La noticia recorrió la comunidad nativa de Nueva Alianza la mañana del 7 de julio. En este territorio ubicado sobre el Río Marañón, en la región amazónica de Loreto, al norte del Perú, se había producido una fuga en el oleoducto que atraviesa la comunidad.
Los pobladores se apiñaron en dos canoas para hacer el corto recorrido hasta el canal donde unos 50 años atrás se había tendido el oleoducto. Un hombre se adelantó al grupo, abriéndose paso a machetazos entre la crecida hierba y la maleza que desbordaban los contornos del canal, mientras los demás pobladores lo seguían. Pronto se hizo visible una mancha negra y el olor del petróleo impregnó la atmósfera.
Al rato llegaron trabajadores en un bote, con una barrera flotante para impedir que el petróleo se desplazara corriente abajo e ingresara al Río Marañón. La barrera provenía del lugar donde se había producido una fuga anterior, en el mes de enero, a pocos kilómetros de distancia en el trayecto del oleoducto que transporta el crudo desde la Amazonía hasta la costa del Océano Pacífico.
Dos miembros de la comunidad se colocaron trajes protectores y vadearon el canal, tanteando el ducto en busca de la grieta. Eventualmente encontraron una abertura de unos 20 centímetros de largo en un costado de la tubería, bajo el agua. El tajo, dijo uno de los hombres, había sido claramente hecho con una sierra.
Apenas unos días antes, en la comunidad vecina de Monterrico, alguien había hecho 32 cortes en el oleoducto, 26 de los cuales habían perforado el metal de la tubería. El 6 de julio, un supervisor del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) acudió a la zona para inspeccionar el daño, acompañado por líderes de la comunidad.
“Nos sentimos muy preocupados, muy dolidos por este acto vandálico que se ha hecho en nuestra jurisdicción, porque el canal de flotación desemboca en la quebrada del Patoyacu, y al frente en ambos lados vivimos nosotros”, dijo Segundo Rodríguez Macusi, el apu de la comunidad de Monterrico. “Esperamos que se dé la remediación y el lavado” del suelo afectado, agregó, y también pidió apoyo con agua segura, alimentos y medicinas.
Con ambos incidentes, llega a cinco el número de casos de vandalismo durante este año en el oleoducto en la parte baja del Río Marañón. Son los primeros que se producen tras una serie de incidentes similares en 2016, planteando cuestiones respecto a quién está detrás de estos actos y si Petroperú está dando los pasos necesarios para proteger el oleoducto.
¿Cambio de rumbo en la atención de los derrames?
En Monterrico, los líderes de la comunidad estaban preocupados por el arroyo que es la principal fuente de agua para su población. Ellos dijeron que, pese a las barreras colocadas para contener el derrame, han aparecido rastros de petróleo en la corriente y la gente tiene miedo de tomar el agua. La comunidad cuenta con algunos tanques para atrapar agua de lluvia pero no había llovido durante varios días.
Los gerentes de Petroperú, la empresa estatal que opera el oleoducto, afirmaron en Lima que los derrames fueron contenidos en las tuberías del canal y no afectaron el suministro de agua para las comunidades. Pero Patricia Tipian, Comisionada de la Adjuntía de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas en la Defensoría del Pueblo, señala que en caso de un derrame, las empresas tienen la responsabilidad de atender no solo los impactos ambientales sino también los sociales.
“Por un lado, la empresa dice que está contenido, que está dentro de esos canales de contención, no ha afectado el recurso de que se está abasteciendo las comunidades, pero también es cierto que cuando hay lluvias y alza del río, se han mostrado imágenes en las que el derrame no está contenido. Y lógicamente eso genera una preocupación, y creo que es una preocupación razonable”, dice.
La última vez que hubo múltiples casos de vandalismo contra el oleoducto en el bajo Marañón fue en 2016. Ese año se había iniciado con tres derrames —uno de ellos causado por corrosión, y dos por desplazamientos del terreno que causaron la rotura de la tubería. Esos derrames crearon cientos de puestos trabajo para limpieza en un área donde hay pocas oportunidades de empleo. A estos incidentes siguieron ocho derrames causados por vandalismo durante la segunda mitad del 2016.
Una comisión del Congreso de la República establecida en 2017 para investigar estos incidentes no pudo determinar quiénes habían sido los responsables por los cortes detectados en la tubería pero sugirió que el Ministerio Público investigase una posible colusión entre empleados de Petroperú a cargo de extender contratos y algunas empresas que habían ganado millones de soles por prestar servicios de limpieza, pese a no contar con experiencia previa en el manejo de derrames de petróleo.
La comisión criticó asimismo a Petroperú y a las agencias de fiscalización del gobierno por deficiencias en la operación, mantenimiento, inspección y supervisión del oleoducto, así como por el monitoreo de los impactos ambientales y de salud de los derrames. La comisión concluyó su informe en noviembre de 2017 pero este nunca fue publicado oficialmente porque no fue admitido a debate ante el Pleno del Congreso.
En 2017, Petroperú avisó que en casos de vandalismo, la empresa no involucraría a un contratista local en las tareas de limpieza y no contrataría mano de obra de la comunidad afectada. Durante los cuatro años siguientes no se produjeron más casos de vandalismo en el Bajo Marañón.
Sin embargo, un recambio de personal tras la toma de mando por parte del Presidente Pedro Castillo en 2021, conllevó un aparente cambio en esa política. En dos casos de vandalismo —uno en la región de Amazonas, el 31 de diciembre de 2021, y en Nueva Alianza el 15 de enero de 2022— la empresa contrató a empresas y trabajadores locales, según Petroperú y autoridades de las comunidades. Para el mes de julio, ya se habían producido otros cuatro derrames debido a cortes en el ducto en el Bajo Marañón.
Los representantes de Petroperú niegan que sus políticas de contratación hayan variado. Cecilia Quiroz, gerente del Departamento de Relaciones Comunitarias, indicó que las contrataciones locales son necesarias cuando se produce un derrame porque la ley estipula la implementación de una respuesta rápida. Sin embargo, la misma ley estaba vigente en 2017.
Beatriz Alva Hart, quien gerenciaba el Departamento de Relaciones Comunitarias de Petroperú en esa época e ideó la política para no extender contrataciones locales, dijo que el objetivo era evitar crear un incentivo perverso para infligir daños en la estructura. Según esta política, se podía reclutar a unos pocos trabajadores locales durante dos o tres días para contener un derrame pero los miembros de la comunidad afectada no serían contratados para las tareas de más largo aliento como recuperación de petróleo y limpieza, que requerían más mano de obra.
No hay responsables
Nadie ha sido acusado de los actos de vandalismo reportados. Félix Castro, titular de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), Sede Nauta, en el Bajo Marañón, indicó que su oficina carecía del personal y presupuesto para investigar. Y añadió que el caso se estancó cuando el fiscal que lo llevaba fue transferido y se perdió el archivo que contenía los nombres e información de contacto de los testigos, cuyo anonimato se había garantizado.
Quiroz fue cauta al señalar que Petroperú no acusa a las comunidades de cortar el oleoducto pero dijo que las dificultades económicas causadas por la pandemia y la falta de trabajo producidas por el retiro de las empresas petroleras de los dos mayores yacimientos de crudo en la Amazonía, constituyen factores que influyen en el vandalismo.
Mientras tanto, los líderes de las comunidades aprovechan cada derrame para presionar a las autoridades del gobierno para reunirse con ellos. Sus demandas por lo general incluyen la provisión de agua potable, asistencia alimentaria, atención de salud, mejoras en la infraestructura educativa, y empleos. La falta de agua potable resulta especialmente crítica en la mayoría de las comunidades amazónicas, donde ríos y arroyos son la fuente principal de este recurso para consumo humano. Virtualmente todas las fuentes de agua que han sido analizadas resultan inseguras debido a la presencia de contaminantes como metales o bacterias.
“Son por lo general poblaciones olvidadas que requieren una presencia del estado en torno a garantizar sus derechos a servicios básicos”, señala Tipian de la Defensoría del Pueblo. “Lógicamente, van a buscar que se atiendan frente a estos hechos que les ponen en una situación de mayor vulnerabilidad” por la pérdida de sus fuentes de agua para consumo humano o de la pesca, que es importante para la alimentación y también para generar ingresos.
Nuevo estudio concluye que el daño puede ser irreparable
Un nuevo estudio publicado en junio y realizado en el Lote 8, uno de los yacimientos petrolíferos más grandes y antiguos en la Amazonía peruana, resalta los riesgos de salud que implican 50 años de extracción de crudo. El estudio, financiado por el gobierno pero coordinado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), fue realizado como parte de un acuerdo entre el gobierno y cuatro federaciones indígenas en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón. Un estudio similar se llevó a cabo en 2018 en el Lote 192.
El estudio realizado en el Lote 8 ofrece un panorama muy sombrío de contaminantes que se han esparcido a través de los humedales inundados estacionalmente a lo largo de los ríos Corrientes y Chambira, y en la Reserva Nacional Pacaya-Samiria. La compleja hidrología de la región implica que el agua fluye en diferentes direcciones en distintos momentos durante el ciclo de inundación, posiblemente removiendo sustancias contaminantes que se han sedimentado o permeado la turba en los amplios pantanos de palma de la región.
Para Ismael Hernández,químico ambiental venezolano que coordinó la parte ambiental del estudio, una de las mayores sorpresas consistió en descubrir las distancias que recorrían las sustancias contaminantes —como metales provenientes del agua caliente y salada bombeada de los pozos junto con el petróleo crudo, y que durante décadas fueron simplemente desechados a los ríos y arroyos— desde los puntos en que se originaban.
La ecotoxicóloga estadounidense Diana Papoulias, quien también participó en el estudio, encontró peces con petróleo en sus branquias que, al ser destripados y fritos, olían a diésel. Esos peces, capturados en el Río Marañón, indicaban que la filtración de crudo se estaba extendiendo por los pantanos, o los peces estaban entrando y saliendo de un área contaminada, o ambas cosas, dijeron los investigadores.
El informe advierte que la polución es tan extendida que el saneamiento del daño puede ser imposible. La prioridad, indicó Hernández, debe ser proteger la salud humana primero, y luego tratar de restaurar los ecosistemas. Ello supondría declarar la prohibición en algunas áreas para actividades como cazar, pescar y recolectar frutos u otros alimentos, mientras los ecosistemas se recuperan lentamente.
“Tendría que ser un programa de largo plazo. Esos cambios suelen ser muy lentos”, dijo Hernández. También requeriría una inversión para el monitoreo periódico del agua, suelo, sedimentos, peces y otros alimentos, añadió.
El nivel de contaminación y el hecho de que las áreas contaminadas hayan estado desatendidas o que hayan sido descontaminadas empleando técnicas deficientes, dijo Papoulias, también son muestra de que tanto las compañías que han operado el lote como las agencias supervisoras del estado han incumplido con proteger el medio ambiente y la salud humana.
“Esencialmente, el asunto es que en el Lote 8 nunca se hizo trabajo de descontaminación”, señaló Papoulias, añadiendo que la remota ubicación de las áreas contaminadas ha funcionado para las compañías como “una especie de ‘tarjeta para librarse de ir a la cárcel’”.
Para Tipian, de la Defensoría del Pueblo, la exposición a contaminantes provenientes del último medio siglo de operaciones petroleras incrementa la vulnerabilidad de las comunidades indígenas de la Amazonía que también sufren por la falta de servicios públicos básicos como agua, saneamiento y atención de salud.
Aunque resulta difícil salvaguardar el oleoducto de actos de sabotaje, dijo Tipian, Petroperú es responsable de colocar las tuberías fuera del alcance de vándalos, ya sea enterrándolas o tomando otras medidas de protección, como la instalación de detectores de movimiento o asegurando el patrullaje periódico.
Sugiere que la empresa busque la colaboración de la población local para encontrar maneras de proteger el oleoducto u otra infraestructura.
“Hay necesidad de presencia del estado, pero también de que las empresas asuman con responsabilidad los impactos que se puedan generar por derrames, ya sea por propia causa o por causa de terceros, porque finalmente, quien está realizando la actividad hidrocarburífera, quien se está beneficiando de esta actividad, es la empresa, ya sea estatal o privada, y son quienes deben de responder ante este tipo de impacto, y también contribuir a encontrar medidas para prevenir este tipo de cortes”, concluye Tipian de la Defensoría del Pueblo.
