La familia que Berta Cáceres, Gustavo Castro, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), junto a los equipos legales del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Comité por la Libertad de Expresión (C-Libre) ante las recientes actuaciones del sistema de justicia hondureño comunicamos lo siguiente:
Desconocemos de manera rotunda las actuaciones de la sala primera del tribunal de sentencia que pretende excluir a las víctimas y sus representantes legales del primer juicio por el asesinato de la compañera Berta Cáceres y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro.
Denunciamos que el tribunal compuesto por Esther Carolina Flores, Anaim Orellana, Delia Villatoro y Jocelyn Donaire, está desarrollando una farsa. Todas sus actuaciones son ilegales mientras se encuentren recusados y deben ser anuladas. El juicio debe ser reiniciado y desarrollado con las garantías que corresponde.
Declaramos que no vamos a participar de la farsa en la que se ha convertido este proceso judicial y reivindicamos nuestra determinación de agotar todas las instancias y herramientas para que se garantice la participación efectiva y un juicio justo.
Las víctimas, junto a nuestros representantes legales hemos develado una férrea confabulación de todos los actores del sistema de justicia para evitar que se conozca la verdad en el crimen de Berta Cáceres y evitar que se lleve a la justicia a los autores intelectuales de su asesinato, quienes no están en este juicio.
Hemos develado la falta de acceso a la información, la falta de investigación del Ministerio Público, la destrucción y alteración de pruebas, la falta de voluntad de perseguir a los autores intelectuales, la falta de protección de los derechos de las víctimas e incluso de los acusados y por eso pretenden excluirnos.
Como represalia pretenden evitar la participación del juicio a la madre, hijas, hijo y hermanos de vida y lucha de Berta Cáceres y así mismo la participación de Gustavo Castro.
Las pruebas demuestran la participación en el crimen de los empleados de la empresa DESA; Sergio Rodríguez y Douglas Bustillo, así como de los militares Mariano Díaz y Henrry Hernández junto a un grupo de sicarios, pero el juicio contra ellos busca ocultar la verdad de quienes pagaron y ordenaron realmente el asesinato.
Se equivoca el Tribunal de Sentencia presidido por Esther Carolina Flores, así como de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, si piensan que pueden callarnos o inmovilizarnos en nuestra búsqueda de justicia. No descansaremos hasta que estén castigados todos los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres y del intento de asesinato de Gustavo Castro.
La comunidad internacional no debe avalar este atropello a la justicia. El Estado de Honduras tendrá que responder internacionalmente por sus faltas.
La sed de justicia es muy grande, sus resoluciones ilegales no la pararán.
Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 24 días del mes de octubre de 2018
Fuente: Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)
