El pasado 7 de febrero, la represión a un piquete pacífico contra Ecopetrol en el municipio de Acacias, departamento del Meta, Colombia, se saldó con 25 detenciones y más de 30 heridos.
El piquete tenía lugar a los bordes de la carretera, alrededor de las instalaciones de la futura plataforma de extracción, con el objetivo de empujar a la compañía a responder a las reivindicaciones de la comunidad.
De hecho, el día anterior, durante un encuentro con los representantes de Ecopetrol y diferentes nivels de gobierno, la comunidad había expresado su desacuerdo con las condiciones del nuevo proyecto. Los representantes del municipio, del departamento y del ANLA (Agencia nacional de licencias ambientales) se retiraron del mismo y permitieron la continuidad del proyecto sin haber obtenido el aval de la comunidad.
El 7 de febrero, los miembros del Escuadron Móvil de Antidisturbios (ESMAD) respondieron al piquete con la utilización de la fuerza de forma desproporcionada. Quemaron los campos y las fincas alrededor del lugar (al punto de dañar las instalaciones de Ecopetrol) y persiguieron a los miembros de la comunidad que se refugiaban en San Isidro de Chichimene. El ESMAD irrumpió en las casas lanzando gas lacrimógeno, rompiendo vidrios y efectuando detenciones arbitrarias. En el puesto de la policía de Acacias, la policía impidió al abogado que quería representar a los detenidos, hacerlo sin la presencia de un representante del Ministerio público, lo que es ilegal.
Dos menores y dos personas mayores, trasferidos al hospital de Acacias, hacen parte de los heridos. Fueron detenidos también de forma ilegal, tres dirigentes del Consejo de la zona de influencia* que se encontraban de forma pacífica en el lugar.
Los negativos impactos ambientales y laborales estan en el origen de las reivindicaciones de parte de las comunidades de la zona de influencia del proyecto Ecopetrol. Pour un lado, por la enmienda de la ley 1636 en diciembre de 2013, las autoridades han impedido la participación activa de las Asociaciones laborales comunitarias que reivindicaban en el pasado el empleo de las comunidades locales por la industria petrolera. Por otro lado, estas comunidades han denunciado el no respeto, por Ecopetrol y las autoridades responsables , de los acuerdos establecidos anteriormente sobre interrupción, reparación y prevención de nuevos impactos que han deteriorado de forma significativa su calidad de vida. Entre estos impactos, la contaminación de las aguas subterráneas y de los ríos, la deforestación de las vías de acceso asi como los vertidos de petróleo bruto.
En una carta enviada el 20 de febrero, CDHAL exige de forma urgente :
- La interrupción por parte del ESMAD de la criminalización y la represión de la protesta social.
- El inicio de un proceso que permita condenar a los policías que han cometido abuso de autoridad en el ejercicio de sus funciones.
- La creación de un proceso de negociación entre Ecopetrol y las comunidades afectadas para responder a las reivindicaciones y a los derechos de estas.
- La protección de la vida y de la integridad de todos los dirigentes comunitarios de este territorio, en particular de los presidentes de los Consejos de Acción Comunal que sufren la represión por parte de Ecopetrol y del ESMAD.
*Las comunidades de esta región del municipio de Acacias han sido declaradas Zonas de influencia de la industria petrolera, lo que les permite exigir condiciones que les sean favorables. Estas demandas no han sido respetadas.
