Fuente: DiarioUchile
La minera Los Pelambres del Grupo Luksic ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de la región de Coquimbo un Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Infraestructura Complementaria por mil 100 millones de dólares. La compañía se sustenta en un acuerdo previo alcanzado con la comunidad de Salamanca, sin embargo, el tema genera diferencias entre habitantes del Valle del Choapa y parlamentarios de la zona, cuando están en pleno desarrollo de un proceso judicial contra la firma.
Como “un proyecto clave para recuperar los niveles de producción que tenía Pelambres” catalogó el gerente general de la firma Robert Mayne-Nicholls, esta nueva iniciativa de expansión por mil millones de dólares que incorpora dos nuevos molinos en Planta Chacay, lo que permitiría a la empresa “hacer frente a la mayor dureza del mineral”.
Además, la firma anunció la construcción de una planta desalinizadora en la localidad de Los Vilos y un sistema de impulsión que permita asegurar el suministro de agua industrial para la operación minera, incluso en condiciones de sequía. Con esto la compañía minera afirma hacerse cargo de uno de los compromisos asumidos con la comunidad de Salamanca en marzo de 2015, y sostiene que cualquier necesidad adicional de agua para la operación se abordaría con agua de mar.
De hecho, el proyecto afirma que “no contempla un aumento ni disminución del consumo de agua fresca desde las fuentes de abastecimiento actualmente aprobadas”. Pese a eso, la noticia no generó la aprobación en la zona.
La senadora del PPD por la región de Coquimbo, Adriana Muñoz señaló que “siempre las comunidades del Choapa han visto como una amenaza la instalación de la minera y sobre todo ahora la expansión. Ha habido toda una movilización para impedir la presentación de este estudio para ampliar la explotación, peor no lo han podido detener”.
La senadora recordó que el año pasado se registraron de intensas movilizaciones en Salamanca y Caimanes que dejaron heridos graves, y ante el disparo de perdigones, se constató la pérdida del ojo de uno de los dirigentes, entre otros conflictos.
En este proceso hubo diferencias entre ambas comunidades y la empresa llegó a un acuerdo con un grupo de la comunidad de Salamanca comprometiendo esta la planta desalinizadora, pero para un sector de ella, la planta no sería suficiente.
Otro elemento que genera diferencias es la promesa de la minera de generar nuevos puestos de trabajo. En este caso Pelambres afirma que, en esta fase, se considera la contratación de hasta tres mil 300 trabajadores, de los cuales se espera que al menos un 30 por ciento provenga de Los Vilos, Salamanca y del resto de la comunidades de la provincia del Choapa y de la región de Coquimbo. Para los dirigentes de Salamanca esto podría incidir en la aceptación de la planta por parte de algunos comuneros del sector.
La situación es distinta en Caimanes, donde se le ha hecho una fuerte oposición a la minera, pero donde la firma también ha planteado su deseo de expansión. Si bien aún no se ha confirmado, la dirigente Diana Araya advirtió que están “en alerta”.
“No sé la fecha, ni cuándo, ni si han pedido autorización, pero la minera ha expresado la intención de ampliar el tranque, lo que no sería más de 60 metros, pero para nosotros es mucho y nos preocupa porque la construcción ya es gigantesca, por lo tanto ampliar 60 metros más de manera vertical obviamente aumentaría el riesgo de que colapsara el tranque”, sostuvo.
Recordemos que en la localidad de Caimanes se ha desarrollado una fuerte disputa jurídica con la firma por el daño que podría producir el Tranque El Mauro, que fue declarado por la misma Corte Suprema como “peligroso”. Eso por varias razones: porque pone en riesgo el natural flujo de las aguas del Estero del Pupío, ante lo que ordenó devolverlas a su cauce natural y porque un eventual movimiento de tierra u otro tipo de catástrofe, podría generar el derrumbe del tranque y exponer a la comunidad aledaña, lo que podría costar vidas.
En ese sentido, el dirigente Cristián Flores, del Comité de Defensa de Caimanes, sostuvo que detrás de esta noticia hay una estrategia de la planta para seguir en el sector y evitar a toda costa la demolición del Tranque El Mauro: “Hacen aparecer que las comunidades están pidiendo a gritos la plata desalinizadora, pero detrás de eso está el fallo de la Corte Suprema. La empresa y las autoridades saben que la empresa no tienen ninguna posibilidad, ninguna, de reestablecer el libre escurrimiento de las aguas del estero del Pupío y que una de las salvaciones que la minera pudiera tener para evadir el fallo de la Corte Suprema es proponerle a la autoridad abastecer de agua potable y tirarle agua salada al río con la planta desalinizadora”.
Para Flores la idea de “proyecto de ampliación” se trata de “una farsa” porque esto no sería una sólo ampliación, sino una nueva mina, que justificaría también la ampliación del tranque y, por lo tanto, su continuidad ante un fallo adverso de la Corte.
Por lo mismo, el Máximo Tribunal decretó la necesidad de elaborar planes de contingencia, lo que la firma realizó, pero sin el proceso de participación requerido, lo que no dejó conforme a los dirigentes. En estos momentos la minera está intentando llegar a un acuerdo con los dirigentes de Caimanes, según sostuvo Flores, cancelando un pago de 28 millones lo que es fuertemente resistido por un grupo de ellos, quienes optan por mantener esta puga legal con la firma.
