Publicado por Desinformémonos, el 9 de diciembre de 2024
Este 12 de diciembre la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitirá la sentencia del caso de Antonio González Méndez, Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) desaparecido el 18 de enero de 1999 en Sabanilla, Chiapas, por el grupo paramilitar Desarrollo Paz y Justicia que formó «el Estado mexicano para operar en la Zona Norte de Chiapas como parte de su política de contrainsurgencia», informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos, durante los años noventa el grupo paramilitar fue responsable de al menos 37 desapariciones y 85 ejecuciones, «todas ellas mantenidas en la impunidad», por lo que la sentencia de la Corte es «un hecho trascendental en la búsqueda de verdad y justicia».
«La sentencia que emitirá la Corte IDH no sólo es crucial para la familia de Antonio, que ha exigido incansablemente respuestas durante casi 26 años, sino también para todas las víctimas del terrorismo de Estado en Chiapas, perpetrado en el marco de la violencia política contrainsurgente en la que se cometieron crímenes de lesa humanidad como masacres, tortura sexual contra mujeres indígenas, desapariciones forzadas y desplazamientos forzados, ejecuciones extrajudiciales, entre otros», aseguró el Frayba en un comunicado.
La resolución de la Corte IDH, que se dará a conocer mediante una audiencia pública a las 11 horas del próximo jueves, supondrá la investigación de los responsables de la desaparición, la reparación integral de las víctimas y la búsqueda exhaustiva del luchador comunitario Antonio González y de todas las personas desaparecidas en este periodo.
A continuación el comunicado completo:
El próximo 12 de diciembre de 2024, a las 11:00 a.m., la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dará a conocer, mediante una audiencia pública, la sentencia del caso Antonio González Méndez vs. México, un hecho trascendental en la búsqueda de verdad y justicia por la desaparición forzada de Antonio González durante la estrategia de contrainsurgencia en Chiapas iniciada en los años noventa.
Antonio González, Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), fue desaparecido el 18 de enero de 1999 en Sabanilla, Chiapas, cuando se encontraba trabajando en la tienda cooperativa de su organización, “Arroyo Frío”. Los hechos fueron cometidos por el grupo paramilitar “Desarrollo Paz y Justicia”, formado por el Estado mexicano para operar en la Zona Norte de Chiapas como parte de su política de contrainsurgencia.
El Frayba documentó al menos 37 desapariciones y 85 ejecuciones cometidas por este grupo armado durante los años noventa, todas ellas mantenidas en la impunidad. Antonio González, defensor y luchador comunitario por la liberación de los pueblos originarios de los sistemas de opresión y discriminazación, fue desaparecido en este contexto, dejando un vacío irreparable en su familia y en su comunidad.
La sentencia que emitirá la Corte IDH no solo es crucial para la familia de Antonio, que ha exigido incansablemente respuestas durante casi 26 años, sino también para todas las víctimas del terrorismo de Estado en Chiapas, perpetrado en el marco de la violencia política contrainsurgente en la que se cometieron crímenes de lesa humanidad como masacres, tortura sexual contra mujeres indígenas, desapariciones forzadas y desplazamientos forzados, ejecuciones extrajudiciales, entre otros.
La resolución debe llevar a la investigación de los responsables, la reparación integral de las víctimas, así como a la búsqueda exhaustiva de Antonio González y todas las personas desaparecidas en este periodo.
Desde el Frayba, hacemos un llamado a la sociedad civil y a los medios de comunicación a mantenerse atentos a la lectura de esta sentencia, que será transmitida por la Corte Interamericana en sus redes sociales, y a acompañar a las víctimas en su legítima lucha por la verdad y la justicia.
Hoy más que nunca, la sentencia de la Corte IDH nos recuerda que la memoria es una herramienta esencial para construir una sociedad más justa, es necesario abrir caminos para una justicia verdadera, que rompa los pactos de impunidad, y las víctimas encuentren finalmente el reconocimiento y la reparación que merecen.
