que paguen y restituyan el daño que hacen a los trabajadores mexicanos, al medio ambiente, a lo derechos humanos de los pueblos y las comunidades, a la salud y otras afectaciones que provocan sus empresas mineras. Queremos que abran sus puertas para escuchar el reclamo de los pueblos afectados por sus empresas mineras en lugar de encerrarse entre policías y candados.
Venimos a exigirle que acelere la investigación por corrupción que cometió la empresa y que se encuentra en los juzgados canadienses.
Enviamos un saludo a todas las luchas de México, de América Latina pero también de Canadá, contra los proyectos mineros que generan muerte y destrucción.
¡De Panamá a Canadá, la minería no va!
ATENTAMENTE,
FAMILIA ABARCA MONTEJO
Mirna Montejo (viuda), Uriel Abarca (hermano),
Mariano Abarca (hijo), José Luis Abarca (hijo)
