A cuatro meses del Gran Paro Nacional, la situación de derechos humanos en Colombia sigue crítica, principalmente por la continuidad de la violencia y la postura intransigente por parte del gobierno de Iván Duque frente a las reivindicaciones de la población. Recolectamos testimonios de personas militantes y defensoras de los derechos humanos para tener un panorama de la situación desde distintas partes del país.
El Comité por los derechos humanos en América Latina, CDHAL, habló con militantes, líderes y lideresas en Colombia sobre el actual contexto a cuatro meses del Gran Paro Nacional.
Cesar Santoyo, uno de los líderes del Colectivo de derechos humanos Orlando Fals Borda, quienes han recibido amenazas de manera sistemática, describe la gravedad de la violacion de derechos por parte del Gobierno en contra de quienes se han manifestado.
En el caso colombiano, particularmente, debemos reconocer que durante los últimos 4 meses ha venido desarrollándose una labor muy importante, incesante, en el territorio nacional; con una movilización, un estallido social muy importante y eso nos ha mostrado también una perspectiva de reconocimiento del país en alerta roja.
Un paro nacional que desafortunadamente ha tenido distintas situaciones muy graves. Entre ellas 87 personas que han sido asesinadas en el marco de estos tiempos, desde el 28 de abril hasta este momento. Hay 106 víctimas de violencias basadas en el género, al parecer, porque estamos seguros y seguras de que esta es una cifra sub registrada, está por debajo de lo que ha sucedido. 1905 personas heridas, 88 de ellas han perdido alguna capacidad ocular en alguno de sus ojos, o en ambos, 105 personas por armas de fuego. 326 personas que defienden los derechos humanos hemos sido agredidas en el marco de la protesta social y esto ha incidido negativamente también en el marco de la denuncia que hemos hecho como defensores y defensoras de derechos humanos.
De todas estas escabrosas cifras, el gobierno nacional ha hecho prácticamente caso omiso de las alertas y las denuncias que hemos realizado. Desafortunadamente, al momento actual, después de 84 días de protesta aproximadamente, hemos tenido también un debate incesante con ellos en perspectiva de las garantías necesarias para que el derecho a la protesta sea registrado, sea abrazado y sea garantizado por el Estado colombiano sin que esto se vuelva realidad en los territorios.
Al contrario, lo que se ha hecho es perseguir, criminalizar, estigmatizar a los defensores y defensoras, a las gentes movilizadas y al proceso social que encarna esta exigencia por cambios de estructura en el país. Ya no es solamente la reforma tributaria, ni otras reformas a la salud y a la educación que venían en ciernes por parte de este gobierno; sino también a la vida misma y a la integridad de la protesta social.
La organización Amnistía Internacional realizó “una verificación de material audiovisual, que da cuenta del uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de agentes de Policía Nacional, en particular, de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).
Este Escuadrón fue creado a finales de los años noventa con una disposición transitoria, con el objetivo de controlar disturbios y restablecer el orden público. Sin embargo, sigue en operación y es objeto de constantes denuncias por uso excesivo e innecesario de la fuerza en su intervención en protestas, dejando a su paso cientos de muertes violentas y graves lesiones a manifestantes, la mayoría permanecen en la impunidad.”
Amnistía Internacional centró también “la investigación en las violaciones a los derechos humanos en la ciudad de Cali por la dimensión de la crisis y la concentración de las denuncias. Cali es una ciudad conectada al Pacífico colombiano, una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado interno y que, en la actualidad, tiene reportes de proliferación de actores armados ilegales que continúan dejando miles de personas desplazadas y asesinadas.”
Iván Lòpez, militante del CPDH, Comité permanente de derechos humanos, del Valle del Cauca, nos explica que la represión y la criminalización del Estado colombiano ha sido más intensa en la ciudad de Cali.
El estallido social, o el contexto del paro cívico nacional que inició el 28 de abril. Digamos que el balance es bastante preocupante en un país que se vende como democracia, pero que de democracia no tiene nada, y de fascismo lo tiene todo.
Digamos que más o menos se han registrado 80 asesinatos, especialmente por jóvenes que se atrevieron a salir a las trincheras y a las barricadas a hacer sentir su inconformidad porque no creen en las instituciones. Están cansados de tanto manoseo y fueron miserablemente asesinados por el gobierno a través de sus organismos, llámese el Esmad o la policía o gente de civil que se hacen llamar de batas blancas, fundamentalmente o sea la modalidad del paramilitarismo urbano. De esos 80 asesinatos, 57 los registramos en Cali.
Cali ha sido el epicentro donde más caro hemos tenido que pagar el derecho a protestar. Eso lo debe saber la comunidad internacional. El secretario de seguridad de Cali es un coronel retirado del ejército, lo nombró el señor Alcalde y entonces pues nos lo impusieron ese secretario de seguridad que lleva ya buenos como unos 2 meses en ese cargo. El tipo anda empistolado en los operativos y anunció esta semana en un reporte que hizo a los medios de comunicación que tienen ya identificado 53 personas para ser capturadas de las primeras líneas. O sea, el tipo posa también de fiscal, de coronel, hace absolutamente de todo.
En esta ciudad, la llamada democracia brilla por su ausencia. Entonces ese señor, en el contexto del paro, hubieron unos CAI, o sea sitios donde estaba la policía, allí impartiendo algunas labores, pero la gente los destruyó enfurecida por la manera como el gobierno respondió a sus peticiones y los convirtieron en bibliotecas. Pues este señor el fin de semana se dedicó ya con su policía a bordo intimidando, volvió a restituir la presencia de la policía y jóvenes que tenían en sus manos solamente libros. Entonces los obligó a salir de ese lugar. De esa calaña es este sujeto del que estamos hablando. Tenemos en estos últimos 8 meses, 65 masacres. El domingo asesinaron, el domingo 8 de agosto asesinaron otros excombatientes de las FARC firmantes del proceso de paz, ya están casi 280 combatientes de lo que hace que firmó el proceso de paz.
Esto va para un segundo exterminio similar a los de la Unión Patriótica. Muy preocupante que en ese primer proceso de paz de las FARC se creó el movimiento político Unión patriótica, del cual soy integrante y más o menos 6000 compañeros nuestros fueron miserablemente muertos por las balas gubernamentales y los grupos paramilitares creados por el Estado. Muertes que están en la total impunidad y preocupa que al paso que vamos, 280 compañeros nuestros asesinados en este nuevo proceso de paz, parece que va a apuntar hacía lo mismo y llamamos la atención de manera urgente a la comunidad internacional para evitar este segundo holocausto.
El 30 de julio fueron capturados en Tuluá, que es la tercera ciudad en importancia del departamento del Valle del Cauca, fueron capturadas 17 personas de los municipios cercanos que más se caracterizaron por estar firmes de la protesta, fueron detenidos 17 personas y judicializados en Tuluá. Un juez de Tuluá, el 6 de agosto, les concedió la libertad porque la fiscalía no aportó ningún mérito que verdaderamente justificara su detención.
Pero en Vijes, otro municipio cerca del municipio de Yumbo, también estuvieron en la protesta y hay una persona judicializada desde junio y está condenado a dos años de cárcel, con amenazas de que lo pueden permutar a cambio de que le pague 500 millones de pesos a Cementos San Marcos, que es una empresa de cemento que está establecida en esa área, que por qué fueron afectados pues, por que fueron afectados por el paro. Esta es la situación de este compañero, una persona que ni siquiera estaba participando en el paro, pero fue cogida por la policía en su afán de mostrar sus positivos, sus falsos positivos, y esta es la situación dramática de él. Hemos tenido muchas personas lesionadas y el panorama es bien complicado porque van a seguir en las capturas, las judicializaciones.
De manera particular para Miyela Riascos, lideresa de diversas organizaciones afrodescendientes como la Fundación socio ambiental Amigos del río Anchicayá en la ciudad de Buenaventura, el puerto más importante de Colombia, la violencia en el territorio es constante y no se avizora una posible solución por parte del gobierno de Iván Duque, pero sí un llamado a seguir luchando por los derechos.
El pueblo de Buenaventura en este momento estamos en otro pico de violencia durísimo, coyuntural. Aquí están asesinando entre 3 y 5 personas diarias. Es muy triste porque en todos los barrios hay balaceras, hay reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, hay asesinato de jóvenes, amenazas, extorsión, esto es un caos. Y pues sabemos que también en todo esto están las bandas criminales, pero también está la influencia del narcotráfico transnacional, y los que mueven los poderes fuera del territorio de Buenaventura; es decir, en las grandes ciudades de Colombia, pero también fuera de este país, es decir en otros países.
Entonces sabemos que también obedece a ese interés que tienen para seguir haciendo ampliación portuaria aquí en Buenaventura y seguir implementando sus megaproyectos sin nosotros, sin el pueblo. Entonces ese es el resultado: caos, guerra, más violencia, abuso de autoridad, negación de derechos, asesinatos. Y eso pues, llega un momento en que cansa ya; porque es denunciar y parece que fuera ante paredes sin oídos.
Pero aquí estamos resistiendo como parte de este territorio, como parte de los hombres y las mujeres que hemos decidido no rendirnos y no lo vamos a hacer. Y por eso en medio de todo este descoyunto, en medio de todo este dolor, en medio de toda esta pena, nosotros seguimos construyendo y seguimos con esperanza; construyendo esperanza para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros bisnietos. Pero también para nosotros y nosotras mismas porque seguimos diciendo que el pueblo no se rinde ¡Carajo!
Para Alejandra Rodriguez, edilesa del sur de Bogotá, el Paro Nacional también produjo avances, gracias a la unidad de una inmensa cantidad de organizaciones de la sociedad civil.
Bueno, pues el proceso de movilización en Colombia digamos que ha venido pasando por diversas etapas. Un inicio de bastante movilización, de presencia de la gente en las calles, en espacios que se denominaron de resistencia, en los distintos puntos de las grandes ciudades del país. Un momento en el que también la movilización se empieza a dar en días icónicos, o alrededor de temas de vital importancia para el país. Por ejemplo, la última movilización que se presenta es el 20 de julio, porque no sólo es, digamos, una fecha que representa un elemento histórico en torno a la independencia, sino que también es el tema de instalación de las sesiones del Congreso de la República y con ellas todo lo que sería el lanzamiento de la nueva Reforma tributaria, sino más bien de la modificación de algunos puntos de la reforma tributaria que se han presentado con anterioridad y que fue uno de los puntos centrales de debacle para el proceso de movilización y del paro nacional.
También ha estado acompañada en ese proceso, un momento muy álgido de movilización social y de presencia en las calles, de vital importancia, también en procesos organizativos como las distintas asambleas que se han venido generando a nivel nacional y territorial. Entonces en Bogotá la Asamblea Bacatá, que tiene su segunda versión próximamente y la Asamblea Nacional Popular que también la última se realizó en la ciudad de Cali.
Entonces tiene el proceso de movilización, el proceso organizativo; y la otra arista que se presenta que va un poco de la mano el Comité Nacional de paro y que tiene que ver con la presentación de unas propuestas de acuerdos de ley que recogen los distintos puntos de los pliegos que se habían presentado.
Desde Canadá, reporta el Comité por los derechos humanos en América Latina, CDHAL.
CALI: EN EL EPICENTRO DE LA REPRESIÓN
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DURANTE EN EL PARO NACIONAL 2021 EN CALI, COLOMBIA
Amnistía Internacional
Escuche el podcast aquí
Para la versión del podcast en francés, haga click aquí
Fuente de la fotografía : Resumen Latinoamericano
