Las diferentes formas en las que las multinacionales generan y se benefician de la crisis climática
4 février 2016- Las corporaciones multinacionales están expandiendo de manera implacable sus operaciones en regiones cada vez más vulnerables y remotas del planeta. Estas corporaciones impulsan la crisis climática y exacerban sus impactos. Son responsables de la crisis global que nos afecta a todos y llevan la destrucción ambiental y social a las comunidades locales en las que operan. Un legado adicional de la extracción de petróleo, la industria minera y sus proyectos mega-hidroeléctricos, es el deterioro de la capacidad de resiliencia de las comunidades, al igual que los impactos del cambio climático que ya comienzan a sentirse con mayor fuerza. Estas multinacionales son también el principal obstáculo para que se tomen acciones significativas frente al cambio climático, debido a que bloquean las regulaciones que se necesitan urgentemente y las soluciones genuinas que permitan una transformación real.
Estas corporaciones están ganando cada vez mayor acceso en los espacios donde se discuten políticas climáticas, tanto en el ámbito nacional como internacional, lo que les permite promover sus llamadas “soluciones”. Sin embargo, se trata de soluciones tecnológicas basadas en el mercado que no están dirigidas a enfrentar la crisis en absoluto. Por el contrario, permite que los mayores contaminantes del mundo se llenen los bolsillos con dinero público mientras continúan haciendo sus negocios. Por lo tanto, si vamos a trazar un camino diferente al que ahora recorremos, es crucial denunciar las conexiones entre las corporaciones y los espacios de toma de decisión sobre políticas climáticas, además de deslegitimar la posición que estas empresas tienen en los espacios de decisión.
Veinte años de negociaciones en conversaciones climáticas de la ONU (CMNUCC) no han logrado resolver la crisis. Esto se debe, en gran parte, a la captura corporativa de las políticas sobre clima en los gobiernos nacionales, pero también del proceso de la ONU a nivel internacional. El año 2014 los negociadores se reunirán en Perú, en el corazón de una de las regiones más vulnerables al cambio climático a nivel global y que ya es uno de los países más afectados por la crisis. En la Amazonía y en los Andes los bosques están siendo destruidos, los glaciares se están derritiendo y los patrones climáticos están cambiando a un ritmo alarmante. Las comunidades que viven en estas regiones están viendo cómo sus sistemas y medios naturales de subsistencia están siendo dañados de manera irreversible.
Al igual que la mayor parte de los países del Sur, la región está sujeta a una enorme presión económica y política que provienen de las corporaciones, gobiernos e instituciones multilaterales para expandir los proyectos mineros o de infraestructura energética, con todas las consecuencias que esto supone para las poblaciones locales.
En las siguientes páginas examinaremos las actividades de tres poderosas multinacionales europeas que actualmente operan en Perú y Colombia. Estos casos son emblemáticos porque muestran cómo las corporaciones provocan la crisis climática y utilizan su oscuro poder de influencia para obstruir políticas climáticas justas y efectivas, mientras se intensifican los conflictos sociales y ambientales en los lugares donde se asientan.
En el caso de Repsol, el gigante español de los combustibles fósiles, vemos cómo la incesante búsqueda de nuevas reservas de gas y petróleo en Perú, amenazan directamente a los territorios indígenas y bosques de la región, dejando destrucción social y ambiental a su paso. Al mismo tiempo, la compleja red de Repsol formado por grupos nacionales e internacionales de cabildeo al servicio de la industria, le han permitido sacar provecho de los mercados de carbono, mientras bloquean los esfuerzos para reducir las emisiones desde su origen.
El otro caso en Perú toca las operaciones de Glencore-Xstrata en Espinar, Cusco. La manipulación política le ha permitido a este conglomerado minero y de materias primas con sede en Suiza, expandir sus operaciones mineras de cobre en la región. Los escasos recursos hídricos de la zona, ya amenazados por
el cambio climático, están siendo contaminados con total impunidad. Al mismo tiempo, su red de grupos de presión en distintos niveles han promovido con éxito la adopción de políticas favorables a las corporaciones, que les ha servido para evadir cualquier tipo de obstáculos en su sucio modelo de negocios.
En Colombia, el consorcio con sede en Italia, Enel-Endesa, está tratando de hacer ver a una enorme represa hidroeléctrica como un proyecto de “energía limpia”, a través de su filial latinoamericana, Emgesa. Pero en lugar de beneficiar a la población local, la electricidad que se piensa producir está destinada a venderse a la industria sucia y a precios bajos. Destruyendo comunidades enteras, ríos y bosques protegidos, este es el tipo de falsas y muy convenientes respuestas a la crisis climática que empresas como Enel-Endesa impulsan. Al igual que en los otros casos, los esfuerzos de cabildeo de esta corporación están asegurando que las políticas climáticas beneficien a los principales impulsores del cambio climático y de la destrucción del medio ambiente.
Estas no son las únicas corporaciones multinacionales que impulsan el cambio climático con sus operaciones en América Latina, ni los únicos que erosionan la capacidad de resiliencia de las comunidades que enfrentan los impactos del cambio climático. Sin embargo, los casos destacados aquí – por su combinación en cuanto a destrucción ambiental y social, y la manipulación política encubierta en el ámbito nacional, regional e internacional – ofrecen una mirada escalofriante y alarmante de la realidad del juego entre el clima y el poder corporativo, donde sólo uno podrá prevalecer.
Un paso esencial para detener la crisis climática es asegurar que estos actores corporativos estén muy lejos de las mesas de negociaciones sobre clima. Y ya existe un precedente dentro de la Organización Mundial de la Salud (OMS), llamado Artículo 5.3. Este esfuerzo creó de manera efectiva una barrera de seguridad entre los grupos de presión del tabaco y los responsables de las políticas de salud pública, ante la evidencia que demuestra que los intereses de la industria tabacalera son incompatibles con los intereses de la salud pública. En ese sentido, existe también evidencia de que los intereses de los grandes contaminadores del planeta están en flagrante conflicto con los de la política climática – y las consecuencias de permitirles retener dicha influencia serán aún mucho más devastadoras en el futuro.
El Centro para la Democracia, el Observatorio Europeo de Corporaciones (CEO) y el Instituto Transnacional (TNI) presentan este informe como una contribución a los debates actuales que están fortaleciendo las luchas locales e internacionales en contra de la destrucción que provocan las corporaciones. Enfocándonos en los vínculos entre los conflictos locales y la captura corporativa de los espacios de decisión sobre política climática, esperamos visibilizar aún más el espacio común sobre el cual construir solidaridad internacional en la lucha por la justicia climática.
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