La semana pasada, Panamá retiró su registro del controvertido proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, estableciendo un precedente bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de la ONU. Si bien esta decisión es un paso en la dirección correcta para la acción climática, hay que aprender lecciones para asegurar que los derechos de las comunidades locales en Panamá y en todo el mundo estén totalmente protegidos.
Después de años de controversias y desafíos de los indígenas Ngäbe y la comunidad internacional, Panamá retiró formalmente su apoyo a la registración del proyecto bajo el MDL, lo cual es efectivo desde la 92ª reunión de la Junta del MDL. Esto marca la primera vez que un país anfitrión ha retirado el registro de un proyecto de MDL y efectivamente impide que Barro Blanco emita bonos de carbono. Panamá alega que el documento de diseño del proyecto ya no corresponde a su actual evaluación de impacto ambiental.
“Damos la bienvenida a este movimiento sin precedentes y audaz por el gobierno panameño. Al desregistrar el proyecto Barro Blanco, Panamá ha enviado una fuerte señal a la CMNUCC de que las soluciones climáticas deben respetar los derechos humanos. Está claro que los estándares del MDL -que no han protegido a las comunidades Ngäbe- deben ser fortalecidos “, dice Alyssa Johl, fundadora del Climate Rights Collective.
Desde que se rompió tierra hace casi 10 años, las comunidades Ngäbe indígenas afectadas locales se han opuesto al proyecto ya que el embalse de la presa se espera que inunden hogares y sitios religiosos y culturales. El desarrollador del proyecto GENISA no consultó de manera adecuada ni obtuvo el consentimiento libre, previo e informado del pueblo Ngäbe antes de comenzar su implementación.
“Desafortunadamente, este retiro no tendrá un efecto directo sobre las comunidades afectadas que están siendo inundadas por el embalse de Barro Blanco. Esperamos que esta medida también cree un impulso para una resolución pacífica del conflicto. Llamamos al gobierno a vaciar el embalse por debajo de los límites de la comarca y a entablar conversaciones para encontrar una solución equitativa que involucre a todas las partes afectadas “, dice Osvaldo Jordán, director de Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD).
El MDL tiene un doble propósito: reducir las emisiones y promover el desarrollo sostenible en los países en desarrollo, presumiblemente mediante el fomento de inversiones que logren reducciones de emisiones que sean rentables y suplementarias a lo que hubiera ocurrido sin esas inversiones. Sin embargo, varios proyectos del MDL han carecido de integridad ambiental, no han contribuido al desarrollo sostenible y otros han tenido graves consecuencias sociales, ambientales y de derechos humanos.
“Pedimos a las Partes del CMNUCC que aprendan del proyecto Barro Blanco y que mejoren la consulta de las partes interesadas y desarrollar salvaguardas sociales y ambientales sólidas para los mecanismos de mercado futuros. Dichas salvaguardas ya están comunes en las instituciones financieras multilaterales”, dice Juliane Voigt, oficial de políticas de desarrollo sostenible de Carbon Market Watch.
El Acuerdo de París creó dos nuevas disposiciones sobre el mercado del carbono que deben aportar beneficios para el desarrollo sostenible. Los debates técnicos sobre más detalles de estas disposiciones están actualmente en negociación en la CP 22.
Contactos:
Juliane Voigt, Oficial de Política de Observación del Mercado de Carbono para el desarrollo sostenible
juliane.voigt@carbonmarketwatch.org
00 212 6 15 29 86 75
Osvaldo Jordán, Director de Alianza para la Conservación y el Desarrollo
osvaldojordanpanama@yahoo.com
00 507 6427 1339
Alyssa Johl, fundadora del Climate Rights Collective
alyssajohl@gmail.com
00 1 510 435 6892
Carta de petición de retiro: Aquí
