El pasado 28 de noviembre, distintos sectores sociales, organizaciones sociales, y ciudadanos salieron a las calles a celebrar el fallo de inconstitucionalidad emitido por la Corte Suprema de Justicia, ante el contrato Ley Minero 406. Más de un mes de resistencia y lucha en las calles de distintos sectores, posicionó a los sectores sociales en contra del extractivismo minero, debido a una serie de consecuencias en materia económica, ambiental, de derechos humanos y de ingobernabilidad socioambiental, la cual pone en evidencia la falta de transparencia, la corrupción y el apego, de algunos representantes de gobierno vinculado a familiares con propósitos de negocio con la empresa Minera Cobre Panamá.
Esta empresa operó desde 1997 a través de un contrato ley en el cual no se dio una participación ciudadana, también con irregularidades del estudio de impacto ambiental.
En el 2018 la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo, en el cual declaraba también inconstitucional, sin embargo la empresa y gobierno central nunca cumplió con dicho fallo, la cual se convirtió en un desacato y quedó en acefalia.
La empresa Minera Panamá continuo exportando, explotando y operando en esta región del país,
específicamente en el corredor biológico mesoamericano, en donde también hay una rica biodiversidad y área protegida, así como una cultura comunitaria.
Este contrato minero 406 generó toda una movilización entre generaciones que no se veían desde el noriegato, en tiempo de la dictadura a finales de la década de los 80s. Una nueva lección se cumple en la vida de distintos panameños, en que la unidad y la lucha por la soberanía debe estar a la orden de una agenda colectiva a favor de las necesidades y soluciones de los problemas que tiene el país.
En el marco de esta lucha también, próximo a darse las elecciones en el 2024, el movimiento socioambiental y ciudadano han dejado bien claro que la partidocracia criolla en distintos momentos de gobierno no son de confiar, ni dar voto en la gobernabilidad ya que siempre se apropian de los bienes del Estado a favor de los negocios de los familiares vinculados al gobierno.
En una rueda de prensa el presidente de la república, Laurentino Cortizo manifestó que en las próximas horas espera la documentación formal de la Corte Suprema de Justicia para dar trámite y ser publicada en Gaceta Oficial el fallo de inconstitucionalidad. Igualmente la etapa de cierre de la empresa minera se dará en un procedimiento y tiempo en el cual lo estipula las normas del Estado panameño.
Por otro lado, los sectores indígenas ambientalistas de mujeres, de jóvenes, de trabajadores, ciudadanos independientes siguen conmemorando, celebrando esta gran victoria del pueblo panameño de liberarse de un enclave colonial minero, la cual aspira a una economía solidaria, ecológica y justa.
Declaraciones de Olmedo Carrasquilla, integrante del Colectivo Voces Ecológicas (COVEC)
