(Guatemala City/Ottawa) Contrariamente a las afirmaciones de la empresa Tahoe Resources, decenas de miles de personas se oponen al proyecto Escobal, perteneciente a esta compañía, en el suroriente de Guatemala. Los intentos, tanto de la compañía como del gobierno, de instalar el proyecto sin apoyo social han resultado en represión y violencia. Una reciente decisión del alto tribunal en Guatemala reafirma la legitimidad e importancia de los procesos locales de toma de decisión.
Más de la mitad de las comunidades en el municipio de San Rafael las Flores, donde se ubica el proyecto Escobal, se han declarado en oposición a la mina. En cinco municipios aledaños en los departamentos de Santa Rosa y Jalapa, la mayoría de las decenas de miles de votos registrados en consultas comunitarias rechazan la mina. La votación más reciente se efectuó el 10 de noviembre en el municipio de Jalapa, departamento de Jalapa. Más de 23.000 personas votaron – el 98,3 por ciento votó en contra de la minería, mientras que el 1,7 por ciento votó a favor.
“Es altamente engañoso que el presidente de Tahoe Resources, Kevin McArthur, indique que el proyecto Escobal goza del apoyo de la comunidad, cuando tanta gente ha manifestado democráticamente su oposición. La Corte de Constitucionalidad ha indicado claramente que los plebiscitos son un importante indicador del sentir de las comunidades próximas a donde se ubica la mina y se deben respetar”, indicó Jackie McVicar, Coordinadora de la Red de Solidaridad Rompiendo el Silencio.
A principios de diciembre, la Corte de Constitucionalidad avaló la consulta comunitaria en el municipio de Mataquescuintla, Jalapa y negó la acción cuestionando la constitucionalidad de la consulta que había presentado una persona particular. La decisión reconoce la responsabilidad con que cuentan las autoridades municipales de convocar este tipo de votación y tomar decisiones de acuerdo a los resultados que éstas arrojen, y afirma su valor como “una adecuada forma de posibilitar el derecho de los pueblos a opinar y ser consultados sobre asuntos de su interés».
Pobladores que organizaron las consultas comunitarias se han enfrentado a represión y a acciones legales infundadas, en un intento de invalidar la oposición al proyecto. Durante los últimos catorce meses, decenas de comuneros se han visto involucrados en más de setenta tensos procesos legales, en los cuales la gran mayoría quedó absuelta de todo cargo.
La más reciente ofensiva hacia la oposición del proyecto Escobal ocurrió a fines de abril, unas pocas semanas luego de que se le otorgara a la empresa la licencia de explotación. Guardias de seguridad abrieron fuego en contra de un grupo que se manifestaba pacíficamente fuera de la propiedad de la empresa, dejando seis personas heridas, dos de ellas de gravedad. Quien fuera en ese momento jefe de seguridad permanece detenido a la espera del juicio. Alberto Rotondo ha sido ligado a proceso por lesiones leves y graves y por obstaculización de la investigación penal.
El 2 de mayo de 2013, pocos días después del ataque, el Estado de Guatemala declaró estado de sitio en cuatro municipios aledaños al proyecto minero y giró varias órdenes de captura. Entre los acusados y detenidos se encontraban dirigentes comunitarios clave. A fines de noviembre, un juez guatemalteco declaró que fue ilegal la captura de cinco personas y su privación de libertad durante casi siete meses. Poco después, las órdenes de captura que se habían girado para siete otras personas acusadas en el mismo caso quedaron sin efecto.
“No somos unos cuantos locos, como ha dicho el presidente, que se oponen a la mina, somos muchos departamentos; Xincas somos todos, es todo Guatemala… Pido a la mina San Rafael [la subsidiaria guatemalteca de Tahoe] de que por favor se retire de Guatemala, que nos está haciendo un gran daño a nuestras familias.” indicó Teresa Muñoz, dirigente comunitaria de Jalapa en rueda de prensa a principios de diciembre.
Las comunidades se oponen al proyecto Escobal debido a los impactos existentes y potenciales en las fuentes hídricas y en el bienestar de la comunidad. El Ministerio de Energía y Minas aprobó la licencia final de la empresa inmediatamente después de rechazar categóricamente los más de 250 recursos presentados en contra del proyecto de la empresa.
En julio, la Sala Primera de Apelaciones de Guatemala halló que el Ministerio de Energía y Minas no procedió correctamente en relación a uno de estos recursos. Los abogados de las comunidades afectadas estiman que la decisión de la Sala de Apelaciones pone la licencia de Tahoe en limbo. En noviembre continuaron las audiencias sobre este caso, durante las cuales se manifestaron cientos en oposición al proyecto.
En este momento, Tahoe es objeto de investigación por contaminación industrial de las fuentes hídricas próximas a la mina Escobal.
“Es devastador ver hasta qué punto Tahoe repite el patrón de comportamiento de su mayor inversionista, Goldcorp, cuya mina Marlin se construyó a pesar de la oposición y sin el consentimiento de las comunidades, llevando a conflictos y a una amplia oposición a la minería en todo Guatemala. En vez de avanzar a toda marcha y generar mayores disturbios, Tahoe debería empacar sus maletas y dejar a estas comunidades en paz”, indicó Jen Moore, Coordinadora del Programa de América Latina de Alerta Minera Canadá.
Contactos:
- Jen Moore, Alerta Minera Canadá, (613) 569-3439, jen(@)miningwatch.ca
- Jackie McVicar, Red de Solidaridad ‘Rompiendo el Silencio’, 011 (502) 4824-0637, btsguatemala(@)gmail.com
Por favor, mostrar su solidaridad con las comunidades afectadas por el proyecto Escobal de Tahoe y tomar acción con esta petición en línea acá (disponible solamente en inglés).
