La empresa Montana Exploradora de Guatemala, subsidiaria de la empresa canadiense Goldcorp, inició en el año 2005 sus operaciones mineras en la región montañosa de San Marcos, al occidente de Guatemala. La mina está ubicada en una zona muy poblada. A pocos metros del proyecto minero se encuentra la comunidad de San Miguel Ixtahuacán. Desde su inicio, los trabajos mineros se han realizado sin el respaldo de las comunidades indígenas que habitan el territorio, violando su derecho al consentimiento libre, previo e informado, tal como está protegido por leyes internacionales con respecto a proyectos desarrollados en territorios indígenas.
Las actividades directas de la empresa minera, como las explosiones para quebrar la roca de la montaña, al igual que actividades indirectas, como el paso de unos 40 camiones al día, han provocado impactos negativos en el medio ambiente y en la salud de las personas.
Cuando inició el proyecto, los habitantes de la zona fueron presionados a vender sus terrenos dado que la empresa vino con el permiso del Ministerio de Energía y Minas (MEM) para iniciar la explotación. Desde el 2005, las comunidades afectadas han denunciado las violaciones a sus derechos, los impactos sobre su salud y la contaminación de las fuentes de agua. En las consultas comunitarias que se han hecho en las diferentes aldeas de Sipacapa, la mayoría de la población ha mostrado su rechazo a la minería de metales, y han propuesto proyectos de desarrollo sostenible.
También han surgido movimientos sociales de resistencia en contra de las violaciones de los derechos humanos cometidos por la empresa Montana Exploradora y es realmente preocupante que tanto lideres comunitarios como defensores de derechos humanos han sido victimas de amenazas y hostigamientos.
A través de esta carta (modelo de carta abajo), usted puede denunciar específicamente las agresiones que recibió la señora Teodora Antonia Hernández Cinto a causa de su oposición al proyecto minero, pedir a las autoridades de Guatemala que tomen medidas para proteger la vida de los miembros de las comunidades afectadas y apoyar el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el pasado 20 de mayo de 2010, emitió medidas cautelares para el gobierno guatemalteco, pidiéndole suspender las operaciones de la mina Marlin por contaminación del agua y efectos sobre la salud.
En el archivo PDF publicado en esta página puede ver la carta que enviamos a las autoridades guatemaltecas el pasado 20 de julio de 2010.
*** Modelo de carta para enviar ***
Estimados señores(as):
Por medio de la presente quiero expresar mi indignación por los hechos ocurridos en San Miguel Ixtahuacan, en donde fue agredida la señora Antonia Hernández Cinto a causa de su oposición al proyecto minero.
Hechos
De acuerdo a la información de la que dispongo hasta el momento, difundida por el CDHAL (Comité por los derechos humanos en América Latina) el pasado miércoles 7 de julio del presente año, alrededor de las 7:30 de la noche, en el caserío San José Nueva Esperanza, de la aldea Maquivil, en San Miguel Ixtahuacán, fue baleada la señora Teodora Antonia Hernández Cinto. Dos hombres desconocidos se presentaron en su casa pidiendo posada. Ante la negativa, quisieron comprarle una taza de café. Cuando doña Teodora les iba a entregar el café, le dispararon en la cabeza, más específicamente en el ojo derecho, herida que provocó una considerable pérdida de sangre. Luego de agredirla, los dos hombres se fueron corriendo en dirección de la aldea San José Ixcaniche. Doña Teodora fue trasladada al centro de salud de San Miguel Ixtahuacán, antes de ser trasladada al Hospital de San Marcos y luego al Hospital Roosevelt de la ciudad de Guatemala, para una operación. Por ahora, no es posible conocer las consecuencias derivadas del disparo.
Otro hecho que vale la pena mencionar es que ese mismo día, aproximadamente a las 11:30 de la noche, cuando las personas que habían llegado en solidaridad con la señora Teodora regresaron a su comunidad de Ágel, escucharon dos disparos de arma automática a unos 50 metros de sus casas.
Antecedentes
La señora Teodora Antonia Hernández Cinto es parte del movimiento de resistencia contra las violaciones de los derechos humanos cometidos por la empresa Montana Exploradora, subsidiaria de Goldcorp Inc., empresa canadiense, que explota el proyecto minero Marlin. Ha estado involucrada específicamente en su aldea de Sacmuj donde la empresa Goldcorp Inc. tiene fuertes intereses de exploración y los pobladores temen impactos en sus manantiales de agua, así como la violación a su derecho al consentimiento. Ha sido amenazada varias veces por su participación en este movimiento.
Desde el 2005, diferentes comunidades indígenas afectadas por la mina Marlin han denunciado las violaciones a sus derechos, impactos sobre su salud, la contaminación de las fuentes de agua y la disminución de sus libertades individuales. Un ejemplo de ello es la violación a su derecho al consentimiento libre, previo e informado, tal como está protegido por leyes internacionales con respeto a proyectos desarrollados en territorios indígenas.
Se suman a estos graves hechos, el aumento de las amenazas y hostigamientos que los miembros del Frente de Defensa Miguelense (FREDEMI) y otros defensores de derechos humanos han reportado desde la decisión del Estado de suspender las actividades de Marlin. Temen represalias de los trabajadores de la mina y de la empresa.
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El 20 de mayo pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), emitió medidas cautelares para el gobierno guatemalteco, pidiéndole suspender las operaciones de la mina Marlin, por contaminación del agua y efectos sobre la salud. También pide tomar medidas para proteger las vidas de los miembros de las comunidades afectadas de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa. Por su parte, el 23 de junio, el gobierno del presidente Colom anunció que acataría con las medidas y suspendería las operaciones mineras hasta que la CIDH falle sobre la denuncia hecha por las comunidades.
Demandas
Por lo anterior demando al Gobierno Nacional respuestas inmediatas frente a la reiterada violación a los derechos humanos y en particular sobre los lamentables hechos descritos en esta carta. Teniendo en cuenta la gravedad de la situación, les urgo:
• Llevar a cabo una investigación independiente, exhaustiva e imparcial en torno a las agresiones recibidas por Teodora Antonia Hernández, conforme a la denuncia presentada ante el Ministerio Público de San Marcos, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;
• Dictar las medidas necesarias para proteger y salvaguardar la integridad, la seguridad y la vida de los habitantes de las comunidades de las diferentes aldeas de San Miguel Ixtahuacán, así como de los defensores y organizaciones aliados al movimiento en contra de la explotación minera;
• Cumplir de forma completa las medidas cautelares otorgadas por la CIDH en los términos del artículo 25 de su Reglamento con el fin de garantizar la vida y la integridad personal de las Comunidades del pueblo maya (Sipakapense y Mam) de los Municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán en el Departamento de San Marcos.
• Cumplir con lo estipulado en relación a la manera en la que debe hacerse la explotación de recursos naturales en los territorios tradicionalmente habitados por las comunidades indígenas, en donde el Estado debe proteger su integridad social, cultural y económica, de acuerdo con los compromisos adquiridos por el país en diferentes tratados internacionales;
• Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona “individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos” (Art.1) así como en lo relativo al deber del Estado de garantizar “la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia o represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (Art.12.2)
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De igual manera, espero que las delegaciones de la Procuraduría de los derechos humanos (PDH) y de la Comisión Presidencial coordinadora de la política del ejecutivo en materia de Derechos humanos (COPREDEH) en el departamento de San Marcos, realicen y cumplan su función respectiva en base a los derechos del ciudadano, conforme a la ley vigente en el país, y de seguimiento a los casos que afectan a los defensores de derechos humanos.
Quedo pendiente de su respuesta escrita confirmando las medidas tomadas por el Estado de Guatemala frente a esta denuncia.
Atentamente,
ESCRIBA SU NOMBRE AQUI
*** Enviar a:
Lic. Álvaro Colom
Presidente de la República
cartapresidente@scspr.gob.gt
Dr. Sergio Fernando Morales Alvarado
Procurador de Derechos Humanos
gmasariegos@pdh.org.gt
opdhg@intelnet.net.gt
Lic. María Encarnación Mejía de Contreras
Fiscal General de la República
fiscalgeneral@mp.lex.gob.gt
MSc. Ruth del Valle
Presidenta de la Comisión Presidencial Coordinadora
de la Política del Ejecutivo en materia de
Derechos Humanos – COPREDEH
copredeh@copredeh.gob.gt
Fiscalía Distrital de San Marcos
fdsanmarcos@mp.gob.gt
Lic. Rudy Castillo Ramírez
Auxiliatura de la Procuraduría de Derechos Humanos
rudito4827@yahoo.es
ylooz1@yahoo.com
*** Con copia a:
Corte Interamericana de Derechos humanos
corteidh@corteidh.or.cr
Sr. Federico Urruela
Cónsul General de Guatemala en Montreal
consmontreal@minex.ob.gt
Sr. Georges de La Roche
Embajador de Guatemala En Canadá
embassy1@embaguate-canada.com
Rights Action
info@rightsaction.org
Comité pour les droits humains en Amérique Latine
solidared@cdhal.org
